9 Sep 2021 - 9:21 p. m.

Defensa de Uribe pide limitar a una persona la representación de las víctimas

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente de Álvaro Uribe, señala que la intervención de varios representantes de víctimas no es un escenario jurídico igualitario. El abogado de Iván Cepeda dice que esta solicitud desconoce el derecho que tienen las víctimas de controvertir los argumentos presentados por la Fiscalía para precluir el caso.

El próximo 4 de octubre se reanudará la audiencia de solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, quien es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Ese día se espera que los representantes de víctimas, entre ellos, el abogado del senador Iván Cepeda expongan sus argumentos de por qué el caso debe continuar. Mientras ese día llega, el abogado Jaime Gradados, defensor del expresidente, envió un documento de 23 páginas a la jueza del caso en el que solicita que solo sea una persona la que intervenga como representante de víctimas en las audiencias.

El abogado Granados argumenta que “la Corte Constitucional ha indicado que la restricción a la participación de las víctimas es más intensa en el juicio oral (etapa a la que no ha llegado el proceso de Uribe) debido su naturaleza estrictamente adversarial. Por ello, la intervención de manera directa en juicio implicaría una modificación de los rasgos estructurales del sistema acusatorio en lo concerniente al principio de igualdad de armas, convirtiéndola en un segundo acusador en desmedro del carácter adversarial entre Fiscalía e imputado. En ese orden de ideas, es claro que para garantizar que el ejercicio de los derechos de las víctimas no genere escenarios disfuncionales, un criterio esencial a tener en cuenta es, precisamente, el de la igualdad de armas”.

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Uribe está formalmente imputado porque presuntamente intentó, a través de terceros, torcer testigos a su favor en procesos asociados al paramilitarismo en Antioquia. Esa era la hipótesis de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó medida de aseguramiento contra Uribe en agosto del año pasado. Luego de que renunciara a su curul en el Senado, el expediente aterrizó en la justicia ordinaria, bajo la investigación del fiscal Jaimes. Tras diversos pleitos procesales, en los cuales Uribe quedó libre, pero imputado por dos delitos, la Fiscalía anunció que sería inocente y pidió audiencia para sustentar su posición.

Mientras la defensa de Granados solicita pide reducir los intervinientes de víctimas, el abogado de Cepeda también envió un documento al juez del caso sobre este pedido del equipo jurídico del expresidente. “No permitir ala víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la impunidad. En efecto, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido con la preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal, y controvertir de manera efectiva de sus decisiones”, dice el abogado Reynaldo Villalba, abogado de Cepeda.

El abogado también señaló que esta solicitud del abogado de Uribe desconoce el derecho que tienen las víctimas de controvertir los argumentos presentados por la Fiscalía, “lo que deviene en un desconocimiento absoluto de su derecho a controvertir de manera plena e integral los fundamentos a alegaciones de la Fiscalía, la solicitante de la preclusión. Es más, se correría el riesgo, que aspectos centrales de los argumentos de la Fiscalía se queden si n la posibilidad de ser controvertidos, por no quedar eventualmente enmarcados en lo que atañe de “manera directa a cada víctima”.

En agosto pasado, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, argumentó durante seis audiencias virtuales porqué, luego de sus avances investigativos, el exmandatario es inocente de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Al final, Jaimes aseguró que no tiene, ni tendrá, sustento para llevar a Uribe a juicio y, además, pidió compulsar copias para que se investigue al senador Iván Cepeda, víctima en el expediente.

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Fue luego de esta extensa intervención de la Fiscalía, el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, considerado como víctima en el caso contra el expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal, señaló a través de un comunicado de prensa que denunciará a Jaimes y que en las próximas audiencias que se adelantan de manera virtual.

“En momentos en que en la actuación procesal la única intervención que se ha hecho es la del fiscal Jaimes y, por lo tanto, aún no han sido escuchadas las víctimas reconocidas en el proceso (...) la intervención del fiscal Jaimes se torna abiertamente arbitraria. Por esta razón, en nuestra calidad de víctimas y de representantes de víctimas, haciendo uso de nuestros derechos comunicamos a la opinión pública que interpondremos denuncia penal y queja disciplinaria en su contra”, señaló Cepeda en un corto comunicado de prensa.

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En la comunicación que también está firmada por Deyanira Gómez (antigua pareja del testigo estrella contra Uribe y reconocida como víctima) señalaron que los argumentos de fondo sobre las denuncias las harán durante las intervenciones de víctimas, las cuáles están previstas para el 4 de octubre de 2021. Ayer, el fiscal Jaimes terminó su tiempo para argumentar por qué para la Fiscalía tenía que archivar el caso en contra del expresidente, quien está investigado por intentar cambiar la versión de testigos en su contra, quienes lo señalaban de tener vínculos con el paramilitarismo en Antioquia.

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