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Varias son las reflexiones que debemos realizarnos respecto a la interrupción del embarazo. No es posible que, en países democráticos como Colombia, se impongan argumentos de contenido religioso para no permitir su práctica, desconociendo obligaciones de orden internacional que comprometen al país a garantizar el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Al respecto, el Comité de la Convención Contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, conocido con la sigla CEDAW por su traducción al inglés, ha reiterado que el acceso al aborto legalmente permitido es una cuestión de no discriminación contra ellas y es que en Colombia, a pesar de que existe el derecho a solicitar su práctica en tres casos, las mujeres siguen experimentando obstáculos para interrumpir voluntariamente el embarazo.
La falta de información que reciben sobre la legalidad del procedimiento y las demoras injustificadas en dicha práctica, que las lleva a prolongaciones innecesarias de la gestación, son solo algunas de las situaciones que no deberían presentarse en un país que tiene compromisos internacionales que acatar.
(Lea: Lo que opinan los expertos sobre limitar el aborto a la semana 22)
El Comité de CEDAW, en una de las decisiones más importantes sobre este tema, instó a los Estados que han ratificado la convención y tienen legalizada la práctica del aborto, a establecer un marco legal apropiado que permita a las mujeres ejercer su derecho a él, en condiciones que garanticen la seguridad jurídica necesaria, tanto para quienes recurren al aborto, como para el cuidado de los profesionales de la salud que deben realizarlo. También, señaló que es esencial que este marco legal incluya un mecanismo para la toma de decisiones rápidas, con el fin de limitar, en la medida de lo posible, el riesgo para la salud de la mujer embarazada, y reitera que su opinión debe tenerse en cuenta y protegerse.
Tales circunstancias subsisten para las mujeres por la influencia del estereotipo sobre la maternidad, se valora su función reproductiva por encima de sus derechos humanos. Los prestadores de servicios de salud no pueden reproducir estereotipos, el Estado debe garantizar programas de educación y capacitación para alentar a los proveedores de salud a cambiar sus actitudes y comportamientos en relación con mujeres que buscan servicios de salud reproductiva y responden a necesidades específicas, relacionadas, por ejemplo, con la violencia sexual.
(Lea:¿Por qué es importante la despenalización del aborto en Argentina para Colombia y América Latina?)
Los servicios de salud para esta práctica deben ser accesibles y de buena calidad, toda vez que son vitales para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Colombia, ni sus instancias jurisdiccionales, pueden evadir la discusión sobre las obligaciones que tiene el Estado en relación con la garantía de estos derechos y bajo ninguna circunstancia puede imponer posiciones personales o sobre aspectos que afectan a millones de mujeres en el país y en el mundo.
En conclusión, la discusión sobre el aborto debe ampliarse en vez de restringirse, lo que significa que no puede darse para limitar los derechos que ya se han reconocido y que son una obligación internacional.
Esta, debe plantearse sin cargas de contenido moral, religioso o de otro tipo que nublen la razón, deben darse priorizando el derecho humano que tienen las mujeres a no morir y a vivir dignamente.
* Luz Ángela Gómez Jutinico es Investigadora de la Universidad Libre.