Para entender el fenómeno de la parapolítica podría repasarse el fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia, de 2010, contra el político Álvaro El Gordo García. Fue senador, representante a la Cámara y mano derecha de “paras” de la talla de Salvatore Mancuso, en la creación del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. En 2018 entró a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como Agente del Estado no Integrante de la Fuerza Pública. Tres años después, ha intentado usar la JEP como un nuevo juez, negando los hechos probados por los cuales fue sentenciado. Una sala acaba de expulsarlo pues, como lo advirtió la Procuraduría, su aporte a la verdad no fue el esperado.
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El Gordo García es responsable de un crimen atroz: la masacre de Macayepo (Bolívar), en el 2000, cuando 12 campesinos fueron asesinados a sangre fría a manos de los “paras” de Rodrigo Mercado, alias Cadena. Tiene en su contra una condena de 40 años de prisión por ese episodio del conflicto armado, uno de los procesos que terminaron en la JEP luego de que, en 2021, fuera aceptado su sometimiento. Sin embargo, la Procuraduría apeló ese trámite, aduciendo que El Gordo García ha expresado oficialmente que la justicia ordinaria se equivocó con él. Partiendo de ello, para el órgano de control, no se puede aportar a la verdad o reparar a las víctimas.
La Corte Suprema consideró, en una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada (el punto final), que desde 1997 El Gordo García se reunió con los más sanguinarios paramilitares para crear y mantener un grupo armado financiado por él. “La sentencia penal evidenció la relación cercana del entonces congresista con alias Cadena y con otras personas próximas al paramilitarismo. Las pruebas mostraron que, alrededor del año 2003, García y alias Cadena se encontraban frecuentemente en fincas de la región”, señaló la sección de Apelación de la JEP. Incluso, que tras la desmovilización de las Auc, los votos en la costa de El Gordo cayeron en picada.
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El Gordo García fue condenado por concierto para delinquir, homicidio y peculado por apropiación. Sin embargo, en un formulario de 2019, explicando su compromiso de aportes a la justicia transicional, se abstuvo de manifestar que fue declarado responsable por tales cargos. Sobre la masacre de Macayepo, aseguró que “se supone” que es el determinador del crimen. En el último documento que presentó, dijo que su relación con los paramilitares inició en 2002, siendo que la justicia ordinaria ya ha confirmado que las reuniones comenzaron en la década del noventa. Es más, ha mencionado que “mucho de lo consagrado” en la sentencia “contrasta con la verdad”.
“El solicitante no reconoce responsabilidad por ninguna de las conductas por las que lo condenó la Sala de Casación Penal y lo sancionó la Procuraduría. Por el contrario, presenta una versión opuesta y exculpatoria frente a su participación. El sometimiento a la JEP no puede, pues, convertirse en un espacio para que los Agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública condenados por la Corte Suprema de Justicia –que no solicitan la revisión de sus condenas—invoquen su inocencia respecto de las conductas cubiertas por la cosa juzgada penal ordinaria. O para cuestionar los medios de prueba, o poner en duda el razonamiento probatorio”, reseñó la sección de Apelación.
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Tal sería el desface entre las promesas y las confesiones de El Gordo García, que ha ofrecido encender el ventilador por hechos distintos a los retratados en su condena. La Sección de Apelación le puso de presente que su ofrecimiento debería sustentar de una manera veraz y detalla sus antiguas relaciones con los grupos paramilitares. Cuáles eran los beneficios que les proporcionaba. Cuáles eran los favorecimientos que obtenía él, como político, a cambio. Sus aportes deben superar lo que ya se sabe en la justicia ordinaria, para luchar contra la impunidad de los peores crímenes y, así, fortalecer las garantías de no repetición, según la Sección de Apelación.
El Gordo García propuso la creación de una fundación para la reconstrucción de memoria histórica, cuyas actividades consistirían en abrir espacios de conversación con las comunidades, con su presencia. No obstante, la JEP le respondió que si su aporte a la verdad es negar su responsabilidad, las víctimas no podrían esperar otra cosa diferente en esos actos de reparación. “No se hace memoria histórica con relatos que intentan encubrir una realidad ya revelada por la Corte Suprema de Justicia en un procedimiento válido y en una sentencia ejecutoriada, o que buscan negarla o sembrar dudas sobre ella”, concluyó.
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A la Sección de Apelación le llamó la atención, por otro lado, que El Gordo García negara constantemente su participación en el asesinato de la señora Georgina Narváez Wilches, quien representa otra condena contra el político. Se trataba de una testigo electoral, en 1997, para cuando resultó electo el también condenado por parapolítica Eric Morris Taboada como gobernador de Sucre. Un aliado de García. Narváez denunció presunta manipulación del sistema de la Registraduría, por lo cual Morris Taboada resultaría electo. Entonces, según confesó un antiguo escolta de El Gordo García, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, el exsenador determinó la muerte de la testigo. Fue asesinada frente a su casa, el 19 de noviembre de 1997.
“Según García, la condena que le impuso la Corte Suprema por estos hechos ‘carecen de un piso jurídico fuerte’, toda vez que las declaraciones de alias Pitirri, en las cuales se basó, en realidad eran falsas. Opina que, según la condena dictada por un juzgado penal contra uno de quienes cometieron materialmente el homicidio, puede decirse que este fue ‘más un crimen pasional que un crimen político’, en cuya ejecución no aparece en absoluto la intervención de García. Y agrega: ‘la Corte lo que hizo fue acomodar un sin número de situaciones para así lograr la condena contra Álvaro García, dando luz de verdad a las mentiras de Castillo Peralta’”, agregó la Sección de Apelación.
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En conclusión, de El Gordo García la JEP esperaba mucho más de lo que ha explicado para intentar sostener su admisión. Así las cosas, la Sección de Apelación revocó la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que le había abierto las puertas al parapolítico. Se esperaba que ampliara la información que ya se conoce, por ejemplo, del exgobernador sucreño Salvador Arana, quien sentenció a muerte al exalcalde Eudaldo Díaz por criticarlo y develar sus relaciones con las autodefensas. Álvaro El Gordo García, un hombre que se negó a detallar la alianza paramilitar y gubernamental de los años 2000.
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