Disidente del Eln fue excluido de Justicia y Paz por atribuirse un crimen que no cometió

La Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz excluyó a Rafael Antonio Simanca, exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), mejor conocido como El Viejo o Gilberto, de los beneficios del la ley por atribuirse el asesinato del comerciante libanés Jamil Kasser Alí, cuando en realidad no sería responsable. Por este mismo caso está en prisión Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Enilce López, mejor conocida como la Gata.

Según los argumentos del ente investigador, de los 3.052 crímenes que aparecen reportados en Justicia y Paz, cometidos por el ERP entre 1996 y 2007, Simanca reconoció algunos de ellos. Cinco años después incluyó en la lista el asesinato del comerciante libanés, el cual ocurrió el 13 de febrero de 2004 en Magangué (Bolívar). “El exjefe del ERP señaló que ordenó el asesinato porque la víctima se habría negado a pagar extorsiones”, aseguró la Fiscalía.Los hallazgos del ente investigador, sin embargo, indican que no fue así.

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Según lo encontrado por los investigadores el ERP no hizo presencia en Magangué para el año 2004, cuando fue asesinado el comerciante libanés. Además, la Fiscalía afirmó que los familiares de Kasser Alí aseguraron que nunca habían recibido amenazas, ni extorsiones. Así las cosas, el proceso arrojó como presunto responsable del asesinato al desmovilizado William Ramírez Castaño, mejor conocido como Román, exjefe del bloque héroes de los Montes de María de las extintas AUC. Además, el ente investigador recordó que por este crimen fue acusado como coautor Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, cuyo juicio está en etapa preparatoria.

Por todo esto Simanca tendrá que responder ante la justicia ordinaria por las tres condenas que tiene en su contra: 14 años de prisión por entrenamiento para actividades ilícitas en concurso con reclutamiento ilícito; 20 años y 6 meses de cárcel por secuestro extorsivo; y 29 años de prisión por secuestro agravado en concurso con reclutamiento ilícito. “Los postulados que quieran acceder a los beneficios consagrados en la ley de Justicia y Paz, deben cumplir su compromiso de verdad durante todo el procedimiento de la ley 975 de 2005”, aseguró el tribunal.

La Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz excluyó a Rafael Antonio Simanca, exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), mejor conocido como El Viejo o Gilberto, de los beneficios del la ley por atribuirse el asesinato del comerciante libanés Jamil Kasser Alí, cuando en realidad no sería responsable. Por este mismo caso está en prisión Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Enilce López, mejor conocida como la Gata.

Según los argumentos del ente investigador, de los 3.052 crímenes que aparecen reportados en Justicia y Paz, cometidos por el ERP entre 1996 y 2007, Simanca reconoció algunos de ellos. Cinco años después incluyó en la lista el asesinato del comerciante libanés, el cual ocurrió el 13 de febrero de 2004 en Magangué (Bolívar). “El exjefe del ERP señaló que ordenó el asesinato porque la víctima se habría negado a pagar extorsiones”, aseguró la Fiscalía.Los hallazgos del ente investigador, sin embargo, indican que no fue así.

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Según lo encontrado por los investigadores el ERP no hizo presencia en Magangué para el año 2004, cuando fue asesinado el comerciante libanés. Además, la Fiscalía afirmó que los familiares de Kasser Alí aseguraron que nunca habían recibido amenazas, ni extorsiones. Así las cosas, el proceso arrojó como presunto responsable del asesinato al desmovilizado William Ramírez Castaño, mejor conocido como Román, exjefe del bloque héroes de los Montes de María de las extintas AUC. Además, el ente investigador recordó que por este crimen fue acusado como coautor Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, cuyo juicio está en etapa preparatoria.

Por todo esto Simanca tendrá que responder ante la justicia ordinaria por las tres condenas que tiene en su contra: 14 años de prisión por entrenamiento para actividades ilícitas en concurso con reclutamiento ilícito; 20 años y 6 meses de cárcel por secuestro extorsivo; y 29 años de prisión por secuestro agravado en concurso con reclutamiento ilícito. “Los postulados que quieran acceder a los beneficios consagrados en la ley de Justicia y Paz, deben cumplir su compromiso de verdad durante todo el procedimiento de la ley 975 de 2005”, aseguró el tribunal.