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Siguen los desacuerdos entre el despacho de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la oficina del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, relacionados con el levantamiento de las órdenes de captura a 29 jefes del Clan del Golfo que llegarían el 25 de junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) dispuestas para esta organización al margen de la ley. Una conversación entre los dos funcionarios terminó sin acuerdos entre ellos.
Durante al menos tres horas, la fiscal Camargo y el comisionado Patiño sostuvieron una reunión en la tarde de este jueves 14 de mayo, para intentar solucionar el desencuentro sobre la resolución con la que el Gobierno pidió seguridad jurídica para el tránsito de los integrantes del Clan del Golfo hacia las ZUT. El centro de la disputa está en que la Consejería Comisionada de Paz pidió el levantamiento automático de las órdenes de captura para estas personas.
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Sin embargo, en la mañana del pasado 12 de mayo, desde el búnker emitieron un duro pronunciamiento en el que la Fiscalía sentaba su postura sobre esa petición del Gobierno. En el comunicado, la fiscal Camargo dejó en claro que no levantará automáticamente las órdenes de captura antes del 25 de junio, fecha de la movilización hacia las ZUT o hasta que haya información clara sobre el avance real de la negociación de paz con ese grupo criminal.
“La información remitida a la Fiscalía por parte del Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”, dice el pronunciamiento de la fiscal Camargo. Y agrega que deben mejorarse los mecanismos de verificación de la negociación.
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“Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, detalla el documento. A eso se suma una petición clara al gobierno por “respetar” los tratados de extradición internacionales, incluso pese a las negociaciones que adelante el país con grupos ilegales.
La fiscal pidió verificar la situación jurídica de las 29 personas cobijadas por la orden. Lo hizo refiriéndose especialmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, máximo jefe del Clan del Golfo y amparado por la resolución de levantamiento de las órdenes de captura emitida por el gobierno Petro. Este hombre está pedido en extradición por Estados Unidos para que responda en ese país por delitos relacionados con narcotráfico.
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El pronunciamiento de la fiscal Camargo no fue bien recibido en el despacho del consejero Patiño, quien respondió con un comunicado en el que expresó la “rareza” que le produjo la postura de la jefa del búnker. En su concepto, el levantamiento de las órdenes de captura es automático por la naturaleza de la ley de paz total y no está sujeto a verificaciones del ente investigador que, según él, están por fuera de las competencias de esa entidad.
Ese desencuentro entre ambos despachos llevó a que Camargo y Patiño se reunieran para intentar, sin éxito, llegar a un punto de acuerdo sobre el levantamiento de las órdenes de captura contra los integrantes del Clan del Golfo. Fuentes del ente investigador le dijeron a El Espectador que el resultado de la reunión se resume en una frase puntual: “La Fiscalía se reafirmó en su postura”. Sin posibilidad de negociación y con un solo requisito: ampliar la información sobre el avance real de la negociación.
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