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Ante la crisis de seguridad que atraviesa el departamento de Guaviare, el procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció a través de un comunicado en rechazo al asesinato de 11 menores de edad en medio de los enfrentamientos entre alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”. El mensaje fue contundente e hizo un llamado a las autoridades para que se pongan al frente de la grave situación.
“Exijo a los organismos del Gobierno, que tienen el compromiso de liderar las políticas públicas dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia, asumir su responsabilidad, sin excusas, para evitar que estos criminales continúen poniendo a los niños, niñas y adolescentes, como parapeto de su guerra fratricida”, se lee en el comunicado.
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La confrontación entre las disidencias de las Farc se ha registrado desde la semana pasada en la vereda Pipiral, corregimiento de Barranco Colorado, en ese municipio. La Procuraduría señaló que estos hechos deben ser condenados.
“Los hechos ocurridos constituyen grave violación al Derecho Internacional Humanitario, no susceptible de amnistía. Las autoridades deben perseguir a los delincuentes autores de estos crímenes y someterlos a la justicia con la mayor severidad”, señaló el procurador.
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Y agregó: “Las niñas, niños y adolescentes no le pertenecen a la guerra. Ellos deben ser protegidos por las autoridades y por la sociedad”.
Asimismo, tras el pronunciamiento de Medicina Legal sobre la identificación de 43 de los 48 cuerpos tras los enfrentamientos del pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también se refirió al asunto. “11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”, dijo.
En diálogo con este medio, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, advirtió que, tras los enfrentamientos aún existe el riesgo de que se registren nuevos combates entre grupos armados en la región. Según explicó, estas comunidades permanecen confinadas como consecuencia de los enfrentamientos entre las disidencias. El mandatario aseguró que en la zona podría haber cerca de 300 personas, entre adultos mayores, niños y campesinos, que se encuentran confinadas debido a la situación de orden público.
Ante la crítica situación, el mandatario local pidió intervención urgente del Estado y la necesidad de una misión humanitaria. “No hemos podido llegar y la fuerza pública está avanzando en la zona para llegar al sitio, por lo que requerimos una misión humanitaria. Esto debido a los combates que seguramente continúan y a la posible existencia de más personas fallecidas y heridas en el sector”, afirmó.
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