La Defensoría del Pueblo emitió su cuarta Alerta Temprana de 2026 por la situación de riesgo extremo que enfrentan al menos 175 niñas, niños y adolescentes del corregimiento Rionegro, en el municipio de Puerto Rico (Caquetá).
Los menores asisten a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural de Rionegro, ubicada a escasos metros de la subestación de Policía que fue atacada el pasado 29 de enero. La entidad señaló que debido a la cercanía entre la estación la escuela, y en una zona rodeada de viviendas civiles, se aumenta el peligro ante posibles hostigamientos con artefactos explosivos.
La alerta señaló como principal amenaza al frente Rodrigo Cadete, estructura del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), grupo armado que, aunque mantiene diálogos con el Gobierno, actualmente no cuenta con un cese al fuego bilateral.
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Esta disidencia de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, ha fortalecido su control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento a la población. Además, la Defensoría denunció el uso de medios de guerra como tatucos y, eventualmente, drones con explosivos que han afectado tanto a la fuerza publica como a la población civil.
El ataque más reciente contra la subestación de Rionegro dejó dos policías heridos y daños en al menos 13 viviendas, lo que incrementó el temor entre los habitantes. La entidad también señaló que el posicionamiento estratégico de Rionegro, con veredas como Maracaibo I, Maracaibo II, Sevilla y Santa Isabel, lo convierte en un corredor clave hacia municipios como El Doncello, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, lo que intensifica la disputa armada y eleva el riesgo para la comunidad.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente a los actores armados ilegales para que respeten los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario.
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Asimismo, formuló 14 recomendaciones dirigidas a entidades como los ministerios del Interior y Defensa, para que activen medidas inmediatas de prevención y protección que salvaguarden la vida e integridad de la población, especialmente de la niñez y adolescencia en riesgo.
La Alerta también se extiende a zonas rurales de Puerto Rico y al municipio de El Doncello, específicamente en las veredas Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna.
En estos territorios se han reportado desplazamientos forzados de familias que viven cerca de la estación policial, así como información sobre la posible instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en corredores rurales. A ello se suman amenazas contra personal de salud por atender a miembros de la fuerza pública heridos y presiones contra líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos para exigir la salida de la Policía de la zona.
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