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24 Mar 2022 - 10:20 p. m.

Destituyen e inhabilitan a fiscal que abusó sexualmente de menor de edad

Los hechos ocurrieron en 2014, cuando el menor de edad fue encontrado robando. La Comisión de Disciplina determinó que Jesús Bustamante Taborda, aprovechando su posición de poder, violentó al adolescente para concederle, irregularmente, la libertad.
Menor de edad
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Tomada de Pixabay
Imagen de referencia. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, entre 2019 y 2021 quedaron registradas 32.791 denuncias en la Fiscalía por delitos relacionados con abuso sexual.
Imagen de referencia. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, entre 2019 y 2021 quedaron registradas 32.791 denuncias en la Fiscalía por delitos relacionados con abuso sexual.
Foto: Tomada de Pixabay

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 14 años al fiscal Mario de Jesús Bustamante, quien según la investigación abusó sexualmente de un menor de edad en 2014 en Tarazá (Antioquia). El hombre habría aprovechado su posición de poder para violentar al entonces adolescente de 14 años, quien había sido encontrado robando. A través de la agresión le concedió, de manera irregular, su libertad. Se encontró que, incluso tiempo después, el fiscal le ofreció dinero a la víctima y a su familia para que cambiaran su versión.

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Según denunció la víctima, el abuso ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando fue llevado para su judicialización porque “según el informe de policía había sido capturado en flagrancia por el delito de hurto calificado”, consta en el expediente. La Comisión sostiene que el menor de edad fue dejado en libertad sin realizar los trámites correspondientes, después de que el hombre de 46 años para ese entonces, “se encerrara con él en su oficina y lo constriñera a llevar a cabo actos de contenido sexual como tocamientos en diferentes partes del cuerpo”.

En enero de 2015, el menor de edad fue nuevamente capturado y en esa ocasión le manifestó a los funcionarios del CTI lo que había ocurrido tiempo atrás con el fiscal Mario de Jesús Bustamante Taborda. El caso tuvo dos giros unos meses después. El primero se dio en septiembre de 2015, cuando el adolescente cambió su testimonio y dijo que los señalamientos que hizo en contra de Bustamante eran falsos, por lo cual las autoridades tuvieron que desistir de hacer audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del fiscal.

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El segundo giro fue en junio de 2016, un año después de los hechos de abuso sexual, cuando el joven dijo que la versión que entregó meses antes fue porque un representante de Bustamante los visitó a él y a su madre para ofrecerles dinero. Todo con el fin de que cambiara la versión que señalaba al fiscal como agresor. En su testimonio, la madre del menor asegura que cuando fue a recoger a su hijo en el despacho del fiscal, lo notó raro, pero él no le contó nada de lo ocurrido sino hasta el día siguiente.

Uno de los patrulleros que capturó al joven la primera vez, también dio su testimonio y aseguró que la víctima había sido capturado en flagrancia, por lo que fue conducido al despacho del fiscal de turno, quien les pidió a él y a otro uniformado salir de la oficina. Horas después, asegura el patrullero, el fiscal salió y les dijo que pasaran por la orden de libertad del menor, algo que le pareció sospechoso al uniformado porque es un procedimiento que no demora más de 15 minutos.

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Consta en el expediente que el menor y su madre aceptaron cambiar el testimonio por $5′000.000 que les fueron entregados por partes. Inicialmente, se entregó $1´500.000 antes de la audiencia en la que se cambió el testimonio y el restante se entregó en pequeñas cuotas de $300.000 y $500.000. Según los testimonios recopilados en el documento, la mujer gastó parte de ese dinero en ropa y comida para sus hijos, mientras que el joven lo destinó “en marihuana y cigarrillos”.

A pesar del intento del fiscal por cambiar la versión del entonces menor, el caso avanzó y en primera instancia fue encontrado responsable de los actos violentos contra el joven y fue destituido e inhabilitado por 14 años. Luego, apeló la decisión porque, a su parecer, “los testigos policiales no fueron objetivos ni imparciales y habría sido irregular la valoración de las pruebas en su contra. El caso, ya en segunda instancia, aterrizó en el despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual le dio, esta semana, la misma respuesta, confirmando la sanción.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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