Ejército acata investigación contra militares por caso Andrómeda
La institución aclaró que dos de los tres involucrados salieron de sus cargos a principios de 2015 y aseguró que tomará las medidas pertinentes con respecto al miembro que sigue activo.
Redacción Judicial
Tras la formulación de pliego de cargos por parte de la Procuraduría contra tres miembros de las fuerzas militares por irregularidades en la Operación Andrómeda, el ejército nacional acató la decisión del Ministerio Público y aseguró que “ha apoyado y continuará apoyando cualquier requerimiento del ente de control, como parte de su política de transparencia y de cero tolerancia a hechos cometidos por miembros de la institución que van en contra de los principios, valores y de la ley”.
(En contexto: Por supuesta venta de información confidencial, formulan cargos a tres militares)
Sobre los involucrados, el Ejército aclaró que, el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera ya no es miembro activo de la institución, pues “fue retirado por facultad discrecional de la Fuerza a partir del 11 de febrero de 2015”. La misma decisión se tomó con el caso de otro de los mencionados por el Ministerio Público, el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, quien, según el ejército, salió de la institución en enero de 2015.
Por último, el Ejército aclaró que, con respeto al último involucrado, el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, “la Institución tomará las medidas pertinentes a lo que ordena la Procuraduría General de la Nación”.
(Le puede interesar: “Mi intención es colaborar con la justicia”: Hacker Andrés Sepúlveda)
Según el Ministerio Público, los tres militares, vinculados a la Operación Andrómeda, tuvieron que ver en presuntas irregularidades que terminaron en la venta de información confidencial del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa al 'hacker' Andrés Sepúlveda, condenado por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravado, espionaje y uso de software malicioso.
Tras la formulación de pliego de cargos por parte de la Procuraduría contra tres miembros de las fuerzas militares por irregularidades en la Operación Andrómeda, el ejército nacional acató la decisión del Ministerio Público y aseguró que “ha apoyado y continuará apoyando cualquier requerimiento del ente de control, como parte de su política de transparencia y de cero tolerancia a hechos cometidos por miembros de la institución que van en contra de los principios, valores y de la ley”.
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Sobre los involucrados, el Ejército aclaró que, el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera ya no es miembro activo de la institución, pues “fue retirado por facultad discrecional de la Fuerza a partir del 11 de febrero de 2015”. La misma decisión se tomó con el caso de otro de los mencionados por el Ministerio Público, el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, quien, según el ejército, salió de la institución en enero de 2015.
Por último, el Ejército aclaró que, con respeto al último involucrado, el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, “la Institución tomará las medidas pertinentes a lo que ordena la Procuraduría General de la Nación”.
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Según el Ministerio Público, los tres militares, vinculados a la Operación Andrómeda, tuvieron que ver en presuntas irregularidades que terminaron en la venta de información confidencial del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa al 'hacker' Andrés Sepúlveda, condenado por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravado, espionaje y uso de software malicioso.