La Defensoría del Pueblo denunció una situación de seguridad y orden público en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre (Antioquia), así como el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y las zonas que limitan con el nordeste antioqueño. Según la entidad, durante los últimos meses se ha registrado una escalada en las hostilidades entre las disidencias de alias “Calarcá”, del Bloque Magdalena Medio, y el Clan del Golfo, con graves afectaciones para la población civil.
A través de un pronunciamiento público, la Defensoría confirmó que entre enero y mayo de 2026 documentó al menos dos situaciones de confinamiento y cinco de desplazamiento forzado masivo. A ello se suman amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes, afectaciones a bienes, así como ataques con explosivos en veredas como Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada.
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La entidad advirtió que la recurrencia y gravedad de estos hechos “evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio”. Asimismo, señaló que tiene conocimiento del uso recurrente de drones adaptados para activar o lanzar explosivos.
“De acuerdo con la información recopilada, estos medios y métodos de combate han generado afectaciones en viviendas, infraestructura comunitaria y otros bienes de carácter civil, incrementando los riesgos para la población que habita en las zonas de confrontación”, indicó la Defensoría. Además, mencionó que recientemente se registraron enfrentamientos en las veredas Santa Isabel de Amará y Montefrío, en el municipio de Sagovia (Antioquia), territorios que limitan con Puerto López.
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La entidad señaló que el uso de estos medios y métodos de combate en zonas habitadas por civiles exige la adopción de medidas urgentes de protección y precaución. A esta situación se suma el retiro de la Policía Nacional del corregimiento en marzo de 2026. Una circunstancia que, según la Defensoría, “ha profundizado la percepción de desprotección de las comunidades y ha limitado la capacidad de respuesta institucional frente a los hechos de violencia y control territorial ejercidos por los actores armados ilegales”.
Además, en el pronunciamiento, la entidad señaló que durante lo corrido en 2026 se han registrado “un total de 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia en los municipios de El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí y Yondó; y en el departamento de Bolívar en los municipios de Río Viejo y Arenal, dejando más de 2.400 personas afectadas”.
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Asimismo, la Defensoría ha documentado seis situaciones de confinamiento en El Bagre, Briceño, Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, y en Norosí y Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, que han restringido la movilidad de más de 7.700 personas.
Ante esta situación, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la fuerza pública y a las demás entidades competentes para que adopten medidas urgentes y coordinadas que permitan prevenir nuevas afectaciones y proteger a las comunidades del corregimiento de Puerto López y del Bajo Cauca antioqueño.
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