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Un interno de la cárcel La Picaleña, quien prestó su voz para el especial de El Espectador ‘Covid 19 en las cárceles’, cuenta que durante la pandemia ha resistido en un ambiente deplorable, pues comparte una celda del tamaño de un baño público con seis internos más. Asegura que, incluso, comer es todo un desafío, dado que el inodoro del pequeño espacio queda a solo un metro del lugar donde reciben las porciones que les entrega el centro de reclusión. Este es un caso que puede describir la situación en las cárceles del país, que antes de la pandemia por el nuevo coronavirus presentaban un hacinamiento total del 55%.
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Ahora, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la cifra de sobrepoblación en las cárceles se redujo del 55 % al 19,9%. De acuerdo con estadísticas de la institución, antes de que el Covid-19 entrara a las cárceles, más de 124.000 personas compartían el espacio que estaba destinado solo para 80.000, dentro de los 132 establecimientos a cargo del Inpec. “Haciendo caso a lo que ha dispuesto la Corte Constitucional, hemos logrado bajar el hacinamiento. Esto se traduce en todas las labores que hemos venido haciendo, recorriendo las cárceles y persuadiendo a los jueces y fiscales de nuestro país”, expresó Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del Derecho.
Según el Inpec, la reducción en la sobrepoblación de las cárceles se debe a dos estrategias fundamentales: primero, la expedición del decreto 546 del 14 de abril de 2020, cuyo objetivo es sustituir la pena privativa carcelaria con pena privativa en casa, para internos que cumplan con ciertos requisitos -por ejemplo, que tengan enfermedades graves o hayan cumplido el 40% de su condena-; y segundo, la aplicación de medidas ordinarias, como el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena impuesta. “Un gran porcentaje de privados de la libertad se vieron beneficiados con las medidas otorgadas por los jueces de ejecución de penas como prisión domiciliaria o su libertad”, asegura el Inpec.
La respuesta a un derecho de petición elevado por este diario al Inpec evidencia que la aplicación del decreto 546 de 2020 tuvo una baja incidencia en esa reducción de 35 puntos porcentuales del hacinamiento que hoy se reporta. La razón de ello, es que entre marzo y noviembre, fueron apenas 1151 internos los que salieron de las prisiones por virtud de la normativa expedida por el Gobierno por la emergencia carcelaria que se declaró por la pandemia. De ellos, 1075 fueron hombres y 76 mujeres. Los demás, casi 15.000 personas, habrían salido por mecanismos ordinarios que ya existían antes de la pandemia o por haber cumplido la pena que estaban pagando.
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“El hacinamiento va a volver a dispararse, yo no tengo duda de eso. Ahora es una circunstancia muy excepcional. El Gobierno no debería sacar mucho pecho, como si fuera un gran logro de él que se haya reducido el hacinamiento, porque el decreto de emergencia está más que demostrado fue totalmente ineficaz, la misma ministra de Justicia (Margarita Cabello) en ese entonces decía que ellos calculaban que deberían salir unas 4.000 personas con el decreto, que ya de por sí es una cifra bastante limitada para mejorar la situación de hacinamiento en las cárceles”, aseguró Manuel Iturralde, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes.
Ahora bien, si los resultados del decreto 546 de 2020 son escasos a gran escala, para las mujeres la relevancia fue mínima. Actualmente, en el país hay alrededor de 6800 internas en las cárceles y, según cifras del Inpec, menos de 100 mujeres salieron de sus centros de reclusión durante la pandemia por virtud de esa normativa. “No cobijó a las mujeres. En el decreto hay un artículo con más de 100 delitos excluidos. Los delitos por los que más están las mujeres en prisión son por hurto y delitos relacionados por drogas, que no son delitos violentos, y estos dos delitos fueron excluidos en este decreto”, explicó en diálogo con El Espectador Claudia Cardona, psicóloga en la organización protectora de derechos humanos Corporación Humanas.
Según datos del Inpec, de las casi 6.800 recluidas, 3.200 están dentro por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. De entrada, el decreto 546 de 2020 le cerró la puerta a alrededor del 45% de las mujeres que están en las cárceles del país y, tras su implementación, menos del 2% se benefició. En contraste el brigadier general Norberto Mujica, director del Inpec, asegura que las cifras son excelentes y que seguirá trabajando para que bajen mucho más. “Lo importante frente a esto es la humanización de la pena, aquí somos claros que con los establecimientos libres de hacinamiento vamos a poder mejorar el proceso de resocialización”, expresó.
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Deshacinar las cárceles es una ardua tarea, exigida con urgencia en tres ocasiones por la Corte Constitucional. En 1998, 2013 y 2015, la alta corte declaró el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos, pues, en su concepto, allí la mayoría de derechos de la Carta Magna se quiebran. Según el doctor en economía Santiago Tobón, en un informe sobre los índices de reincidencia carcelaria en Colombia, hay un 36% menos probabilidades de que una persona vuelva a prisión, si paga su condena en establecimientos con mejores condiciones. Entre las circunstancias que entraron en el informe del profesor Tobón está la sobrepoblación, que desde 1998 se triplicó en Colombia -de 44.000 a 124.000-. Ahora, el reto de Inpec se mantener los índices que presentó recientemente y, en la medida de los posible, reducirlos aún más.
