“Es carreta”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, durante la audiencia de acusación adelantada en su contra en la mañana del 13 de noviembre. Ante el juez quinto especializado de Bogotá, la Fiscalía detalló los 17 hechos criminales en los que habría participado el también llamado “zar del contrabando”, acusado por dos delitos: concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer.
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Una movida de la justicia que destraba el expediente contra el hombre prófugo en Portugal y señalado de liderar una poderosa red de contrabando que “corrompió” a funcionarios públicos para ingresar millones de pesos en contrabando por los puertos de Cartagena y Buenaventura.
Aunque las autoridades tienen registros judiciales del actuar criminal de “Papá Pitufo” desde hace al menos 32 años, solo hasta el año pasado fue abierta formalmente una investigación penal en su contra. Registros de prensa de los años 90, por ejemplo, lo relacionan en el mundo de la mafia con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali.
Durante esa época, Marín Buitrago habría gestionado el ingreso de electrodomésticos forrados en dólares, producto del narcotráfico, que luego eran lavados en el mercado negro de divisas. Documentando sus andanzas criminales, en 2024 la Fiscalía abrió un proceso en su contra, por hechos presuntamente ocurridos entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
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Según las investigaciones, “Papá Pitufo” sería el líder de una red criminal dedicada al contrabando de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos, que operaba desde los principales puertos de Colombia, especialmente los de Cartagena y Buenaventura. Para mantener a flote su negocio ilegal, dijo la Fiscalía, Marín Buitrago habría contactado a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), a los que incluso les ofreció salarios mensuales.
Presuntamente pagaba COP 3.500.000 para los patrulleros y cinco millones de pesos para los oficiales en cargos administrativos. Según el ente investigador, esas coimas eran para que los uniformados “miraran para otro lado” y dejaran entrar los millonarios cargamentos ilegales.
El caso estaba frenado por una apelación del abogado de Marín Buitrago, que fue resuelta el pasado 27 de junio por un juzgado de Bogotá. Esa decisión le dio vía libre a la acusación en la que la Fiscalía señaló que, en los siete meses en los que se concentró la investigación, se adelantaron al menos 17 reuniones irregulares con uniformados de la Polfa.
El objetivo de esos encuentros en hoteles y restaurantes de Bogotá, Cali y Cartagena era “corromper” a los funcionarios mediante el ofrecimiento de dinero en efectivo, celulares de alta gama y vehículos de lujo. La fiscal 44 especializada, que tiene a su cargo la investigación contra el zar del contrabando, dijo que “Papá Pitufo” participó directamente en al menos cuatro de esos encuentros y en los otros lo habría hecho a través de terceros.
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La Fiscalía documentó que “Papá Pitufo” habría intervenido en 13 entregas de dinero, que sumaron COP 915 millones; tres entregas de celulares y una de un vehículo. En total, habría pagado COP 1.019 millones en coimas. Los encargados de repartir el dinero ilegal a los policías eran, según el ente investigador, “miembros de la organización que fungían como enlaces o pupilos”.
Entre ellos aparecen los nombres de Juan Francisco Solano Barrero, conocido como alias “Pacho”, quien entraba contrabando por Cartagena y pagaba nóminas ilegales a policías; Ricardo Orozco Baeza, líder de la organización criminal en Buenaventura y encargado de ofrecer y entregar dádivas a los uniformados que trabajaban en el puerto del Valle del Cauca.
También fue señalado el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, quien era oficial activo de la Polfa y, al parecer, era “intermediario de Diego Marín Buitrago con los líderes de la organización”. Según la Fiscalía, “informaba los cambios de personal, tomaba contacto con el servidor asignado y concretaba las primeras reuniones con los líderes de la organización”.
Asimismo, fue mencionado el teniente coronel en retiro Alexander Galeano Ardila, supuesto “intermediario de los líderes para contactar enlaces de los funcionarios y cooptarlos”. Y José Helí Alzate Moncayo, exuniformado de la Polfa, quien habría sido “pupilo de esta red criminal, transportando y entregando cuantiosas sumas de dinero por el territorio nacional, destinadas a pagos ilícitos para funcionarios públicos”.
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Otra de las particularidades resaltadas por el ente investigador fue que, ante cambios de personal de la Polfa en los puertos o en ciudades de importancia logística como Pereira, el “zar del contrabando” ordenaba contactar anticipadamente a los nuevos funcionarios y “les daba la bienvenida con sobornos, para que se comprometieran con sus negocios ilegales desde antes de posesionarse.
Para el ente investigador, la participación directa o indirecta de “Papá Pitufo” en los 17 hechos criminales expuestos es suficiente para comprobar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
“Diego Marín Buitrago actuó con dolo, porque sabía de la ilicitud de su conducta”, concluyó la Fiscalía. Fue así como “Papá Pitufo” salió de Colombia a comienzos de 2024. Con su doble nacionalidad ingresó a España, donde las autoridades registraron varios cambios de domicilio, según ha dicho la justicia durante el proceso, para despistar a las autoridades.
Fue detenido el 5 de abril de 2024 por una Orden Internacional de Detención de Colombia. Sin embargo, quedó en libertad condicional mientras avanzaba el proceso de su extradición. En ese tiempo se fugó a Portugal, donde fue retenido, una vez más, el 3 de diciembre de 2024.
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Desde allí, Marín Buitrago dijo que no enfrentaría el proceso penal. Incluso, en la decisión que destrabó su acusación, se supo de una declaración en la que aseguraba: “No me someto a la jurisdicción colombiana”. En junio pasado, una jueza lo declaró en contumacia o rebeldía, medida que ha permitido avanzar en el proceso sin que esté presente.
De allí lo sorpresivo de que durante la audiencia de acusación apareciera un par de minutos frente a la cámara, junto a su abogado, John Villamil. Aunque su extradición ya tiene luz verde de Portugal, falta resolver una solicitud de asilo. Y pese a no estar en el país, “Papá Pitufo” irá a juicio por presuntamente “corromper” a las autoridades con el objetivo de contrabandear y enriquecerse ilegalmente.
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Por Gustavo Montes Arias
