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La Procuraduría General de la Nación confirmó recientemente la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años al exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por irregularidades en un contrato de $11.651 millones para el diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la capital de La Guajira.
El Ministerio Público ya había tomado la decisión en primera instancia de inhabilitarlo a inicios de septiembre. Según los argumentos de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, las acciones de los funcionarios incidieron en deficiencias para la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
“El órgano de control estableció que la contratación de los trabajos se realizó sin que se detallara debidamente el plan de obras e inversiones a ejecutar, ni se efectuó un análisis adecuado que estableciera la obligación de prestar los servicios públicos domiciliarios en el área rural de la ciudad”, detalló la Procuraduría.
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Junto a Bermúdez también fueron sancionados otros tres exfuncionarios de la administración implicados en el caso. Keyder Freyle Sarmiento, exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, y Ronald Neil Pérez Ojeda, exdirector de contratación, fueron destituidos e inhabilitado por diez años. La sanción para Edén Elí Moscote Roys, extesorero municipal, será de nueve años.
Pérez y Moscote estuvieron en la etapa precontractual de la licitación pública para intervenir el sistema de acueducto y alcantarillado. Ellos tuvieron la responsabilidad de evaluar las propuestas presentadas por los oferentes y recomendar la propuesta hecha por Promesa de Sociedad Futura Aqualia Riohacha. Al hacerlo, según la Procuraduría, habrían infringido el principio de transparencia para la contratación.
“Tampoco se especificaron la infraestructura y los bienes a revertir por el anterior concesionario y que pasarían al nuevo operador, situación que representaba un riesgo para la prestación del servicio de una manera adecuada, continua y eficiente”, señaló el Ministerio Público sobre el accionar de los funcionarios en el contrato.
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El ente también detalló en su confirmación de la sanción que el exalcalde fue “una falta gravísima cometida con dolo”, pues no se estableció una veeduría o figura de vigilancia para la contratación. Además, no se planteó “lo necesario para propiciar un adecuado desarrollo del funcionamiento y expansión del servicio público de acueducto y alcantarillado”.
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