Defensoría alerta situación en el Chocó por presencia del Clan del Golfo y el Eln

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios del alto, medio y bajo Baudó en el Chocó por la presencia constante del Clan del Golfo y el Eln, a través del Frente Resistencia Cimarrón. El riesgo, según el organo defensor, nace del control territorial que están ejerciendo los grupos armados en las comunidades que se encuentran en las riveras de los ríos que atraviesan el departamento.

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“El riesgo para las comunidades de esta zona está determinado por el control territorial que ejercen las Agc en la mayoría de las comunidades étnicas que habitan en la subregión del Pacífico Sur; mientras que el Eln se ha replegado, producto de las constantes incursiones y enfrentamientos sostenidos con las Agc, en las cabeceras de los ríos Baudó, Purricha, Docampadó, Misará y Dubasa, donde se evidencia el interés de retomar el control e influencia que ejercieron sobre todo en los municipios de Alto y Bajo Baudó”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La presencia de estos grupos armados se basa en la búsqueda del control de las rutas que comunican el departamento del Chocó con el Valle del Cauca. Específicamente entre el norte del Valle por el cañón de Las Garrapatas, con la región de San Juan y el océano Pacífico en el Chocó. Esto sería uno de los corredores de abastecimiento y explotación de productos ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Lea aquí: Defensoría pide atención para 9.800 personas por paro armado del Eln en Chocó

Además de esto, la alerta asegura que para los grupos armados es importante no solo tener el control del territorio sino también de la población ubicada en el municipio del Medio Baudó. Allí es donde se encuentra el puerto fluvial más importante de la región, donde se abastece de bienes y servicios a los municipios cercanos.

“Los factores de amenaza y las conductas vulneratorias advertidas para la población se ven traducidas en desplazamientos masivos e individuales y confinamientos. De la misma forma, hay un mayor riesgo para la población civil por la expansión de las AGC hacia comunidades étnicas situadas en la zona rural de los municipios del Alto Baudó y Bajo Baudó en procura de obtener el control territorial de zonas que eran del dominio del Eln”, agregó el defensor.

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Las preocupaciones de la Defensoría se trata de los señalamientos, estigmatización y amenazas contra las familias de las personas a las que se les señala de ser colaboradores del otro grupo armado con el que se encuentra en disputa. Además, se advirtió de las restricciones a la movilidad, lo que implica una limitación de las actividades para la subsistencia de las comunidades étnicas de la región.

Además, el órgano defensor señaló que existe un alto riesgo de accidentes con minas antipersonal, extorsiones a contratistas de obras públicas, comerciantes, servidores públicos y transportadores, reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y homicidios. Por esto, la entidad presentó 26 recomendaciones a las autoridades y a la Fuerza Pública para disuadir la amenaza y proteger a las víctimas.

Lea: Defensoría le pide al gobierno garantizar derechos humanos durante la ola invernal

La Defensoría aseguró que los factores de vulnerabilidad de este territorio tienen relación directa con la escasa presencia del Estado. Esto se ve en la ausencia de vías terrestres que mantiene al 85 por ciento de las comunidades que componen la subregión en aislamiento. Además, de una carencia de servicios domiciliarios, deficiente atención en salud, poca inversión en educación, poca oferta de vivienda y otros factores asociados a vulnerabilidades institucionales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios del alto, medio y bajo Baudó en el Chocó por la presencia constante del Clan del Golfo y el Eln, a través del Frente Resistencia Cimarrón. El riesgo, según el organo defensor, nace del control territorial que están ejerciendo los grupos armados en las comunidades que se encuentran en las riveras de los ríos que atraviesan el departamento.

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“El riesgo para las comunidades de esta zona está determinado por el control territorial que ejercen las Agc en la mayoría de las comunidades étnicas que habitan en la subregión del Pacífico Sur; mientras que el Eln se ha replegado, producto de las constantes incursiones y enfrentamientos sostenidos con las Agc, en las cabeceras de los ríos Baudó, Purricha, Docampadó, Misará y Dubasa, donde se evidencia el interés de retomar el control e influencia que ejercieron sobre todo en los municipios de Alto y Bajo Baudó”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La presencia de estos grupos armados se basa en la búsqueda del control de las rutas que comunican el departamento del Chocó con el Valle del Cauca. Específicamente entre el norte del Valle por el cañón de Las Garrapatas, con la región de San Juan y el océano Pacífico en el Chocó. Esto sería uno de los corredores de abastecimiento y explotación de productos ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

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Además de esto, la alerta asegura que para los grupos armados es importante no solo tener el control del territorio sino también de la población ubicada en el municipio del Medio Baudó. Allí es donde se encuentra el puerto fluvial más importante de la región, donde se abastece de bienes y servicios a los municipios cercanos.

“Los factores de amenaza y las conductas vulneratorias advertidas para la población se ven traducidas en desplazamientos masivos e individuales y confinamientos. De la misma forma, hay un mayor riesgo para la población civil por la expansión de las AGC hacia comunidades étnicas situadas en la zona rural de los municipios del Alto Baudó y Bajo Baudó en procura de obtener el control territorial de zonas que eran del dominio del Eln”, agregó el defensor.

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Además, el órgano defensor señaló que existe un alto riesgo de accidentes con minas antipersonal, extorsiones a contratistas de obras públicas, comerciantes, servidores públicos y transportadores, reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y homicidios. Por esto, la entidad presentó 26 recomendaciones a las autoridades y a la Fuerza Pública para disuadir la amenaza y proteger a las víctimas.

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