El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Tras la decisión, el abogado Alejandro Carranza, defensor de Bonilla, criticó el proceso judicial y la gestión de la Fiscalía.
Precisamente, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió una solicitud presentada por el abogado Carranza para otorgar libertad al exministro Bonilla. Acto seguido, la Fiscalía, las víctimas, la Contraloría y el Instituto Nacional de Vías apelaron la decisión.
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Según explicó el ente investigador, al tratarse de delitos contra la administración pública, cuenta con un doble plazo para la presentación del escrito de acusación. Es decir, el término con el que cuenta el ente investigador, que normalmente es de 120 días, se amplía hasta 240 días, por lo que este podía presentarse hasta el próximo 16 de abril.
Sin embargo, en entrevista con Blu Radio, el abogado Carranza señaló que la Fiscalía dejó abierta una ventana judicial. “La Fiscalía tenía 120 días para radicar el escrito acusación contado desde el primero de diciembre... Fue una pequeña ventana en la que se abrió ese espacio y por eso la magistrada ordenó la libertad”, dijo y añadió que el ente investigador está usando el proceso judicial para hacer política en época electoral.
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El abogado también resaltó que la medida de aseguramiento que le impusieron a Bonilla fue desproporcionada debido a su edad y estado de salud. “Intentan criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones y atacar la reforma laboral”, agregó.
En este contexto, pese a que Bonilla hoy está libre, tendrá que ir a juicio. Al respecto, el abogado Carranza señaló que tienen pruebas par desvirtuar la hipótesis de la Fiscalía. “Nosotros también tenemos evidencias... para poder decir y señalar con toda la claridad que las actividades de un ministro no se pueden criminalizar”, dijo.
En la imputación, realizada el 1 de diciembre de 2025, la Fiscalía señaló que Bonilla, así como el exministro Luis Fernando Velasco, habrían comprometido la entrega de 74 proyectos del Invías por COP 571.000 millones y cinco proyectos más en la Ungrd por más de COP 40.000 millones. Esos contratos, que sumaban más de COP 612.000 millones, estaban dirigidos a congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado; las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes; y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIPC).
Sobre este asunto, el abogado Carranza también señaló que hay una red de mentiras tejida por los testigos de la Fiscalía para favorecer a otros involucrados. Los congresistas investigados por el escándalo de corrupción, y que enfrentarán el juicio en libertad, son: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador Colombiano), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal Colombiano) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
Por otro lado, el pasado 11 de marzo, la Fiscalía ordenó la captura inmediata del congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador, y de la congresista Karen Manrique, de las curules de paz. Ambos ya se encuentran privados de la libertad.
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