Habitantes y autoridades de al menos tres municipios en Norte de Santander expresaron su preocupación por la compleja situación de seguridad que se vive en la región desde la noche del 10 de agosto, por cuenta de las operaciones militares que adelantan el Ejército y un bombardeo de la Fuerza Aérea al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en San Calixto, Tibú y El Tarra.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación por la situación en la región. La entidad dirigida por Iris Marín Ortiz señaló que las autoridades regionales se trasladaron ya hasta las comunidades afectadas por los bombardeos para corroborar lo ocurrido y evaluar las posibles afectaciones a la población civil.
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Indicaron que entre la información que han recopilado de forma preliminar está el reporte de tres campesinos afectados, entre ellos una mujer de 44 años que, al parecer, resultó herida durante los bombardeos que iniciaron en la noche del lunes y se habrían prolongado hasta la madrugada del martes. También se habrían generado desplazamientos forzados hacia El Tarra.
Por su parte, la Alcaldía de El Tarra señaló por medio de un comunicado que durante toda la noche se presentaron “detonaciones prolongadas” que generaron preocupación en los habitantes de la región y habrían causado daños en algunas viviendas. También hicieron un llamado por “la protección de la vida, la integridad y los derechos de la población civil”.
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Fuentes del Ejército le dijeron a El Espectador que, en efecto, en la noche del lunes hubo combates entre hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales contra el Frente Oriental del Eln. Luego, la Fuerza Aérea usó dos aviones Kfir para bombardear al grupo ilegal. Aclararon que los ataques fueron entre las 8:00 y 9:00 de la noche, y que no se prolongaron hasta el amanecer.
La Defensoría, por su parte, concluyó con un llamado a las autoridades del orden municipal y departamental para que pongan a disposición todos los recursos de atención humanitaria para las comunidades afectadas. Y a la fuerza pública le pidió mejorar la planeación de sus operaciones para no afectar a la población civil ni infringir el Derecho Internacional Humanitario.
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