El 28 de octubre de 2025, paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (RSF, por sus siglas en inglés) atacaron el Hospital Materno Saudí de El Fasher, ubicado en Darfur del Norte, uno de los 18 estados de ese país del África Oriental. Hombres árabes sudaneses fueron los principales actores de ese ataque que hace parte de la guerra que inició allí en abril de 2023 y que deja hasta ahora más de 150.000 muertos, según Amnistía Internacional. En el hecho también participaron “personas blancas, de menor estatura que los combatientes sudaneses y que, a diferencia de estos, vestían uniformes militares y cascos”, como lo describe el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), publicado este 26 de mayo. Al parecer, se trataría de mercenarios colombianos.
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El documento de 83 páginas, conocido por El Espectador, señala que desde agosto de 2024 hay al menos 300 militares retirados colombianos, reclutados mediante empresas de seguridad, desplegados en territorio de Sudán y apoyando a las RSF, una estructura señalada de cometer graves crímenes de guerra y “atrocidades generalizadas”. Todo esto, según señala el informe, estaría ocurriendo bajo el conocimiento y ayuda de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, que estarían poniendo su infraestructura militar al servicio del tránsito y entrenamiento de los mercenarios. Además, la investigación hace un llamado a la comunidad internacional para indagar y sancionar a países relacionados con la entrega de asistencia para la guerra en Sudán.
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El reclutamiento de colombianos
La investigación adelantada por HRW detalla la forma en la que durante los últimos años, una empresa de los Emiratos Árabes habría creado una poderosa red de reclutamiento de militares colombianos en retiro, por medio de empresas satélite, que terminaron combatiendo en la guerra de Sudán. En el caso puntual de Colombia, según el informe, el reclutamiento inició por medio de la empresa de seguridad A4SI, ubicada en Bogotá. El Registro Único Social y Empresarial (RUES) detalla que la representante legal de esa empresa, dedicada a “actividades de agencias de gestión y colocación de empleo”, es una mujer llamada Claudia Viviana Oliveros Forero, esposa de un exmilitar colombo-italiano llamado Álvaro Andrés Quijano Becerra.
El 9 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la firma A4SI “por su participación en la instigación de la guerra civil en Sudán, un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria en curso a nivel mundial”. Las autoridades estadounidenses encontraron que esta empresa trabajaba de la mano con Global Security Services Group (GSSG), una firma con sede en Abu Dabi y dedicada a contratar a cientos de colombianos reclutados por la primera empresa y que terminaron militando en las filas de las RSF en Sudán. La estrategia era sencilla: A4SI publicaba en redes sociales atractivas ofertas de trabajo en el exterior y luego enviaba a los colombianos a Sudán con la ayuda de GSSG.
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“En septiembre de 2024, A4SI publicó vacantes en línea para pilotos de drones en África, con salarios que oscilaban entre USD 2.500 y USD 3.000 e incluían alojamiento, transporte y atención médica. El anuncio no especificaba si el pago era semanal, mensual o anual”, detalla el informe de HRW. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de esta entidad, le explicó a El Espectador que, tras la sanción de Estados Unidos que significó el bloqueo de todos los bienes y finanzas de A4SI en diciembre del año pasado, la misión de reclutar a militares colombianos para enviarlos como mercenarios a Sudán la asumió otra empresa llamada Fénix, también sancionada el 17 de abril de 2026.
Al igual que A4SI, la empresa Fénix tendría relación directa con la empresa GSSG, de Emiratos Árabes. “Lo que pudimos documentar es la relación entre estas dos compañías colombianas y la empresa con sede en Abu Dabi, que además tiene vínculos cercanos con la familia gobernante en Emiratos Árabes y que ha estado vinculada a la provisión de servicios de seguridad a varias personas de altísimo nivel dentro del gobierno de ese país”, explicó la directora Goebertus. La firma GSSG se encargaba de pagar a los mercenarios y facilitar su traslado desde Colombia hacia Sudán. Entre los documentos recopilados por HRW en su investigación hay un formulario con la oferta laboral de “guardia de seguridad” hecha a un soldado retirado del Ejército de Colombia.
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El exmilitar, que había sido operador de Fuerzas Especiales en el país, fue reclutado por una de las empresas satélite en Bogotá con una propuesta de viajar a Libia para ser guardia de seguridad. Según la investigación de HRW, habría terminado como conductor en un pelotón de combate de las RSF, compuesto por 26 hombres, que incluía operadores de ametralladoras y sistemas antidrones, desplegados en territorio de Sudán. La directora Goebertus expresó que la preocupación, en gran parte, está relacionada con que tienen información de colombianos que, como este exuniformado, terminaron capturados o murieron en combates entre las RSF y las Fuerzas Armadas de Sudán. Pero no se sabe con certeza cuántos son ni cuál es su paradero.
El genocidio en Sudán
La preocupación expresada por HRW en su informe no solo está relacionada con la participación de colombianos que viajaron a ese país tras falsas ofertas de trabajo y terminaron como mercenarios en una de las guerras más sangrientas que vive hoy el mundo. Su alarma es también por la presunta participación directa de las autoridades de los Emiratos Árabes en la logística para alimentar ese conflicto. El organismo internacional identificó tres rutas principales por medio de las cuales los exmilitares colombianos estarían siendo enviados a Sudán: por el este de Libia, a través de la ciudad de Bosaso (la región semiautónoma de Puntlandia en Somalia) o a través de la ciudad de Yamena (capital de Chad).
Estas tres rutas, según HRW, comparten dos características. Por un lado, incluían escalas en los Emiratos Árabes. Y por el otro, al llegar a ese país, las autoridades migratorias pasaban por alto los debidos controles de seguridad, omitiendo, por ejemplo, sellar los pasaportes de los colombianos en su paso por allí. Fue el caso de uno de los exmilitares reclutados en Colombia y enviados a Sudán: “Dijo que, junto con otros contratistas, fue trasladado de forma inmediata a la base de Ghiyathi, donde recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes. HRW también identificó a otros cuatro contratistas que, según muestran fotos y videos verificados, hicieron escalas en los Emiratos Árabes antes de su despliegue en Sudán”, señala el informe.
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También HRW detalla en su informe que los mercenarios colombianos, como lo han mostrado medios de comunicación internacionales, estarían usando armas y municiones provenientes de las Fuerzas Armadas de Sudán. En noviembre de 2024, por ejemplo, un convoy de colombianos fue interceptado cuando ingresaba a Sudán desde Libia. Tenían en su poder proyectiles de 81 milímetros, de fabricación búlgara que, según el organismo internacional, “habían sido desviados de los arsenales de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes (...), en violación de los acuerdos de usuario final”. Esto es, la regulación internacional con la que un país comprador de armas garantiza el uso exclusivo de municiones o tecnología militar.
La directora Goebertus señaló que, aunque Emiratos Árabes han negado siempre su apoyo a las RSF en la guerra de Sudán, la realidad sería muy distinta. “Este informe lo que demuestra es que efectivamente habría complicidad de Emiratos Árabes en la comisión de graves crímenes y que estarían apoyando a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Hay tres elementos que muestran eso: el uso de infraestructura militar de los Emiratos Árabes, la relación muy cercana entre la compañía SSG y los niveles más altos del gobierno de ese país y la violación de todos los acuerdos de usuarios finales y embargos de armas”, explicó Goebertus. En ese sentido, el llamado del organismo internacional es a presionar para investigar estas redes de apoyo criminal.
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Ese llamado no solo es a ponerle la lupa a los Emiratos Árabes, sino también a las empresas que, como GSSG en Emiratos Árabes, A4SI o Fénix en Colombia, harían parte de la red de colaboración con la que se ha configurado lo que las Naciones Unidas han denominado como el genocidio de Sudán. “Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de los Emiratos Árabes a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, dijo Mausi Segun, directora de la División de África de HRW. “Gobiernos a nivel global deben dejar de aceptar las negativas poco creíbles de los Emiratos Árabes deben poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”, concluyó la funcionaria.
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Por Gustavo Montes Arias
