Declaran de lesa humanidad el crimen de la periodista Silvia Duzán

Mañana, 26 de febrero se cumplen 30 años del homicidio de la periodista Silvia Duzán. Y este martes, a un día del funesto aniversario, el fiscal 40 de derechos humanos declaró el crimen como de lesa humanidad, evitando así su prescripción. La comunicadora, hermana de la columnista de Semana, María Jimena Duzán, se encontraba en el Magdalena Medio realizando un documental para Channel 4 del Reino Unido sobre la resistencia de la organización Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), cuando fue asesinada.

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Con este determinación, la Fiscalía deberá seguir en la investigación de los responsables del crimen. A través de su cuenta de Twitter, la Fundación para la Libertad de Prensa, que ha acompañado el litigio por la muerte de Duzán dio a conocer esta decisión, así: “La FLIP reconoce esta decisión como un avance en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, exige que la Fiscalía adelante la investigación bajo los estándares de debida diligencia para dar con los responsables y así impartir justicia”. Además del crimen de Duzán, fueron declarados de lesa humanidad las muertes de los tres líderes campesinos con los que se encontraba reunida en Cimitarra (Santander) cuando las balas la alcanzaron.

Para concluir que se trató de un crimen de lesa humanidad, la Fiscalía detalló en un documento de 21 páginas, en poder de este diario, tres elementos: el contexto de violencia en el que se dieron los hechos, lo que significó la muerte de los cuatro —una periodista y tres líderes campesinos— en términos de libertad de expresión y de asociación, y, por último, una perspectiva más técnica de cómo desde el derecho penal esta figura es aplicable al caso.

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En el contexto del asesinato se detalla cómo “la dinámica y las formas de violencia en esa zona, son la irradiación en la esfera regional, de un fenómeno complejo que tenía lugar en el país”. En medio del fuego cruzado que ha reinado por décadas el Magdalena Medio, diversas organizaciones lideraron, por ejemplo, un proyecto con el que se buscaba crear una provincia Carare, para mayor autonomía de la región. Y, puntualmente ATCC “inició un proceso de resistencia civil con la que se logró un pacto con los grupos armados de respeto a sus derechos”.

Para retratar todo lo ocurrido en esta subregión del país y cómo, en medio de la guerra, los campesinos resistían y llevaban un mensaje de paz, fue que llegó Duzán en 1990 a Cimitarra. Así, la Fiscalía concluyó que su homicidio generó un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión en Colomba, por el triple efecto que tiene el homicidio de un periodista: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas; genera un efecto de silencio y miedo en los colegas de la víctima; y, por último, viola los derechos colectivos a buscar y recibir información.

(Lea también: En Colombia han asesinado a 153 periodistas)

Por otro lado, el ente investigador concluyó que el asesinato de los líderes campesinos que la acompañaban, Miguel Ángel Baraja, Saúl Castañeda y Josué Vargas, también genera efectos perversos sobre el derecho a la libre asociación. Según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, “la ejecución de un líder sindical en razón de su militancia y sus críticas al gobierno, por un lado, viola la libertad de asociación de la propia víctima y, por otro, restringe la libertad de determinadas personas para asociarse libremente, sin miedo ni temor”.

Mañana, 26 de febrero se cumplen 30 años del homicidio de la periodista Silvia Duzán. Y este martes, a un día del funesto aniversario, el fiscal 40 de derechos humanos declaró el crimen como de lesa humanidad, evitando así su prescripción. La comunicadora, hermana de la columnista de Semana, María Jimena Duzán, se encontraba en el Magdalena Medio realizando un documental para Channel 4 del Reino Unido sobre la resistencia de la organización Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), cuando fue asesinada.

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Con este determinación, la Fiscalía deberá seguir en la investigación de los responsables del crimen. A través de su cuenta de Twitter, la Fundación para la Libertad de Prensa, que ha acompañado el litigio por la muerte de Duzán dio a conocer esta decisión, así: “La FLIP reconoce esta decisión como un avance en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, exige que la Fiscalía adelante la investigación bajo los estándares de debida diligencia para dar con los responsables y así impartir justicia”. Además del crimen de Duzán, fueron declarados de lesa humanidad las muertes de los tres líderes campesinos con los que se encontraba reunida en Cimitarra (Santander) cuando las balas la alcanzaron.

Para concluir que se trató de un crimen de lesa humanidad, la Fiscalía detalló en un documento de 21 páginas, en poder de este diario, tres elementos: el contexto de violencia en el que se dieron los hechos, lo que significó la muerte de los cuatro —una periodista y tres líderes campesinos— en términos de libertad de expresión y de asociación, y, por último, una perspectiva más técnica de cómo desde el derecho penal esta figura es aplicable al caso.

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En el contexto del asesinato se detalla cómo “la dinámica y las formas de violencia en esa zona, son la irradiación en la esfera regional, de un fenómeno complejo que tenía lugar en el país”. En medio del fuego cruzado que ha reinado por décadas el Magdalena Medio, diversas organizaciones lideraron, por ejemplo, un proyecto con el que se buscaba crear una provincia Carare, para mayor autonomía de la región. Y, puntualmente ATCC “inició un proceso de resistencia civil con la que se logró un pacto con los grupos armados de respeto a sus derechos”.

Para retratar todo lo ocurrido en esta subregión del país y cómo, en medio de la guerra, los campesinos resistían y llevaban un mensaje de paz, fue que llegó Duzán en 1990 a Cimitarra. Así, la Fiscalía concluyó que su homicidio generó un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión en Colomba, por el triple efecto que tiene el homicidio de un periodista: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas; genera un efecto de silencio y miedo en los colegas de la víctima; y, por último, viola los derechos colectivos a buscar y recibir información.

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Por otro lado, el ente investigador concluyó que el asesinato de los líderes campesinos que la acompañaban, Miguel Ángel Baraja, Saúl Castañeda y Josué Vargas, también genera efectos perversos sobre el derecho a la libre asociación. Según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, “la ejecución de un líder sindical en razón de su militancia y sus críticas al gobierno, por un lado, viola la libertad de asociación de la propia víctima y, por otro, restringe la libertad de determinadas personas para asociarse libremente, sin miedo ni temor”.