EE.UU. declara no responsable a Plazas Vega en caso civil por toma del Palacio de Justicia

El caso llegó a Estados Unidos luego de que las hijas del magistrado Urán presentaron una demanda en 2022 contra Plazas Vega. La acción sostenía que Plazas Vega desempeñó un papel central en la operación militar que condujo a la tortura y ejecución extrajudicial de su padre. El caso fue adelantado ante un jurado federal en Miami el pasado 8 de septiembre de 2026.

La decisión se conoció en la noche del 17 de septiembre en conta del hombre que estuvo al frente de la retoma del Palacio de Justicia durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. El jurado determinó que Plazas Vega no es responsable en los cargos de tortura y ejecución extrajudicial, pero además lo libró de pagar una indemnización a la familia del magistrado auxiliar, que argumentaba que, como comandante de la Escuela de Caballería, habría tenido injerencia en la tortura y desaparición forzada de su padre.

Según el documento que la familia presentó ante una Corte del Distrito Sur de la Florida, Plazas Vega conspiró y actuó, en compañía de otros miembros del Ejército, en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, luego de que la guerrilla del M-19 se tomara a la fuerza el edificio y que la fuerza pública colombiana tratara de retomarlo a punta de tanques, armas largas y violencia.

Entre esas personas torturadas estaba el magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Sin embargo, las autoridades colombianas señalaron durante años que el magistrado Urán había muerto dentro del Palacio a raíz de una bala perdida durante el fuego cruzado entre el M-19 y el Ejército. Sin embargo, años más tarde se conocieron pruebas de que el magistrado Urán salió con vida del Palacio bajo custodia militar.

La demanda también alegaba que el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado nuevamente dentro del Palacio, con una herida de bala en la cabeza causada a corta distancia. Las hermanas Urán, Helena, Xiomara y Mairée, estaban bajo la asesoría del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, que lleva casos, también ante la justicia estadounidense, como el del asesinato del activista y músico chileno Víctor Jara.

obre la salida con vida del magistrado Urán del Palacio de Justicia, investigaciones de la Comisión de la Verdad y fallos judiciales nacionales e internacionales, señalan que al menos 11 personas salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron desaparecidas cuando estaban bajo el control de la fuerza pública colombiana.

Los informes detallan que esas personas salieron caminando del edificio muestra que fueron enviados a la Casa del Florero y allí fueron torturados y, muchos de ellos, conducidos a guarniciones militares en donde habrían desaparecido o ejecutados extrajudicialmente. En el caso del magistrado Carlos Urán, la Comisión de la Verdad, en un trabajo en alianza con Forensic Architecture, evidenció que el abogado salió del Palacio, herido en una pierna y auxiliado por dos hombres vestidos con un uniforme naranja que lo cargaron sobre una camilla hasta la entrada de la Casa del Florero.

La demanda en contra de Plazas Vega señalaba: “Todo indica que los militares etiquetaron y trataron al magistrado Urán como un “especial”, luego lo torturaron y mataron como resultado. A pesar de haber sido escoltado vivo fuera del Palacio de Justicia por los militares, su nombre fue omitido de la lista gubernamental de rehenes civiles rescatados. En cambio, su nombre fue incluido, agregado a mano, en una lista separada del gobierno del 7 de noviembre de 1985 de 18 personas fallecidas, que incluía a seis miembros del M-19″.

El 12 de mayo de 2022, Plazas Vega buscó desestimar la demanda argumentando que no se habían agotado los recursos judiciales en Colombia. Sin embargo, el 14 de marzo de 2023, el tribunal denegó la petición. Posteriormente, los demandantes argumentaron que Plazas Vega no cumplió con demostrar que no habían agotado los recursos locales alegados y que, en todo caso, habían agotado todos los recursos locales adecuados y disponibles en Colombia. El 18 de junio de 2024 la Corte determinó que el caso debe proceder.

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