Sigue la preocupación en Cauca por el reciente secuestro de nueve contratistas, a manos de las disidencias de las Farc. Se trata de Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
Los nueve funcionarios estaban llevando oferta institucional a la zona en la que se desarrollan operaciones del Ejército Nacional, concretamente en la región del cañón del Micay. Fueron retenidos sobre las 4:00 de la tarde del jueves 17 de julio. Poco después, la facción disidente comandada por alias “Iván Mordisco” emitió un comunicado en el que se atribuyó la responsabilidad del hecho.
Según la información recopilada hasta el momento, las siete mujeres y los dos hombres son contratistas de la Gobernación del Cauca. Así lo confirmó el propio mandatario regional, Octavio Guzmán: “Llevaban oferta institucional a comunidades en condición de vulnerabilidad. La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”.
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El hecho se presentó cuando los contratistas estaban en el municipio de López de Micay, “cumpliendo una misión humanitaria y social, acercando una oferta institucional a las comunidades más apartadas del departamento”, según indicó la Gobernación del Cauca por medio de un comunicado. El trabajo que desarrollaban allí estaba articulado con las Juntas de Acción Comunal.
Mientras tanto, las disidencias de las Farc, concretamente el Estado Mayor Bloque Occidental, señaló en el comunicado en el cual aceptaron la responsabilidad del hecho que los funcionarios “estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional”. Estos equipos, según el grupo armado, tendrían el objetivo de derribar drones.
Las disidencias incluso agregaron en su comunicado que los equipos habrían sido comprados a través de un proyecto y un contrato celebrado por la Gobernación del Cauca, que tiene el objetivo de ejecutarse en todos sus municipios y habría costado al menos $4.100 millones. No obstante, esos detalles contractuales no han sido confirmados por la administración departamental.
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En su lugar, el gobernador Guzmán pidió que se respete la vida de los funcionarios y sean liberados. “Lo ocurrido en López de Micay es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Los funcionarios y contratistas secuestrados son civiles, padres, madres, hijos, hermanos, que solo buscaban servir a las comunidades más necesitadas del Cauca”, dijo.
Además, pidió apoyo de la Cruz Roja y organismos humanitarios e internacionales para la liberación de los funcionarios. La Defensoría del Pueblo se sumó a las voces de rechazo por el hecho. Además, manifestaron su disposición para tender un puente humanitario y lograr “su pronta liberación en condiciones que garanticen su salud y bienestar”.
“Pedimos la liberación inmediata y sin condiciones de siete mujeres y dos hombres, contratistas de la Gobernación del Cauca, quienes fueron privados de la libertad por las disidencias del ‘Estado Mayor del Bloque Occidental’ en el municipio de López de Micay, Cauca. Hacemos un llamado urgente al respeto por su vida, integridad y dignidad”, señalaron desde la entidad.
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No es la primera vez que las disidencias de “Iván Mordisco” ejecutan un secuestro colectivo de esta magnitud. Entre el 4 y el 6 de abril, en el departamento de Guaviare, las familias del líder social Nixon Peñaloza, el pastor James Caicedo, los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, los hermanos Jesús Valero y Carlos Valero, Maryuri Hernández y Óscar Hernández los reportaron como desaparecidos.
Las ocho personas habían sido citadas a una reunión por parte de las disidencias de las Farc, en el municipio de Calamar. Fueron secuestradas por ese grupo al margen de la ley y, según ha logrado establecer la Fiscalía, después de un interrogatorio sobre su presunta relación con una célula del Ejército de Liberación Nacional (Eln), fueron asesinados.
Durante dos meses y 27 días, sus familias los creyeron secuestrados. Tenían claro que las disidencias de “Iván Mordisco” estaban detrás del hecho y los esperaban con vida. Sin embargo, en la tarde del martes primero de julio, los cuerpos sin vida de los ocho campesinos fueron hallados en una fosa común, en zona rural de Calamar. La Fiscalía ha dicho que la orden de ese crimen fue dada desde el círculo más cercano al líder de la facción disidente.
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Tampoco es el hecho más reciente de las disidencias en Cauca, que involucra a civiles. Ataques con drones, secuestros, extorsiones, retención de uniformados e instalación de explosivos hacen parte de la lista de acciones terroristas que han sido perpetradas por el grupo de “Iván Mordisco” allí. La situación ha sido de especial complejidad en la región del cañón del Micay.
Desde que el 12 de octubre de 2024 las Fuerzas Militares llegaron a la zona con la denominada Operación Perseo, cuyo objetivo era, en principio, recuperar el control y la presencia institucional en la región, las acciones de las disidencias no han parado. Ese grupo armado ha mantenido su ofensiva, intentando a sangre y fuego mantener el control sobre ese enclave cocalero.
Justo el mismo día, un par de horas antes de que se reportara el secuestro de los nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca, en un corregimiento del municipio de El Tambo, dos policías fueron atacados por hombres armados. En el hecho murieron el intendente Willi Walberto Carabalí y el patrullero Fabián Andrés Robayo Rocha, que se sumaron a la lista de cuatro uniformados muertos en la última semana en ese departamento.
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