Duque prorrogó prohibición de porte de armas con las excepciones para salvoconductos

El presidente Iván Duque prorrogó el decreto que tiene suspendidos los permisos para portar armas. / Getty Images

El presidente Iván Duque firmó un decreto que prohíbe el porte de armas en todo el territorio nacional. Se trata de un trámite que hace anualmente el jefe de Estado para salvaguardar el derecho a la vida, según se lee en la norma, y dejar la expedición de salvoconductos (excepciones a la prohibición) en cabeza de las Fuerzas Militares.

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En el decreto, que prorroga la norma idéntica que firmó Duque en diciembre de 2018, se hace un recuento de las disposiciones legales que obligan al presidente a expedir esta reglamentación anualmente: la responsabilidad de conservar el orden público que le endilga la Constitución al primer mandatario, los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han ratificado la relación entre la prohibición del porte de armas y la protección del derecho a la vida, entre otras.

Asimismo, las estadísticas y la propia Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía ven “viable y oportuno adoptar medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional”. Esto, según explica el decreto, “como mecanismo de respuesta inmediata y efectiva que permite contrarrestar y reducir la probabilidad de ocurrencia de delitos y comportamientos contrarios a la conveniencia a nivel nacional”.

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No obstante, al prorrogar el decreto del 2018, también se incluyeron las excepciones especiales al porte de armas de fuego. Es decir, los salvoconductos, con los que, con previa autorización del comandante de la brigada del Ejército correspondiente, un civil puede portar armamento. La norma que firmó el presidente el año pasado lo expresaba así: “El Ministerio de Defensa, durante la vigencia del presente Decreto, impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad”.

Así, los ciudadanos que pretendan conseguir una pistola argumentando condiciones de seguridad, deben cumplir con un extenso trámite ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos (DCCAE), entidad adscrita al Comando General de las Fuerzas Militares. Y, a su vez, realizar la solicitud al comandante de brigada de su región.

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De esta manera ha funcionado desde 1995 y, año a año, el presidente firma un decreto idéntico. Sin embargo, en esta oportunidad hay algo nuevo en el panorama, pues una demanda en la Corte Constitucional pretender cambiar ese trámite. Alejandro Matta y Daniel Porras, un abogado y un estudiante de derecho que viven en Medellín, demandaron dos decretos de esa ley, los cuales, según ellos, excluyen a la ciudadanía del debate del control de armas en Colombia.

“Al omitir en la normas demandadas a los alcaldes y gobernadores de las entidades territoriales, se presenta una vulneración de la supremacía que debe tener el poder civil sobre el militar, materializado por medio de los principios constitucionales relativos a democracia participativa, descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales; en tanto los representantes legales de los municipios y departamentos no cuentan, de acuerdo con la norma demandada, con la competencia para participar en la expedición, revalidación y suspensión de permisos para tenencia y porte de armas”, dice la demanda, que está siendo estudiada hace unas semanas en el alto tribunal.