En medio de la polémica por la petición de la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de suspender provisionalmente de su cargo al presidente de la República Gustavo Petro por presunta participación en política, el caso llegó a la rama judicial. El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao presentó en la Corte Suprema de Justicia una demanda en contra de Arizabaleta por presunto prevaricato.
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El abogado presentó ante la Sala de Instrucción del alto tribunal la denuncia alegando que “la propia providencia reconoce de manera expresa que la Constitución establece un procedimiento especial para el juzgamiento del Presidente de la República, que involucra a la Cámara de Representantes y al Senado”. Asimismo, agrega que Arizabaleta “decidió apartarse de esa regla constitucional expresa y aplicar de forma directa la legislación disciplinaria, decretando por sí sola la suspensión del jefe de Estado”.
En la denuncia que llegó al alto tribunal también se lee que la congresista habría actuado conociendo que sus acciones, supuestamente, iban en contra de la ley. “Quien reconoce expresamente la regla y, no obstante, resuelve apartarse de ella, actúa con pleno conocimiento de que su decisión desborda el ordenamiento”, dice el documento.
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“Estos elementos, en conjunto, permiten inferir que la actuación no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación“, sostuvo Henao en la denuncia.
Toda la tormenta política, que ahora toca las puertas de la rama judicial, se dio porque la congresista del Pacto Histórico firmó un documento en el que propuso suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo como máximo mandatario de Colombia. La medida que propone Arizabaleta es de carácter transitorio y cautelar, y busca la separación inmediata del cargo sin derecho a remuneración hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m., coincidiendo con el cierre de la segunda vuelta de la contienda electoral.
Para la representante, la medida es necesaria para proteger la integridad del proceso electoral, pues considera que hay una presunta falta gravísima por intervención en política, un riesgo evidente de reiteración por la documentación de mensajes difundidos por el presidente en su cuenta de X entre el 6 y el 9 de junio de 2026; así como la inminencia de la segunda vuelta presidencial.
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