La Defensoría del Pueblo le está pidiendo al gobierno de Gustavo Petro que concrete cuáles serán realmente las condiciones en las que llegarían los colombianos presos en Ecuador y que serían devueltos a Colombia por la situación actual del vecino país. De acuerdo con Carlos Camargo, el defensor del Pueblo, hasta el momento persiste muchas dudas.
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Para Camargo, es necesario asegurar el respeto de los derechos humanos fundamentales, así como las normativas internacionales vigentes. “Frente al anuncio del gobierno de Ecuador sobre la posible expulsión de nacionales condenados en ese país, hago un llamado al gobierno de Colombia y en particular a las autoridades migratorias para que se concerte con el vecino país el mecanismo jurídico de ingreso de dichas personas a territorio nacional y se garantice el respeto del debido proceso de cada uno de ellos frente a su situación jurídica”, señaló el funcionario.
Para la entidad, la falta de claridad en las condiciones en las que regresarían al país estas personas podría tener un gran impacto en los derechos humanos de ellos. Sobre todo, dice la Defensoría, en zonas de frontera.
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Camargo además manifestó que “es necesario que se establezca un plan de choque como preparación del país en caso de que deba recibirse a las personas privadas de la libertad, dado que se trataría de una situación excepcional debido a la crisis de seguridad por la que atraviesa el vecino País”.
La entidad añadió que actualmente en Colombia existen 125 establecimientos de reclusión con 101.646 ciudadanos cumpliendo sus penas y un hacinamiento del 24.3%.
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