En diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Cundinamarca emitió un fallo condenatorio en contra de Odebrecht y Episol (filial de Corficolombiana- Grupo Aval) en el cual les ordenó pagar una multimillonaria multa de $800.156 millones por los hechos de corrupción en la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol tramo II. El Consejo de Estado acaba de admitir la apelación de esta decisión que Odebrecht y Episol (socias en la construcción de esta obra), entre otras personas implicadas en este asunto, interpusieron en su momento.
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La apelación también fue realizada por tres de los peces gordos de la constructora en Colombia, conocidos como "los tres Luises": Luis Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia; Luis Mameri, vicepresidente de la compañía en Latinoamerica y Luis da Rocha Soares, exejecutivo de la multinacional que manejaba la oficina de sobornos. Asimismo, apeló el fallo Jose Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, quien en abril pasado fue condenado por su conocimiento y aprobación del soborno que recibió el exviceministro Gabriel García Morales para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de la Ruta del sol 2. En el fallo del Tribunal, los brasileros y Melo fueron condenados patrimonialmente.
En la Concesionaria Ruta del Sol, sociedad encargada de adelantar las obras de la Ruta del Sol II, además de Odebrecht y Episol (Corficolombiana- Grupo Aval) participaba CCS Constructores, la empresa del Grupo Solarte que salió involucrada en el Carrucel de la Contratación en Bogotá. Esta también apeló el fallo emitido por el Tribunal Superior de Cundinamarca. En marzo pasado Paola Solarte, hija del reconocido ingeniero Carlos Solarte y dueño de CCS Constructores, fue condenada a seis años y medio por su participación en las irregularidades que se dieron en la celebración del contrato Tunjuelo- Canoas, obra que tenía como fin descontaminar del Río Bogotá.
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La multa de 800.000 millones de pesos es ocho veces mayor a la propuesta que hace más de ocho meses presentó la firma brasileña a las autoridades colombianas a cambio de inmunidad total. La propuesta se centraba en pagar $109.000 millones (US$33 millones) para no tener que asumir su responsabilidad en los procesos penales y administrativos que se adelantaban contra los exdirectivos de Odebrecht. Con argumentos fundamentados, el Estado se negó a ese acuerdo
En la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca también se estableció que se deberá crear un Comité para la Verificación del cumplimiento de la sentencia, del cual hará parte el procurador general, el ministro de Transporte, el presidente de la ANI, el director del Invías, un representante de la Contraloría y uno de la Defensoría del Pueblo. El objetivo es que este equipo vele por el pago de la multa y que los recursos se inviertan exclusivamente en la Ruta del Sol 2 para garantizar su terminación, pues se trata de uno de los corredores viales más importantes para el desarrollo de Colombia al unir el centro del país y la Costa Caribe.
El origen de la acción popular
Este asunto nació en enero de 2017, cuando el procurador general, Fernando Carrillo interpuso una acción popular para que se suspendiera definitivamente el contrato de la Ruta del Sol 2 que Odebrecht y su socio Episol, filial de Corficolombiana, obtuvieron pagando sobornos a García Morales, el exviceministro del segundo gobierno de Álvaro Uribe y que estaba a cargo del Instituto Nacional de Concesiones (INCO).