Jorge Arturo Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se pronunció tras el escándalo por la presunta filtración de información que habría realizado uno de los funcionarios de la entidad a las disidencias de las FARC, al mando de alias “Calarcá Córdoba”.
Se trataría de Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, quien, junto al general Juan Manuel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal, habría propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad, que facilitaría al grupo armado su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas con permisos.
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Al respecto, Lemus afirmó que, al igual que el resto del país, se habría enterado de la situación el pasado 23 de noviembre. “Yo, la verdad, hasta anoche me entero. Empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”, aseguró.
Según indicó la DNI a través de un comunicado, la investigación interna será conducida por la Dirección de Contrainteligencia y, paralelamente, se adelantará una “averiguación independiente liderada por la inspectora general del DNI, quien es nombrada directamente por el presidente de la República. Estas actuaciones buscan confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas”.
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Asimismo, la entidad señaló que Wilmar Mejía ingresó el 10 de mayo de 2024 como agente de inteligencia y posteriormente fue designado director de Inteligencia el 20 de febrero de 2025, lo que, según la DNI, indicaría que “los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían ocurrido antes de su vinculación”.
Las graves denuncias, publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, llevaron a que el director anunciara la apertura de una investigación que “no pretende ser exhaustiva, sino efectiva”. Esta información, que vincula a un funcionario activo del Ejército y la DNI, fue hallada tras el análisis de los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura, el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).
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Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos al argumentar que eran gestores de paz. Los documentos incautados llevarían más de un año en manos de la Fiscalía sin avances judiciales.
Por su parte, Camargo señaló, a través de un pronunciamiento enviado a Caracol Radio, que desde la noche del pasado 23 de noviembre están verificando la veracidad de las acusaciones y aseguró que hará un comunicado cuando la información sea confirmada. Por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado.
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