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En operativo policial, las autoridades desarticularon un “holding criminal” presuntamente dedicado a certificar a integrantes de grupos armados y como escoltas; algunos de ellos serían integrantes de organizaciones como el Clan del Golfo.
Según informó la Policía Nacional, tres empresas que operaban en Bogotá, Barranquilla, Doradal, Ibagué, Neiva y Villavicencio harían parte de una red criminal que alquilaba armas de fuego a grupos armados y organizaciones criminales, y vinculaba a criminales de estructuras como el Clan del Golfo en calidad de escoltas y coordinadores de escoltas.
Hasta el momento se sabe de tres empresas vinculadas a esa red ilegal: Pretorian Security Ltda., Securbel Ltda., y Seguridad Sara Ltda. Todas fueron allanadas en un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
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Durante el operativo, las autoridades capturaron a tres personas (incluidos dos exoficiales de la Policía) señaladas de estar al frente de estas empresas, dirigir las prácticas irregulares y estar vinculados a la red de apoyo de grupos armados y criminales. Se trata del coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva y el civil Jorge Osvaldo Castaño Galindo.
El modus operandi
Según la información entregada por la Policía Nacional, la principal función de las empresas allanadas era servir como fachada para facilitar la acción criminal de los grupos armados. “La investigación demostró que estas empresas vinculaban a criminales como falsos empleados de vigilancia privada, proveyéndoles armas amparadas legalmente para evitar la acción de las autoridades”.
Más allá de entregar armas y certificados a los grupos armados, las empresas de seguridad habrían armado todo un negocio ilegal con cobros establecidos para suplir los intereses de los criminales. Según las investigaciones de las autoridades, cobrarían una matrícula que estaba entre 10 y 40 millones de pesos para ingresar a los integrantes de organizaciones como el Clan del Golfo a su nómina.
Además, cobrarían una pensión mensual de entre tres y diez millones de pesos para permitir que los integrantes de grupos armados tuvieran acceso a armas con salvoconducto, logotipos y carnetización de las empresas de seguridad.
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“Eran vinculados como escoltas y coordinadores de escoltas, recibiendo las armas y salvoconductos para transportarlas en el territorio nacional de manera ‘legítima’”, señaló la Policía Nacional.
La protección que adquirían los integrantes de grupos armados vinculados a este “holding criminal” posibilitaba que las armas estuvieran blindadas ante incautaciones en diligencias de las autoridades. “Las empresas las recuperaban relativamente fácil debido a que se encontraban amparadas con los documentos exigidos por la ley”, señaló la Policía.
Tras revisar los documentos relacionados con las listas de funcionarios de las empresas de seguridad, encontraron que “60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales y algunos de ellos habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia”.
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Otras de las organizaciones criminales que serían clientes de la red de empresas de seguridad serían La Costru, una estructura armada que hace parte de los Comandos de Frontera y opera en el departamento del Putumayo; la banda Los Rastrojos, con presencia en el mismo departamento; y la banda Los Rolos, que controla el negocio del microtráfico en algunos sitios estratégicos de Bogotá.
Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades incautaron más de 100 armas de fuego. Estas “serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, dijo el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.
Ocho bienes inmuebles serán objeto de extinción de dominio y los capturados tendrán que responder por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
*Nota de la editora: la imagen principal de esta nota fue actualizada a solicitud de la Academia de Seguridad ASVES, luego de aclarar que dicha institución no está relacionada con la expedición del certificado de escolta de Oliverio Isaza Gómez, conocido con el alias de “Terror”, ni de ningún miembro del Clan del Golfo. La imagen difundida inicialmente correspondía a la certificación de Oliverio Isaza Ramírez, quien no tiene antecedentes judiciales.
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