La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic), envió una circular la semana pasada a varios canales de televisión y cadenas radiales en la que pidió datos de cómo eligen los contenidos que salen al aire. Por tratarse de una presunta intromisión, la Defensoría del Pueblo le pidió a esa entidad que retire la solicitud de información.
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A juicio de la entidad que dirige Iris Marín, la solicitud de la CRC puede significar una “vulneración del derecho a la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución Política), la libertad de la actividad periodística (artículo 73 de la Constitución Política) y acceso a la información y secreto profesional (artículo 74 de la Constitución Política)”.
Según la circular, firmada por la coordinadora ejecutiva, Zoila Vargas Mesa, los medios deben informar cuáles son sus políticas internas, directrices o prácticas destinadas a garantizar que los contenidos publicados en espacios periodísticos cumplan con los criterios de imparcialidad, objetividad y veracidad.
Además, pidió informar si han desarrollado actividades relacionadas con este propósito, como programas de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra práctica que contribuya a fortalecer su cumplimiento.
Para cumplir con lo ordenado, los medios debían entregar documentos internos, como actas, relatorías y manuales editoriales, bajo la advertencia de posibles sanciones, todo, según la ciruclar, objetivo de identificar y promover las buenas prácticas informativas. Las voces en contra de la orden, no demoraron en escucharse.
En la carta que envió la Defensoría a la CRC este lunes 14 de octubre advierte que, por ejemplo, exigir documentos sobre procesos editoriales puede implicar una forma indirecta de censura o supervisión estatal. La entidad agregó que no solo hay artículos explícitos de la Constitución que protegen el ejercicio periodístico, sino también amplia jurisprudencia de las altas cortes y de instancias internacionales.
“Requerir información sobre documentos internos de los medios de comunicación, relacionados con sus procesos editoriales, puede generar un efecto inhibidor contrario a la libertad de expresión y de prensa (...) El Estado no puede ejercer ningún tipo de control o supervisión sobre la actividad periodística, ni directa ni indirectamente”, advierte la Defensoría.
En la carta conocida por este diario, la entidad agregó que: “La libertad de prensa incluye la autonomía de los medios de comunicación para definir sus agendas, procesos internos y políticas editoriales (...) Exigir actas, manuales o documentos internos de trabajo a los medios puede constituir una forma de censura indirecta incompatible con la Constitución”.
Aunque la CRC trató de aclarar el objetivo y el alcance de la circular, para la Defensoría no fue suficiente y el riesgo de censura sigue en firme. “La forma y el alcance del requerimiento formulado resultan incompatibles con los principios constitucionales de libertad de prensa y autonomía informativa”, resaltó la entidad, que pidió formalmente a la CRC retirar la circuar
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