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Un nuevo capítulo se conoció en el escándalo desatado tras un artículo de The New York Times que documentó una operación de minería ilegal que estaría vinculada al Clan del Golfo, cerca del Batallón de Infantería 31 Rifles, en límites entre Caucasia y Cáceres (Antioquia). Al parecer, los linderos de la base militar que reporta la Gobernación de Antioquia se extienden más allá de los que reporta la escritura pública del predio de 1988. Es decir, que, hasta no tener una revisión clara de los límites del batallón, surge la duda de si la mina realmente invadió propiedad de la fuerza pública.
En la mañana del 29 de abril, el Ministerio de Defensa lideró una comitiva, junto con otros ministerios y líderes mineros, para comenzar a plantear medidas sobre las actividades de extracción minera ilícita que se hacen en dicho punto de extracción y en los otras cientos que se extienden en más de 2.000 hectáreas de la finca La Mandinga. De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), este predio, que anteriormente fue de paramilitares, en 2013 fue embargado por orden del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de un proceso de Justicia y Paz. Luego, en 2020, fue objeto de extinción y se ordenó que fuera entregado al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
En contexto: SAE dice que mina ilegal cerca a base militar en Antioquia no está bajo su administración
“Vemos una discrepancia entre lo que está publicado en la Gobernación de Antioquia sobre los predios y lo que dice la escritura pública. Según la escritura pública, la actividad de minería tradicional que estaban haciendo unos pequeños mineros, aproximadamente hace alrededor de un mes, sería en predios por fuera del batallón. Pero, según lo publicado en la página de la gobernación, sería por dentro del batallón”, explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a El Espectador.
Según el funcionario, quien visitó la mina que estaría invadiendo al batallón, la situación será “aclarada por los instrumentos judiciales que correspondan, considerando también el uso y la costumbre”. Asimismo, declaró que “cualquiera que sea el caso, es inaceptable que se lleguen a hacer actividades de minería criminal, que es lo que más preocupa. Esa minería criminal yace en causas sociales y económicas. Miles de personas viven de ello y lo hacen a gran escala, en algunos casos causando un desastre natural y generando violencia en el territorio”.
Por fuera del predio La Mandinga y del Batallón Rifles, el panorama de la extracción minera en el Bajo Cauca resulta, en ciertos puntos, devastador. Hectáreas de bosques han ido desapareciendo al paso de extensas áreas de sedimentos de barro y arena, y huecos profundos en la tierra removida con retroexcavadoras, atravesados por mangueras a presión que llevan el agua hasta las pozas donde se lava y extrae el oro. La situación en el río Cauca, al que llegan las aguas del Nechí, es igual de preocupante. En lo que alcanza a abarcar la vista desde un sobrevuelo en helicóptero, navegan más de 50 dragones, estructuras enormes que succionan el lecho de los ríos para extraer oro y vierten contaminantes como combustibles en el agua.
El ministro Sánchez aseguró que, para atender esta situación, “lo primero que haremos será reunirnos con las personas que están haciendo esta actividad y dejarles claro cuáles son los límites. Segundo, avanzar en una solución para que se erradique esa minería como la estamos viendo en esa zona. Comenzando porque ese es un predio que no les pertenece a ellos, sino al Fondo para la Reparación de las Víctimas. Para lograrlo, se van a adelantar varias reuniones, mesas técnicas donde no solamente estarán ellos, sino también todas las instituciones del Estado, para que se construya una solución integral”.
En la primera reunión entre el Gobierno y líderes mineros, que tuvo lugar el jueves 29 en el Batallón de Infantería 31 Rifles, asistió la vicepresidenta de la Asociación Mandinga, Karen Viviana Romero. Ella, como muchos mineros tradicionales de la zona, trabaja sacando oro en el predio La Mandinga. Aunque efectivamente el predio hace parte del Fondo para las Víctimas, unas 162 hectáreas cuentan con un título de formalización minera que permite a su titular realizar minería en el predio. Asimismo, existen 17 solicitudes para iniciar el proceso de formalización.
Karen Romero se define a sí misma como motobombera, es decir, que en su extracción de oro utiliza motores para lavar tierra, un método que, ante los ojos de la ley, ya no sería minería tradicional (legal), porque su proceso ha sido mecanizado y no se limita a utilizar solo picos, palas y bateas. Este punto es la principal tensión que existe entre el Gobierno y líderes mineros, que defienden la mecanización de la minería porque “ya el oro no está en la superficie ni se encuentra a una profundidad de menos de un metro. Eso es algo que venimos hablando con el Gobierno: que ya la pica y la pala no son suficientes y necesitamos innovar. Es en esa mecanización que el Gobierno se tiene que actualizar”, señaló Romero.
La vicepresidenta de la Asociación Mandinga señaló que, al estar la maquinaria tan estigmatizada, se persigue por igual a la maquinaria amarilla, tipo retroexcavadoras, como a otras máquinas “de menor escala”. Bajo estas directrices del Gobierno, Romero cuenta que “muchas veces el Ejército llega donde estamos trabajando y se lleva los motores. Después, uno muestra la factura y se los entregan. Luego, se vuelve a armar otra vez el entable, se arman los motores, la cajonería y otra vez se empieza de cero. Ese es el ciclo”.
Mientras mineros como Karen Romero luchan para que el Estado les permita utilizar maquinaria de menor escala, del otro lado de la situación se encuentran los dueños de retroexcavadoras y dragones, que pueden costar más de COP 6.000 millones y que, de acuerdo con las autoridades, tendrían relación o directamente harían parte de grupos armados como el Clan del Golfo, que domina gran parte del Bajo Cauca.
Pero en el predio de La Mandinga, de acuerdo con Karen Romero, “la mayoría de las personas que trabajamos somos personas humildes, personas de tercera edad que han barequeado toda su vida y ahora ya no tienen la misma capacidad de tumbar la tierra y quedan ayudando en oficios no tan pesados. También hay muchos jóvenes que no encuentran oportunidades en el municipio y, trabajando con nosotros, validan el bachillerato. Porque uno quiere que la persona también sea profesional, aunque así nosotros estemos haciendo un tema ilegal, pero lo llaman ilegal por el modo de extraer; todo lo que tenemos es legal”.
La Asociación Mandinga lleva ya un año constituida legalmente y, según su vicepresidenta, tiene 89 unidades productivas, o entables, en los que trabajan 10 personas por cada uno. “Estamos hablando de más de 900 personas que tienen sus familias. Dependemos mucho de esta economía porque la región no tiene más nada. Aquí no hay una empresa grande que la gente diga que va a trabajar porque le darán prestaciones y un buen sueldo y va a tener una calidad de vida. Y todos merecemos una calidad de vida”.
Con las mesas técnicas entre Gobierno y líderes mineros previstas para hallar una solución a las economías ilícitas que se mueven en La Mandinga, el ministro de Defensa también señaló a este diario que “una de las estrategias en las que vamos a avanzar es colocar una empresa de compra de oro estatal, y es clave que toda la comunidad se una en ello para que la compra la haga el Estado de manera legal y no los criminales”.
De acuerdo con Sánchez, si bien es cierto que agrupaciones como la Asociación Mandinga realizan, en teoría, “minería tradicional, porque lleva ya varios años, ellos solo representan aproximadamente un 30 % de las personas que están trabajando” en el predio. Sin embargo, aclaró el jefe de la cartera de Defensa, “detrás de ello es evidente que, aunque ellos no tengan una relación directa con los carteles del narcotráfico, la minería ilegal beneficia a esos grupos criminales”.
Mientras avanzan los estudios para verificar cuáles son realmente los linderos del Batallón de Infantería 31 Rifles, el ministro Pedro Sánchez aseguró que “paralelamente se adelantarán las investigaciones penales que corresponden” para aclarar posibles responsabilidades o corrupción de militares en el caso del predio La Mandinga. En palabras del funcionario: “aquí hay que diferenciar la cooptación por parte de los grupos criminales y la otra, la omisión respecto a cuidar sus predios. Lo que vimos ahorita es un tema de no cuidar sus predios. Respecto a corrupción o la permeabilización por parte de los carteles criminales, con el comandante del batallón, el coronel Daniel Echeverry, no se tiene información al respecto”.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
