A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por los recientes ataques armados en varios puntos del país entre el 7 y el 8 de agosto, durante y después de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Los atentados, hostigamientos y ataques con artefactos explosivos han tenido lugar en departamentos como Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Para la entidad llama la atención que los ataques se han registrado en un corto periodo de tiempo y con alta intensidad. Además, varios atentados han sido en cabeceras municipales, inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías principales, lo que pone en un riesgo directo a la población civil.
Lea también: Destruyeron con explosivos un peaje en Santander de Quilichao, norte del Cauca
“La información disponible hasta el momento no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada, pero los hechos sí responden a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de las estructuras armadas”, señaló la Defensoría.
Otra de las alertas que elevó la entidad fue la utilización frecuente de drones y artefactos explosivos, modalidades que han sido advertidas por la misma Defensoría a través de Alertas Tempranas debido a la transformación de la confrontación armada en los territorios. “Su uso en zonas pobladas o próximas a bienes civiles incrementa el riesgo de efectos indiscriminados y exige extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades”, agregó.
Le puede interesar: Atentado con dron en Cesar deja un policía muerto y un herido durante posesión presidencial
En ese contexto, la Defensoría pidió el respeto por las normas del derecho internacional humanitario y las obligaciones para proteger a quienes no participan en las hostilidades. “Estas obligaciones adquieren especial relevancia cuando se utilizan medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas. La presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones”, aclaró la Defensoría.
Al nuevo Gobierno, la Defensoría envió un mensaje para atender la ola de violencia en el menor tiempo y evitar escenarios de riesgo mayores. “Las capacidades institucionales existentes, las advertencias territoriales y las recomendaciones formuladas por el Sistema de Alertas Tempranas contribuyen a anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas oportunas y territorialmente diferenciadas”, concluyó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.