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Hacia las 10:19 de la mañana del 10 de octubre, la Cuarta Brigada del Ejército recibió una llamada de auxilio de la población civil: en la vereda La Cordillera de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), una niña de seis años y un niño de ocho fueron víctimas de una mina antipersonal instalada por el frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.
Los menores se dirigían desde sus hogares a la escuela cuando, en el camino, activaron el artefacto explosivo, prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que uno de los menores perdió una de sus extremidades y anunció que denunciará el caso ante la comunidad internacional.
Militares de la zona le contaron a El Espectador que los menores fueron trasladados por la comunidad hasta el hospital de San Andrés de Cuerquia. Debido a la gravedad de las heridas del niño, quien perdió uno de sus brazos y presenta una hemorragia, el equipo médico decidió trasladarlos al hospital de Santa Rosa de Osos (Antioquia). La niña, según el Ejército, presenta una herida profunda en el abdomen por los cortes de las esquirlas de la explosión.
Con la reciente llegada de los menores a Santa Rosa de Osos, el Ejército aseguró una pista de aterrizaje para realizar la evacuación aérea del niño, debido a la gravedad de sus heridas. A la 1:57 de la tarde, la institución informó que los menores llegaron al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín (Antioquia), en un helicóptero de la Gobernación.
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En los últimos meses las dispuestas entre las disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo han desatado una crisis humanitaria en el departamento antioqueño. Uno de los casos más mediáticos fue el ataque contra un helicóptero Antinarcóticos de la Policía el pasado 21 de agosto en Amalfi (Antioquia).
El ataque con drones explosivos, manipulados por miembros del frente 36 de las Farc, dejó un saldo de 13 policías muertos y cuatro heridos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que alias “Calarcá” lleva una incursión a muerte parar retomar la zona del nordeste, históricamente del poder de la guerrilla.
Según la Defensoría del Pueblo, en la región convergen múltiples estructuras armadas: el ELN, las disidencias de las Farc que se autodenominan Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), el Clan del Golfo, el grupo paramilitar conocido como Los Caparros y otras organizaciones de crimen organizado.
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Estos actores ilegales mantienen una disputa por el control del territorio, impulsada por los recursos económicos que ofrece la zona: la minería ilegal de oro, los cultivos de coca y los corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas. Además, su presencia ha derivado en graves afectaciones humanitarias, con hechos recurrentes de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, extorsión, secuestros y homicidios.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
