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El recién reelecto congresista del Pacto Histórico, David Racero, habrían entregado testimonios falsos al Consejo de Estado en medio del proceso que buscaba su muerte política en ese alto tribunal. Eso sostiene una carta enviada a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investiga al ahora senador por el llamado caso Fruver, en el que se adelantan pesquisas para determinar si Racero usó a trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para que trabajaran en un Fruver y otros negocios de su familia, mientras se les pagaba con recursos públicos.
De acuerdo con el Reporte Coronell, al despacho del magistrado César Augusto Reyes llegó la misiva en la que una persona ofrece hacer una manifestación voluntaria sobre las conductas del político de Pacto. En esa carta se señala que Racero y el miembro de su UTL, John Leonardo García, mintieron, bajo juramento, ante el Consejo de Estado.
Ante el alto tribunal, ambos negaron que García hubiera trabajado en el supermercado Fruver de Racero mientras era pagado con fondos públicos. Asimismo, negaron que él fuera conductor del entonces representante a la Cámara.
Esa carta que llegó a la Corte Suprema también ofrecía entregar 17 comunicaciones de WhatsApp en donde, supuestamente, quedaba en evidencia que “el señor John Leonardo García manejaba los carros del representante David Racero y de su familia, así como un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en algunas ocasiones en compañía de un escolta identificado en esa carta. Lo llevaba, lo traía y lo recogía cuando llegaba de viaje”, según Coronell.
Después de recibir la carta, el alto tribunal escuchó a su remitente, escuchó los audios y leyó los mensajes que darían cuenta de que John Leonardo García sí trabajó trabajó en el Fruver de Racero, mientras era pagado con dineros públicos. En una de las comunicaciones entre Racero y García, el conductor, al parecer, le pide instrucciones sobre el manejo del Fruver. Asimismo, aparentemente, Racero le da órdenes destinadas a surtir el negocio.
Según el periodista, “la persona que declara también tiene pruebas de la existencia de pagos por parte de miembros de la UTL de gastos personales y familiares de David Racero”. Según el testimonio entregado recientemente a la Corte por quien envió la carta, en varias ocasiones, los asesores legislativos de Racero hicieron pagos de víveres a un establecimiento comercial que entregó dichos suministros en la vivienda del político.
Según la denuncia, existen comunicaciones que darían cuenta de que miembros de su UTL pagaban la tarjeta de crédito del exrepresentante a la Cámara, cubrían sus algunas de sus obligaciones económicas, transferían dineros a familiares de Racero, entre ellos su padre, y pagaban cuentas domésticas del político.
El caso en el Consejo de Estado
El pasado 11 de febrero, el Consejo de Estado negó la petición que buscaba la pérdida de investidura de David Racero por, supuestamente, usar a miembros de su UTL para que trabajaran en un Fruver, negocio de su familia. Para ese alto tribunal “no se probó -libre de toda duda- la indebida destinación de dineros públicos, puesto que los medios de prueba que obran en el proceso no revisten la suficiente entidad y convicción para generar la evidencia y certeza necesaria”.
Sin embargo, la decisión fue apelada por los demandantes, quienes, dentro de otras cosas, pidieron que sea escuchada la misma persona que declaró en la Corte Suprema de Justicia. También, que se cotejen las voces de Racero y su empleado con los audios entregados recientemente por esta misma persona.
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