La Procuraduría anunció que sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. Según el ente de control, el funcionario modificó la lista de elegibles a cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, sin ninguna justificación. Además, el funcionario incluyó en estos listados a personas que no habían participado en la convocatoria.
Sumado a esto, la Procuraduría también lo halló responsable de exigir a las cajas de compensación, que eran vigiladas por la entidad, contribuciones económicas. Según la investigación, el funcionario solicitó un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca. El órgano de control encontró que el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley.
Además, para el ente de control, Pérez actuó con pleno conocimiento de que sus acciones eran ilícitas, pues es abogado y conoce las leyes que rigen este tipo de procesos. La Procuraduría expuso que el superintendente sabía que “entre los fines de la entidad no estaba la de solicitar el dinero a las cajas de compensación familiar, las que son vigiladas y controladas por él”, así como tampoco podía pedir apoyos solidarios. Este tipo de solicitudes sucedieron en diciembre de 2022 en las instalaciones de CAFAM, según expuso el ente de control.
El funcionario ya había sido suspendido provisionalmente por tres meses en noviembre del año pasado por este mismo caso. En ese momento, la Procuraduría expuso que el funcionario habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros. Esto debido a que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria que realizó inicialmente, con lo que logró incluir nuevos aspirantes a la lista de elegibles.
Además, consideraron que este tipo de peticiones se pudieron “entender como una orden para las cajas de compensación, debido a las funciones que vigilancia y control que Pérez Casas ejercía sobre ellas”, concluyó el Ministerio Público.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.