Dos masacres en menos de 48 horas, ¿qué esta pasando en Córdoba?

En San José de Uré, sur de Córdoba, se viven días de terror. Entre el pasado lunes 27 y martes 28 de julio se perpetraron dos masacres en zona rural del municipio. Desde hace dos años, organizaciones sociales como Cordobexia y entidades como la Defensoría del Pueblo vienen alertando sobre el altísimo riesgo que corren los pobladores de esta subregión del departamento en medio de la violenta guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el bloque Virgilio Peralta Arenas, grupos de origen paramilitar que el Gobierno denomina como Clan del Golfo y los Caparros, respectivamente. A este difícil escenario se suma la presencia del Eln y de dos facciones de las disidencias de las Farc.

(En contexto: Los “Caparros” habrían cometido masacre y desplazamiento en Córdoba)

El sur de Córdoba, que incluye los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, es clave para los grupos armados. En esta zona, denominada como el Nudo de Paramillo, hay gran riqueza natural y mineral. Una de las disputas entre caparros y gaitanistas (autodenominación que rechaza la familia del fallecido jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán) es por las minas de oro, ferroníquel, carbón y plata. Además, la región permite acceder al Urabá, en donde sale una buena parte de los alijos de cocaína con dirección a Estados Unidos y Europa, y se trafican armas e insumos para las primeras cadenas del narcotráfico.

En 2018, cuando la extinta guerrilla de las Farc ya estaba por fuera del escenario de la guerra, las Agc empezaron a ocupar los espacios que tres frentes del grupo subversivo controlaban en el sur de Córdoba. Los hombres de Otoniel, el hombre más buscado por las autoridades, empezaron a cometer asesinatos selectivos, reclutamientos de menores, desplazamientos forzados, entre otras acciones ilegales. Como consecuencia de la primera masacre, en la que murieron tres familiares de un concejal de San José, 50 familias tuvieron que abandonar sus viviendas. En junio de 2019, el Ejército también encontró que en el sur del departamento las Agc vienen instalando minas antipersonal.

En San José de Uré y los municipios aledaños opera el autodenominado Bloque Pacificadores de Córdoba y el Bajo Cauca por medio del frente Darío Ávila. Sobre los Caparros se sabe que sus integrantes son hombres que pertenecieron a los bloques Central Bolívar y Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la organización que fue liderada por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso en Córdoba y Antioquia, principalmente. Los habitantes de San José dicen que los Caparros los amenazaron con “mocharles la cabeza” si no se iban. Esa expresión puede estar relacionada con el grupo paramilitar que operó en los años noventa en ese departamento denominado “los mochacabezas”.

(Le puede interesar: Nueva masacre en Córdoba, esta vez atribuida al Clan del Golfo, deja tres muertos)

Este grupo paramilitar, también denominado los Tangueros (porque entrenados en un finca en Córdoba de los Castaño llamada Las Tangas), también operó en el eje bananero durante los noventa y principios de este siglo por ganaderos y bananeros de la región. Una fuente de la Fiscalía le dijo a este diario que en las últimas tres campañas regionales y al Congreso uno de los poderosos clanes políticos de Córdoba forjó una alianza criminal con gente que perteneció a los Tangueros con el fin de presionar a los pobladores para que votaran por sus candidatos.

La Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana de enero de 2020, señaló que un mes antes las Agc dio inicio a un plan macabro en el sur de la región para conservar su poder en la región. En octubre de 2019, los Caparros, subrepticiamente, empezaron a reclutar gente de Otoniel ofreciéndoles “dinero en efectivo para que se vincularan a sus filas como mandos medios o patrulleros. Una vez conocido el plan de su adversario, las Agc, para evitar desertores, conservar lealtades forzadas y garantizar la seguridad de sus integrantes y rentas, procedieron en diciembre de 2019” a asesinar o desplazar personas que a su juicio podrían ser susceptibles de ser permeadas por los Caparros.

También, según el organismo liderado por el defensor del Pueblo Carlos Negret, las Agc formaron un nuevo frente denominado Bajo Sinú encargado de implementar un anillo de seguridad que impida la entrada de los Caparros al departamento y que se habría instalado en el municipio de Planeta Rica. Lo que dicen una fuente de la gobernación es que allí es de donde, dicen las denuncias de los pobladores, Los Caparros están reclutando exmiembros de las Auc, de las Águilas Negras y los Rastrojos. También de sus filas hacen parte menores de 18 años que no tienen oportunidades de estudio o trabajo.

(Lea también: En el sur de Córdoba, la violencia continúa)

En mayo de 2019 ya se había presentado otra masacre contra tres campesinos que eran parte del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito también a manos de los Caparros, con apoyo de las disidencias, una extraña alianza que ha generado el nuevo escenario del conflicto. En febrero de ese año fue asesinado el candidato a la Alcaldía Herney Castrillón, casi un mes después de que la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, visitara el sur del departamento ante las continuas incursiones de los Caparros a las cabeceras municipales. La alta funcionaria del Gobierno anunció el aumento de pie de fuerza, una propuesta que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa.

El envío de 4 mil miembros de la Fuerza Pública al Bajo Cauca y al sur de Córdoba no impidió que en noviembre de 2019 se presentara, una vez más, una masacre en San José. En ese momento fueron asesinados dos campesinos y un mototaxista en la vereda Pueblo Guapo, la cual colinda con el corregimiento de Manizales, Cárceres, municipio en donde son fuertes los Caparros. En el sur del departamento, en Tierralta, también fue asesinada en junio de 2019 María del Pilar Hurtado, la mujer desplazada por la violencia en el Cauca. El crimen recordado por el video en que su pequeño hijo grita inconsolablemente al lado del cuerpo.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, con respecto a la segunda masacre, señaló que “lo que está pasando es una disputa por el control territorial y es un problema que se ha convertido en un tema estructural en las últimas décadas en razón al abandono del Estado, a las deudas sociales, a la falta de un acceso a la riqueza que hay precisamente en esa zona (...) Debe tratarse esa situación desde lo estatal, no solo seguridad, eso también implica oportunidades, bienestar en esa zona estratégica que siempre ha estado en disputa”. El mandatario regional señaló, asimismo, que por ahora no se conoce con exactitud quién estuvo detrás de los homicidios múltiples.

En San José de Uré, sur de Córdoba, se viven días de terror. Entre el pasado lunes 27 y martes 28 de julio se perpetraron dos masacres en zona rural del municipio. Desde hace dos años, organizaciones sociales como Cordobexia y entidades como la Defensoría del Pueblo vienen alertando sobre el altísimo riesgo que corren los pobladores de esta subregión del departamento en medio de la violenta guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el bloque Virgilio Peralta Arenas, grupos de origen paramilitar que el Gobierno denomina como Clan del Golfo y los Caparros, respectivamente. A este difícil escenario se suma la presencia del Eln y de dos facciones de las disidencias de las Farc.

(En contexto: Los “Caparros” habrían cometido masacre y desplazamiento en Córdoba)

El sur de Córdoba, que incluye los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, es clave para los grupos armados. En esta zona, denominada como el Nudo de Paramillo, hay gran riqueza natural y mineral. Una de las disputas entre caparros y gaitanistas (autodenominación que rechaza la familia del fallecido jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán) es por las minas de oro, ferroníquel, carbón y plata. Además, la región permite acceder al Urabá, en donde sale una buena parte de los alijos de cocaína con dirección a Estados Unidos y Europa, y se trafican armas e insumos para las primeras cadenas del narcotráfico.

En 2018, cuando la extinta guerrilla de las Farc ya estaba por fuera del escenario de la guerra, las Agc empezaron a ocupar los espacios que tres frentes del grupo subversivo controlaban en el sur de Córdoba. Los hombres de Otoniel, el hombre más buscado por las autoridades, empezaron a cometer asesinatos selectivos, reclutamientos de menores, desplazamientos forzados, entre otras acciones ilegales. Como consecuencia de la primera masacre, en la que murieron tres familiares de un concejal de San José, 50 familias tuvieron que abandonar sus viviendas. En junio de 2019, el Ejército también encontró que en el sur del departamento las Agc vienen instalando minas antipersonal.

En San José de Uré y los municipios aledaños opera el autodenominado Bloque Pacificadores de Córdoba y el Bajo Cauca por medio del frente Darío Ávila. Sobre los Caparros se sabe que sus integrantes son hombres que pertenecieron a los bloques Central Bolívar y Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la organización que fue liderada por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso en Córdoba y Antioquia, principalmente. Los habitantes de San José dicen que los Caparros los amenazaron con “mocharles la cabeza” si no se iban. Esa expresión puede estar relacionada con el grupo paramilitar que operó en los años noventa en ese departamento denominado “los mochacabezas”.

(Le puede interesar: Nueva masacre en Córdoba, esta vez atribuida al Clan del Golfo, deja tres muertos)

Este grupo paramilitar, también denominado los Tangueros (porque entrenados en un finca en Córdoba de los Castaño llamada Las Tangas), también operó en el eje bananero durante los noventa y principios de este siglo por ganaderos y bananeros de la región. Una fuente de la Fiscalía le dijo a este diario que en las últimas tres campañas regionales y al Congreso uno de los poderosos clanes políticos de Córdoba forjó una alianza criminal con gente que perteneció a los Tangueros con el fin de presionar a los pobladores para que votaran por sus candidatos.

La Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana de enero de 2020, señaló que un mes antes las Agc dio inicio a un plan macabro en el sur de la región para conservar su poder en la región. En octubre de 2019, los Caparros, subrepticiamente, empezaron a reclutar gente de Otoniel ofreciéndoles “dinero en efectivo para que se vincularan a sus filas como mandos medios o patrulleros. Una vez conocido el plan de su adversario, las Agc, para evitar desertores, conservar lealtades forzadas y garantizar la seguridad de sus integrantes y rentas, procedieron en diciembre de 2019” a asesinar o desplazar personas que a su juicio podrían ser susceptibles de ser permeadas por los Caparros.

También, según el organismo liderado por el defensor del Pueblo Carlos Negret, las Agc formaron un nuevo frente denominado Bajo Sinú encargado de implementar un anillo de seguridad que impida la entrada de los Caparros al departamento y que se habría instalado en el municipio de Planeta Rica. Lo que dicen una fuente de la gobernación es que allí es de donde, dicen las denuncias de los pobladores, Los Caparros están reclutando exmiembros de las Auc, de las Águilas Negras y los Rastrojos. También de sus filas hacen parte menores de 18 años que no tienen oportunidades de estudio o trabajo.

(Lea también: En el sur de Córdoba, la violencia continúa)

En mayo de 2019 ya se había presentado otra masacre contra tres campesinos que eran parte del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito también a manos de los Caparros, con apoyo de las disidencias, una extraña alianza que ha generado el nuevo escenario del conflicto. En febrero de ese año fue asesinado el candidato a la Alcaldía Herney Castrillón, casi un mes después de que la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, visitara el sur del departamento ante las continuas incursiones de los Caparros a las cabeceras municipales. La alta funcionaria del Gobierno anunció el aumento de pie de fuerza, una propuesta que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa.

El envío de 4 mil miembros de la Fuerza Pública al Bajo Cauca y al sur de Córdoba no impidió que en noviembre de 2019 se presentara, una vez más, una masacre en San José. En ese momento fueron asesinados dos campesinos y un mototaxista en la vereda Pueblo Guapo, la cual colinda con el corregimiento de Manizales, Cárceres, municipio en donde son fuertes los Caparros. En el sur del departamento, en Tierralta, también fue asesinada en junio de 2019 María del Pilar Hurtado, la mujer desplazada por la violencia en el Cauca. El crimen recordado por el video en que su pequeño hijo grita inconsolablemente al lado del cuerpo.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, con respecto a la segunda masacre, señaló que “lo que está pasando es una disputa por el control territorial y es un problema que se ha convertido en un tema estructural en las últimas décadas en razón al abandono del Estado, a las deudas sociales, a la falta de un acceso a la riqueza que hay precisamente en esa zona (...) Debe tratarse esa situación desde lo estatal, no solo seguridad, eso también implica oportunidades, bienestar en esa zona estratégica que siempre ha estado en disputa”. El mandatario regional señaló, asimismo, que por ahora no se conoce con exactitud quién estuvo detrás de los homicidios múltiples.