El pasado 22 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente Iván Duque y a las autoridades encargadas del manejo de la movilización social, mediante la sentencia STC 7641-2020, adoptar acciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica. Luego de 26 mesas de trabajo, en respuesta a la alta corte, la Defensoría del Pueblo presentó una serie de recomendaciones para instituciones como la Policía, Fiscalía, Procuraduría y el ministerio de Educación.
La Defensoría recomendó, por ejemplo, la implementación de herramientas tecnológicas como mecanismo de vigilancia y grabación dentro de las patrullas y medios de transporte, incluso, que los uniformados del Esmad lleven cámaras en los cascos, con el objetivo de revisar la actuación policial antes y durante las posibles protestas. Así mismo, la institución espera que las autoridades investigativas usen drones que registren los hechos y, además, que se sancione a los policías que violen el derecho a los ciudadanos de grabar los incidentes.
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“Por otra parte, les recuerdan a la Procuraduría, Fiscalía y a la Inspección General de la Policía Nacional, que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos sin excepciones”, agregó la Defensoría en un comunicado. Así mismo, el órgano defensor de derechos humanos pide que se aceleren las investigaciones sobre los actos de violencia denunciados y que se ordenen sanciones ejemplares para quienes abusen de la autoridad durante las manifestaciones.
La Defensoría, además, le solicitó específicamente a la Procuraduría que ejerza acciones de mayor vigilancia y acompañamiento durante los procedimientos policiales, sobre todo en las estaciones y en los Centros de Atención Inmediata (CAI). En la memoria reciente está el caso de Javier Ordóñez, quien murió luego de que los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda lo golpearan con violencia en el CAI Villaluz (Bogotá), el pasado 9 de septiembre. Por estos hechos, ambos fueron destituidos e inhabilitados por 20 años.
Por hechos de esa naturaleza, un colectivo de 83 personas, entre las cuales se encuentran profesores y expertos en derecho penal, denunciaron públicamente a finales de noviembre pasado a la Policía y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por los principales casos de muertes bajo resguardo estatal durante 2020. “La supervisión de estos espacios es escasa; los organismos de control no cuentan con la capacidad para monitorear lo que allí sucede, lo cual genera espacios donde el Estado de derecho está de facto suspendido”, aseguraron en un documento conocido por El Espectador..
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“Otro tema de las recomendaciones dirigidas a la Policía, es la revisión del currículo académico de la Escuela de Formación en lo referente al derecho a las marchas y la capacitación a todo el personal en protocolos de actuación en manifestaciones públicas”, aseguró la Defensoría. Así mismo, el órgano defensor de derechos humanos se comprometió a tener mayor presencia durante las protestas pacificas y, además, a articular actividades de capacitación en manejo de disturbios a integrantes de la Policía.
