Defensoría verificará protección de menores indígenas maltratados en colegio del Meta

Luego de que la Corte Constitucional amparó los derechos de diez niños indígenas que denunciaron tratos inhumanos y degradantes que recibían por parte de los profesores del Centro Educativo Eustasio, un internado en Puerto Gaitán (Meta), la Defensoría del Pueblo hará seguimiento a las medidas adoptadas y acompañarán a las víctimas y sus familiares en el cumplimiento de la ley y sanciones correspondientes. (En contexto: El internado donde los niños eran obligados a tragar hojas de cuaderno)

En la tutela, los papas de Yiredo, Turé, Hahio, Mapikoro, Koenomu, Borikako, Bedebukɨko, Hɨrɨko, Hehenako, Bɨye y Ñareb explicaron que a sus hijos los amenazaban con desnudarlos si desobedecían órdenes, los obligaban a meter las manos en los inodoros sucios y a tragar hojas de cuaderno. Incluso, uno de los jóvenes denunció que fue golpeado y que uno de sus compañeros fue agredido con una varilla de hierro utilizada para izar la bandera.

En su decisión, la Corte Constitucional le ordenó a la institución educativa realizar un acto simbólico, con presencia de toda comunidad estudiantil, informando que las conductas realizadas por los tres profesores, quienes ya no pertenecen a la situación, está siendo investigada por las autoridades. También estableció la realización de una jornada escolar en la que se realice una campaña de concientización sobre el buen trato y adoptar medidas para evitar nuevos casos de discriminación.

La corporación, en la misma decisión, también le ordenó a la Secretaría de Educación Departamental que, en conjunto con autoridades nacionales, presten el servicio de la ednoeducación según lo requiera el centro educativo. Además, deberán hacerle seguimiento a la educación que se imparte y las formas de imponer castigos a los niños y niñas. Tarea que, sumadas a otras, tendrá que verificar la Defensoría del Pueblo. (Lea: Castigos de maestros que vulneren la dignidad de alumnos no son admisibles: Corte)

“El respeto a los derechos de la niñez es una prioridad que aumenta al pertenecer a comunidades indígenas víctimas con especial protección. En este caso, cabe recordar que se están reviviendo prácticas de conquista y colonia que irrespetan y denigran la condición de los niños, niñas y adolescentes indígenas, sin entender que en nuestro país es de protección constitucional la diversidad étnica y cultural”, precisó la Defensoría.

En ese sentido, la entidad respaldó las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y la Fiscalía para sancionar a los responsables de los actos de violencia y reiteró que el enfoque étnico es una prioridad, así como los criterios de etnoeducación que protejan el futuro de los pueblos y culturas indígenas.

Luego de que la Corte Constitucional amparó los derechos de diez niños indígenas que denunciaron tratos inhumanos y degradantes que recibían por parte de los profesores del Centro Educativo Eustasio, un internado en Puerto Gaitán (Meta), la Defensoría del Pueblo hará seguimiento a las medidas adoptadas y acompañarán a las víctimas y sus familiares en el cumplimiento de la ley y sanciones correspondientes. (En contexto: El internado donde los niños eran obligados a tragar hojas de cuaderno)

En la tutela, los papas de Yiredo, Turé, Hahio, Mapikoro, Koenomu, Borikako, Bedebukɨko, Hɨrɨko, Hehenako, Bɨye y Ñareb explicaron que a sus hijos los amenazaban con desnudarlos si desobedecían órdenes, los obligaban a meter las manos en los inodoros sucios y a tragar hojas de cuaderno. Incluso, uno de los jóvenes denunció que fue golpeado y que uno de sus compañeros fue agredido con una varilla de hierro utilizada para izar la bandera.

En su decisión, la Corte Constitucional le ordenó a la institución educativa realizar un acto simbólico, con presencia de toda comunidad estudiantil, informando que las conductas realizadas por los tres profesores, quienes ya no pertenecen a la situación, está siendo investigada por las autoridades. También estableció la realización de una jornada escolar en la que se realice una campaña de concientización sobre el buen trato y adoptar medidas para evitar nuevos casos de discriminación.

La corporación, en la misma decisión, también le ordenó a la Secretaría de Educación Departamental que, en conjunto con autoridades nacionales, presten el servicio de la ednoeducación según lo requiera el centro educativo. Además, deberán hacerle seguimiento a la educación que se imparte y las formas de imponer castigos a los niños y niñas. Tarea que, sumadas a otras, tendrá que verificar la Defensoría del Pueblo. (Lea: Castigos de maestros que vulneren la dignidad de alumnos no son admisibles: Corte)

“El respeto a los derechos de la niñez es una prioridad que aumenta al pertenecer a comunidades indígenas víctimas con especial protección. En este caso, cabe recordar que se están reviviendo prácticas de conquista y colonia que irrespetan y denigran la condición de los niños, niñas y adolescentes indígenas, sin entender que en nuestro país es de protección constitucional la diversidad étnica y cultural”, precisó la Defensoría.

En ese sentido, la entidad respaldó las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y la Fiscalía para sancionar a los responsables de los actos de violencia y reiteró que el enfoque étnico es una prioridad, así como los criterios de etnoeducación que protejan el futuro de los pueblos y culturas indígenas.