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Las secuelas del terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto no han podido ser atendidas en su totalidad. La Defensoría del Pueblo advirtió que, aunque han pasado tres meses desde entonces, persisten las dificultades en la atención y recuperación de las comunidades afectadas debido a las barreras en el acceso a vivienda, servicios esenciales y protección de derechos.
Para darle dimensión a la situación, la Defensoría señaló datos del Registro Único de Damnificados que, con corte al 3 de noviembre, reportó 363.791 familias y 776.119 viviendas inhabitables. Por su parte, el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, registró 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.
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La Defensoría identificó que, precisamente, uno de los principales obstáculos para la atención tiene que ver con el acceso a esos registros, pues no existe una ruta para nuevos registros, corrección de inconsistencias o reporte de daños posteriores. "Esta situación puede impedir que familias afectadas accedan a las ayudas, pues el registro es un requisito para recibirlas", apuntó la entidad.
Por otro lado, las familias afectadas reciben un subsidio de arrendamiento de COP 1.050.000 mensuales durante tres meses, lo que para la Defensoría resulta insuficiente frente a los tiempos de reconstrucción pueden extenderse a 12 y 18 meses. A esto se suma la escasez de viviendas disponibles, que ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.
Sobre la salud, la entidad advirtió que hay una reducción en la capacidad de atención y demoras en las consultas especializadas, la entrega de medicamentos y las autorizaciones. "En Quindío, el Hospital La Misericordia de Calarcá continuaba funcionando con daños en sus muros y rutas de evacuación, y con una reducción cercana al 50 % en su capacidad de personal e infraestructura. En Risaralda se reportaron demoras en autorizaciones, citas y medicamentos, mientras que el Hospital Universitario San Jorge suspendió servicios a afiliados de Nueva EPS", detalló.
En el sector educativo, la Defensoría señaló que no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. "También se evidenciaron retrasos en la asignación de recursos para intervenir sedes y problemas en la prestación del Programa de Alimentación Escolar, relacionados con alimentos en mal estado, entregas incompletas y retrasos", agregó.
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La Defensoría identificó, además, una brecha de financiación de COP 50,08 billones en el proceso de recuperación. "El costo estimado del proceso asciende a $58,29 billones, pero solamente $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados, mientras que $50,08 billones permanecen como brecha por financiar", explicó la entidad.
Y agregó: La única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial. En relación con el Fondo Milagro, creado para centralizar y administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, reconstrucción y reactivación económica, se perciben dificultades de articulación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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