Aunque son sede de lujosos hoteles y ostentosas fiestas privadas, las islas del Rosario, ubicadas en el mar Caribe, son baldíos de la nación. Es decir, no tienen propietario y las administra la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Pero una serie de dudas sobre el manejo que le ha dado esta entidad al archipiélago ya llevó a una denuncia que está siendo estudiada en la Fiscalía. Al parecer, se estarían entregando las islas a particulares, a precios irrisorios, saltándose todas las normas de la contratación estatal y sin tener en cuenta el manejo ambiental que se les debe dar. El escándalo toca a dos caras conocidas del Gobierno.
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La denuncia se radicó de manera anónima el pasado 7 de abril y señala a dos personas, en concreto, de las supuestas irregularidades. En primer lugar, a Myriam Martínez, directora de la ANT durante todo el gobierno del presidente Iván Duque. Y a su segundo al mando, el subdirector de Administración de Tierras de la ANT: Campo Elías Vega, hermano del registrador Alexánder Vega. Este último fue quien firmó cada uno de los 18 contratos que se otorgaron a particulares para arrendar islas del archipiélago del Rosario. Al parecer, todos los contratos se hicieron de manera directa y ni siquiera fueron publicados en el portal de contratación pública Secop.
Para fijar el canon de arrendamiento mensual de los 81 contratos que están vigentes, la Agencia utiliza una regla general: es el 3 % del avalúo del predio. Así, por ejemplo, una isla como Bora Bora, de 5.162 metros cuadrados, se arrienda a un valor mensual de $5’890.000. Mientras tanto, un pasadía en el lujoso hotel que queda en el interior de esa misma isla cuesta $350.000 por persona. Y así con todos los contratos. De hecho, el escándalo inició cuando Noticias Uno reveló que el capturado Alain Suaza, llamado el “zar del contrabando”, era amo y señor, en la sombra, de la isla Majayura, de 1.308 metros cuadrados.
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La ANT salió a negar cualquier vínculo con Suaza. “El predio en cuestión no ha sido entregado ni en propiedad ni en arriendo por parte de la Agencia a Alain Suaza, como se ha venido manifestando”, señaló en un comunicado. En el pronunciamiento, la entidad aseguró que su vínculo legal ha sido con la compañía Calizas y Agregados Boyacá. Sin embargo, las autoridades capturaron a Suaza de camino a la isla en diciembre de 2021 y las investigaciones apuntan a que estaba ultimando detalles para inaugurar allí un ecohotel. Para el denunciante, esto es muestra de que la entidad no estaría haciendo el seguimiento debido a los arrendamientos que entrega.
“No se evidencian informes, actas de visita de inspección ocular, requerimientos o terminaciones unilaterales del contrato que den cuenta del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, administrativas y financieras, como la obtención de las autorizaciones ambientales por el arrendatario, la prohibición de subarrendar o utilizar plataformas digitales para alquilar, todas ellas obligaciones y prohibiciones que se encuentran en el Acuerdo 106 de 2019 y en los contratos suscritos por la Agencia”, reza el documento. En efecto, por ningún lado en la página de la ANT están los documentos de seguimiento a los contratos, como así afirmó la entidad.
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La denuncia cuestiona que tampoco aparecen los documentos de las fases precontractuales. Por ejemplo, los estudios previos, los análisis de mercado o de riesgo que debe contemplar cualquier contrato estatal. Para el denunciante, la ausencia de estos documentos “confirma la no observancia a los principios rectores de la contratación pública, como lo son la planeación, la publicidad, la transparencia y la selección objetiva sobre bienes públicos”. Por eso, la denuncia pide que Myriam Martínez y Campo Elías Vega sean investigados por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin los requisitos legales.
Luego de que Noticias Uno y W Radio comenzaran a denunciar posibles hechos de corrupción en los contratos, la ANT emitió un comunicado el 5 de abril, en el que confirmó lo que decían los medios de comunicación. Por un lado, la entidad señaló que “no ha celebrado ningún proceso de licitación pública para nuevos arrendatarios”, lo que quiere decir que todas las islas fueron entregadas en negocios que se hicieron de manera directa. Y, por otro lado, que no había publicado los documentos en Secop, “pues a la fecha no ha sido habilitada la plataforma para el registro de los contratos de régimen especial”.
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Otro documento clave, que no aparece en ninguno de los contratos, es la descripción de los lineamientos en medio ambiente que deben seguir los arrendatarios. Teniendo en cuenta que el archipiélago del Rosario queda en los linderos del Parque Natural Corales del Rosario, voces autorizadas explicaron a este diario que es clave que haya un estricto manejo ambiental. Pero la denuncia asegura que estos “no fueron emitidos o no existen, previamente, a la celebración de los contratos de arrendamiento”, pese a que una norma de la propia ANT dice que, al momento de firmar el contrato, la entidad debe exigirles estos lineamientos a los arrendatarios.
La Fiscalía deberá iniciar una indagación para verificar si la directora Martínez y el subdirector Vega cometieron alguna irregularidad. Un dato más: Martínez será investigada por la entidad que dirige uno de sus compañeros de universidad, el fiscal Francisco Barbosa, ambos graduados de la Sergio Arboleda. Y los contratos firmados por Vega se suma a las críticas de sectores políticos que le han pedido la renuncia a su hermano, Alexánder, por las dudas que hay sobre su labor en las elecciones. Un lío de tierras que se explica en parte, según expertos, porque aún no existe un registro catastral ni un registro de propiedades públicas.
Por fmorales@elespectador.com / @elmoral_es
