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La escalada de violencia que enfrenta el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, llevó a la Defensoría del Pueblo a lanzar una Alerta Temprana de Inminencia al Gobierno nacional. La entidad también denunció la aparición de un nuevo grupo armado en la región.
El informe advierte que los habitantes del casco urbano y de las zonas rurales están sometidos a un alto riesgo derivado de la confrontación entre el frente 36, disidencia del Bloque Magdalena Medio, y la estructura emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, creada este año tras la fractura interna del disidente frente 18 que pertenecía a las disidencias de las Farc del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de “Calarcá”.
La entidad no descarta que la reciente salida del frente 18 del EMBF y su adhesión al llamado Nuevo Estado Mayor Central (EMC), al mando de “Iván Mordisco”, genere un nuevo reacomodo que incremente la presión armada sobre Briceño, un corredor estratégico para la movilidad y la economía ilegal asociada a cultivos de uso ilícitos y minería de oro ilegal.
Además, según aclaró el órgano de control, la disputa del frente 36 no solo involucra a la nueva estructura, sino también al Clan del Golfo, lo que agrava el panorama y eleva el riesgo de que los enfrentamientos se intensifiquen en los próximos meses.
La Defensoría documentó graves consecuencias humanitarias. Hasta septiembre de 2025, el municipio registraba diez homicidios de jóvenes entre 17 y 28 años. En octubre, la orden del frente 36 de evacuar varios sectores rurales ante la inminencia de combates con el Clan del Golfo provocó un desplazamiento masivo de 1.033 familias, entre esas 2.110 personas, una de las mayores crisis humanitarias recientes en la zona.
La alerta también describe un incremento del poder de los grupos armados. “Esto se manifiesta a través de la distribución de panfletos con amenazas selectivas e imposición de restricciones a la movilidad y ‘pautas de comportamiento’, tales como la prohibición de circulación nocturna, no salirse de los caminos y la exigencia de contar con cartas de recomendación de las juntas de acción comunal para ingresar al territorio”.
El organismo reportó además infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre ellas, un ataque ocurrido en julio, cuando integrantes del frente 18 detuvieron una ambulancia y agredieron a un paciente herido. También alertó sobre la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados instalados por el frente 36, un riesgo crítico para comunidades que han comenzado a retornar.
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El documento identifica un riesgo “alto para las infancias y adolescencias, que representan más de una tercera parte de la población. Están expuestas a la vinculación ilícita (reclutamiento y utilización), pues el frente 36 utiliza tácticas de manipulación emocional y promueve un “estilo de vida armado”. La desescolarización agrava esta vulnerabilidad”.
Otro grupo poblacional vulnerable, según la entidad, son las mujeres que enfrentan un escenario de estigmatización y señalamientos por parte de los grupos armados, especialmente aquellas que trabajan en establecimientos comerciales frecuentados por estas estructuras. Docentes, por su parte, han recibido amenazas atribuidas al frente 36, que estaría presionando su salida del municipio, lo que afecta la prestación del servicio educativo.
Ante este contexto, la Defensoría emitió 18 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales, como los ministerios del Interior y de Defensa, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Acción Integral contra Minas Antipersonal, la UNP, la Fiscalía, el ICBF y la Gobernación de Antioquia. El llamado es a adoptar medidas de reacción inmediata basadas en enfoques de derechos humanos, derecho internacional humanitario y seguridad humana.
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