Sigue la discusión sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y el levantamiento de órdenes de captura por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, del que se beneficiarían estructuras al margen de la ley como el Clan del Golfo, que hacen parte de la llamada paz total. La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que hizo cuatro advertencias importantes sobre el riesgo de darle luz verde a esas órdenes del Ejecutivo.
El pronunciamiento de la defensora Iris Marín, conocido en la mañana de este 19 de mayo, se da en medio de los choques entre el despacho de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la oficina del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, relacionados con el levantamiento de las órdenes de captura para 29 integrantes del Clan del Golfo. La jefa del búnker dijo hace una semana que, por ahora, no levantará las órdenes de captura.
En contexto: Las líneas rojas de la Fiscalía sobre diálogos con el Clan del Golfo y la paz total de Petro
En un documento con ocho puntos emitido el pasado 12 de mayo desde el despacho de la fiscal Camargo, el ente investigador sentó su postura de que no habrá levantamiento de órdenes de captura por su parte, incluso aunque lo ordene el presidente Petro, hasta que no tenga información real sobre el avance de las conversaciones de paz con el Clan del Golfo. La decisión no fue bien recibida en el despacho de Patño y generó una amplia discusión.
A esa conversación sobre los alcances y riesgos de levantar las órdenes de captura a integrantes de estructuras ilegales que, como Clan del Golfo, harán su tránsito hacia las ZUT, se sumó ahora la defensora Marín. En su pronunciamiento, la funcionaria señaló que, si bien el presidente de la República tiene la facultad de pedir la suspensión de las órdenes de captura, “dicha facultad es reglada y está sometida al cumplimiento de condiciones constitucionales y legales” que debe tener en cuenta el Ejecutivo.
Lea también: Las preocupaciones que dejan los choques entre Casa de Nariño y las autoridades judiciales
El documento detalla que la creación de ZUT en el país existe legalmente desde 1998, por medio de la llamada ley de orden público, y que las decisiones relacionadas con el levantamiento de órdenes de captura en esos sitios son competencia del presidente, al ser la cabeza de cualquier tipo de negociación de paz, en nombre del Estado. Sin embargo, dice la Defensoría, esa autonomía del presidente no lo aleja de las leyes y normas que lo reglamentan.
“Si bien el presidente cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de estas funciones legales, el ejercicio de estas está sujeto a la Constitución y la ley. Se trata de una discrecionalidad reglada pues, de lo contrario, se convertiría en arbitrariedad”, se lee en el documento. Agrega que esas decisiones “requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”.
Le puede interesar: Ejército sostiene combates con disidencias de alias “Iván Mordisco” en Suárez (Cauca)
Sobre el “estado avanzado del proceso de paz”, que es en gran parte el tema que ha estado en el centro de la conversación durante la última semana, la Defensoría señaló que la Corte Constitucional fue clara en 2023 cuando, por medio de una sentencia, regló la creación de las ZUT al avance real de las negociaciones de cualquier estructura al margen de la ley con el Estado, porque “garantizará su idoneidad frente a la finalidad de hacer viable la entrega o sometimiento a la justicia”.
En ese sentido, para la Defensoría, es clave que el gobierno del presidente Petro y el despacho del consejero comisionado Patiño expongan con más claridad el avance de la negociación con grupos como el Clan del Golfo: “El presidente de la República y sus delegados, en su motivación para el establecimiento de las ZUT y la suspensión de órdenes de captura, deben sustentar la idoneidad de las medidas para lograr el desarme, no como algo hipotético o posible, sino cercano: que el proceso ha avanzado hacia ese fin próximo. Prácticamente, que se concentran para el desarme”.
Contenido relacionado: Fiscal Camargo confirma que no levantará órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo
A renglón seguido, la Defensoría señala que es clave que el avance de las negociaciones en el marco de la paz total sea medible. “La ausencia de mecanismos independientes de monitoreo y verificación en la mayoría de los procesos dificulta evaluar objetivamente el cumplimiento de estos avances, pero el Gobierno debe presentar información suficiente y verificable al respecto para motivar sus decisiones”, se lee en el documento.
En ese contexto, la entidad señaló que la reciente orden del Ejecutivo de levantar órdenes de captura y darle luz verde al tránsito de integrantes de estructuras ilegales hacia las ZUT pone sobre la mesa cuatro riesgos. El primero, que “se avanza sin tener en cuenta los derechos de las víctimas”. En su concepto, aún “no hay acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Lea: Autoridades denuncian carnetización y constreñimiento electoral en Meta y Guaviare
“El Estado colombiano tiene obligaciones constitucionales e internacionales de investigar de oficio graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. La falta de claridad sobre estos asuntos genera riesgos de impunidad, afecta los derechos de las víctimas y puede incentivar escenarios de rearme o incumplimiento. Por ahora solo se advierte la suspensión de la justicia, no su activación”, señala el pronunciamiento de la defensora Marín.
A eso se suma el momento en el que aparece la orden del ejecutivo: en pleno contexto electoral, de cara a unas elecciones presidenciales que han estado marcadas por la violencia y los constreñimientos de grupos al margen de la ley. “Aunque las condiciones para el desarme y la desmovilización estuvieran próximas, es improbable que el desarme se dé antes del 7 de agosto. La decisión de implementar las ZUT acelera el ritmo, genera expectativas para los combatientes de los grupos en medio de cierta incertidumbre y aviva debates en un contexto electoral en el que los grupos armados tienen gobernanza y capacidad de afectar la libertad de los electores”, señaló la entidad.
Más contenido: Denuncian secuestro y agresión contra coordinador de la Guardia Indígena del CRIC en Cauca
Aunque los grupos que están negociando la paz con el Gobierno anunciaron que respetarán las elecciones, dijo la Defensoría, hay una “brecha” con la realidad del país, marcada por la violencia y las alteraciones al orden público. En esa línea, la entidad advirtió que no son claros aún los protocolos relacionados con el uso de armas cuando los integrantes de grupos al margen de la ley lleguen a las ZUT en casos como el del Clan del Golfo. Además, algunos de estos sitios están previstos en sitios en los que la guerra está activa.
La Defensoría concluye señalando que hay riesgo de afectar los derechos de los pueblos étnicos en sitios en los que operarán las ZUT, pues en sitios como Tibú (Norte de Santander), no se ha consultado con las comunidades sobre la creación de estos sitios especiales y su derecho es decidir al respecto. El pronunciamiento termina con llamado directo al presidente Petro: “Motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT. La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
