Desde el aire, los ríos del Chocó se ven como manos entrelazadas en la selva. A la orilla del Atrato, las construcciones de mediana altura de Quibdó se apiñan al filo del agua. En sus calles hay inquietud y por mucho que los poco más de 605.000 habitantes censados por el DANE se empeñen en mantener serenos, es imposible dejar de lado una realidad que se repite a voces: el Chocó está en guerra.
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La disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo tiene a la población en medio del fuego cruzado, amenazados por las minas o bombas, confinados o desplazados. En el último consejo de seguridad realizado allí, que se llevó a cabo en Quibdó el pasado 22 de febrero, los representantes del Gobierno Nacional redactaron una larga lista de compromisos con el departamento. Los mandatarios locales piden que esa hoja de ruta se materialice con acciones reales.
“Hoy el Chocó es un fortín de guerra. En efecto, hay una disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo”, dijo la gobernadora Nubia Córdoba durante la reunión. En su balance del último paro armado de la guerrilla, declarado entre el 18 y el 21 de febrero y el décimo que vive el departamento en los últimos dos años, la mandataria reseñó las múltiples manifestaciones violentas que tienen su origen en la influencia de negocios como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de madera, así como en una histórica falta de intervención social del Estado. El constreñimiento, que duró 72 horas, causó el confinamiento de 5.910 personas, que se sumaron a la cifra de 3.600 desplazados por los combates de febrero.
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En los municipios de Unión Panamericana, Istmina, Medio San Juan y Sipí hubo desplazamientos no masivos. Retuvieron a un gobernador indígena y dos menores de edad fueron reclutados en comunidades indígenas. Tres personas fueron secuestradas y solo una fue liberada.
En San José del Palmar hubo un ataque a una misión médica y a la difícil situación de violencia se suma la pérdida de su única vía terrestre, que comunica al municipio con Cartago (Valle), por cuenta de las lluvias. La ayuda humanitaria ha tenido que ser llevada en helicóptero hasta la zona. Por el cierre de 47 sedes de 13 instituciones educativas, 2.437 niños y jóvenes se quedaron sin clases. Las subregiones del medio San Juan y el Atrato fueron las más afectadas.
La gobernadora Córdoba denunció además que la guerra entre Clan del Golfo y ELN está teniendo alcance hasta la capital del departamento, donde la disputa es entre grupos delincuenciales como Los Mexicanos y los Locos Yam. “Los dos grupos están financiando la guerra entre las bandas en Quibdó”, dijo la mandataria.
Por su parte, el alcalde de ese municipio, Rafael Andrés Bolaños, manifestó que teme que en el Chocó la situación escale como en el Catatumbo, un llamado en el cual también la gobernadora ha sido insistente. “El Chocó ha sido visto más por los grupos delincuenciales que por las autoridades”, dijo.
Lamentó que solo los ministerios de Defensa e Interior estuvieran en la reunión y que faltaran “funcionarios de alto rango que trabajan en las líneas sociales”, como salud, educación y trabajo. Esto demostró la desarticulación al interior del gabinete de Petro. Misma que quedó en evidencia durante el consejo de ministros del 4 de febrero, cuando el exministro de Defensa, Iván Velásquez, habló de la falta de coordinación del gobierno como una de las causas de haber fallado en la retoma de El Plateado (Cauca), en octubre de 2024.
Y no es para menos. Según la Gobernación del Chocó, el departamento tiene un índice de pobreza monetaria del 67.7%, el más alto del país. Jaime Arturo Herrera, alcalde de El Carmen de Atrato, le dijo a los representantes del gobierno que en su municipio la única salida para los jóvenes, especialmente los que pertenecen comunidades indígenas, es tomar las armas. “Del hambre que tienen, los indígenas se están metiendo a la guerrilla por plata”, dijo.
A eso se suman las deficientes condiciones de seguridad para los mandatarios, en una zona en la que no hay garantías y donde él mismo sabe que es “objetivo militar por apoyar a las autoridades”. En noviembre de 2024 fue víctima de un atentado con explosivos en su vivienda, del cual salió ileso.
El alcalde le expresó a José Calixto Mejía, asesor enviado en representación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no tiene un esquema de seguridad que responda a su nivel de riesgo.
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La entidad le asignó un vehículo en malas condiciones, lo mismo que denunció Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó. Palacios dijo que el pasado 28 de enero viajó a Bogotá para pedir medidas de seguridad, pero en la UNP lo atendieron “como a un mendigo”. Agregó que en el departamento es necesario aumentar el despliegue de inteligencia por parte de las autoridades, un reto que tiene pendiente especialmente el general Carlos Fernando Triana, nuevo director de la Policía y quien también hizo presencia en la reunión.
El alcalde de Río Quito, un municipio en el que tres veces ha sido rechazado el proyecto para mejorar la estación de Policía que tiene en la actualidad, construida en madera y en malas condiciones, pidió que el consejo de seguridad ampliado no sea una rendición de cuentas, sino un espacio de soluciones concretas
A su petición se sumaron Alexander Córdoba, procurador regional del Chocó; y Jairo Antonio Murillo, alcalde de Sipí. “Uno viene a estas reuniones desde donde se está viviendo la guerra crudamente, con la esperanza de retornar a su pueblo y decirle a la gente cuáles serán las soluciones”, dijo el alcalde Murillo.
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Al final del encuentro, las autoridades plantearon una hoja de ruta para atender la crisis. Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social, anunció que se destinará un millón de dólares del Fondo Multidonante del Ministerio del Interior para avanzar en las misiones de desminado humanitario, pues solo en el norte del Chocó se han desactivado más de mil de estos artefactos durante el último año.
Habrá una serie de reuniones esta semana para buscar salidas al dominio de los grupos armados sobre la minería ilegal; un asunto clave porque el Chocó produce el 14% del oro de Colombia. También habrá reuniones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender la crisis de hambre que se vive en muchas poblaciones, especialmente en comunidades indígenas.
La gobernadora del Chocó anunció que, junto a la Policía Nacional, se consolidará el proyecto de instalación de cámaras de seguridad para Quibdó, financiado con las regalías del departamento. También se firmará el Pacto Territorial del Chocó con el Ministerio del Interior, para facilitar la llegada de recursos.
El almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, anunció que llegarán 186 nuevos soldados del Ejército para reforzar la seguridad y con la Armada Nacional llevarán 17 botes nuevos para pasar del 45% al 60% del control fluvial en el departamento. Un anuncio que tendrá que esperar hasta junio u octubre de este año, pues las embarcaciones aún están en construcción. Los chocoanos solo esperan que esa lista de tareas pendientes no quede en el aire ni se olvide en medio del fuego de la guerra.
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Por Gustavo Montes Arias
