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La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares, con fines de extinción del derecho de dominio o de propiedad, sobre siete inmuebles en el Norte de Santander, que incluyen bienes de pesos pesados de la política del departamento.
Los bienes pertenecen a políticos investigados por irregularidades en la celebración, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de materiales relacionados con piedra, donde se detectó un posible detrimento patrimonial por más de $3.700 millones.
Estos bienes, evaluados en $3.390 millones, habrían sido producto directo e indirecto de estas actividades ilícitas y pertenecerían al senador Édgar de Jesús Díaz Contreras, al gobernador nortesantandereano William Villamizar Laguado y al contratista Pedro Antonio Silva Ruíz.
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Los hechos habrían ocurrido en 2009, cuando Villamizar Laguado ejercía por primera vez el cargo de mandatario departamental, y se extendieron hasta el 2012, cuando Díaz Contreras se desempeñaba como gobernador de Norte de Santander.
Los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander).
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