El alcalde que irá a juicio disciplinario por no haber protegido a líder social

María del Pilar Hurtado era reconocida por la comunidad de Córdoba y el Cauca como una líder comunitaria, de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), que había denunciado los sitios donde torturaban, asesinaban y desaparecía a los pobladores, denominados “casas de pique”, en Puerto Tejada (Cauca). Sin embargo, realmente su nombre obtuvo reconocimiento nacional cuando en redes sociales circuló un video de un niño que, sobre el cuerpo de su madre, lloraba y gritaba la muerte de la mujer.

(En contexto: María del Pilar Hurtado, la líder que había denunciado “casas de pique”)

Hurtado fue asesinada el 21 de junio de 2019. Las primeras versiones señalaban al Clan del Golfo como el responsable del hecho. Ya había denunciado amenazas en su contra y las autoridades de Tierralta (Córdoba), a donde había llegado desplazada desde el Cauca, sabían bien el peligro que ella corría. Sin embargo, nadie hizo nada para protegerla. Por esa razón, la Procuraduría acaba de formular cargos a quien fuera alcalde de ese municipio cordobés, Fabio Leonardo Otero Avilés, y al entonces secretario de Gobierno, Willingtón Ortiz Naranjo.

Según la investigación de la Procuraduría, para junio de 2019, Hurtado trabajaba como recicladora y era la cabeza de grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras, que para ese momento estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era el padre del alcalde investigado.

(Lea también: Después de un año del asesinato de María del Pilar Hurtado, poco o nada se conoce de su caso)

“De acuerdo con el análisis de diversas pruebas conocidas por el Ministerio Público, entre ellas algunos testimonios de personas relacionadas con el Clan del Golfo, el homicidio de la señora Hurtado habría sido ordenada por un comandante de ese grupo ilegal, que delinque en la región, como retaliación por la toma del predio en cuestión”, señala un comunicado de la Procuraduría.

Para la Procuraduría, el exalcalde y exsecretario omitieron sus deberes, como autoridades del municipio, por no diseñar estrategias ni tomar las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la vida y los derechos de la líder social. “Al exalcalde Otero se le endilgó un segundo cargo por posible conflicto de intereses al haber intervenido (por acción u omisión) en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como lo era la invasión del predio de su propiedad”, concluyó la Procuraduría.

Por su parte, la defensa del exalcalde reaccionó a la decisión del Ministerio Público. El abogado Juan Felipe Criollo expresó que “resulta lamentable que la Procuraduría festeje el proferimiento de un pliego de cargos, aún más cuando dentro del mismo acervo probatorio recolectado se demuestra la ausencia de falta disciplinaria por parte de Fabio Otero, sobre todo, ya que este ni siquiera desempeñaba el cargo para la fecha de los hechos investigados”. Eso sí, aclaró que “mi representado está dispuesto a acudir a todos los llamados de la administración de justicia, así como también a despejar cualquier tipo de cuestionamiento”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

María del Pilar Hurtado era reconocida por la comunidad de Córdoba y el Cauca como una líder comunitaria, de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), que había denunciado los sitios donde torturaban, asesinaban y desaparecía a los pobladores, denominados “casas de pique”, en Puerto Tejada (Cauca). Sin embargo, realmente su nombre obtuvo reconocimiento nacional cuando en redes sociales circuló un video de un niño que, sobre el cuerpo de su madre, lloraba y gritaba la muerte de la mujer.

(En contexto: María del Pilar Hurtado, la líder que había denunciado “casas de pique”)

Hurtado fue asesinada el 21 de junio de 2019. Las primeras versiones señalaban al Clan del Golfo como el responsable del hecho. Ya había denunciado amenazas en su contra y las autoridades de Tierralta (Córdoba), a donde había llegado desplazada desde el Cauca, sabían bien el peligro que ella corría. Sin embargo, nadie hizo nada para protegerla. Por esa razón, la Procuraduría acaba de formular cargos a quien fuera alcalde de ese municipio cordobés, Fabio Leonardo Otero Avilés, y al entonces secretario de Gobierno, Willingtón Ortiz Naranjo.

Según la investigación de la Procuraduría, para junio de 2019, Hurtado trabajaba como recicladora y era la cabeza de grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras, que para ese momento estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era el padre del alcalde investigado.

(Lea también: Después de un año del asesinato de María del Pilar Hurtado, poco o nada se conoce de su caso)

“De acuerdo con el análisis de diversas pruebas conocidas por el Ministerio Público, entre ellas algunos testimonios de personas relacionadas con el Clan del Golfo, el homicidio de la señora Hurtado habría sido ordenada por un comandante de ese grupo ilegal, que delinque en la región, como retaliación por la toma del predio en cuestión”, señala un comunicado de la Procuraduría.

Para la Procuraduría, el exalcalde y exsecretario omitieron sus deberes, como autoridades del municipio, por no diseñar estrategias ni tomar las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la vida y los derechos de la líder social. “Al exalcalde Otero se le endilgó un segundo cargo por posible conflicto de intereses al haber intervenido (por acción u omisión) en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como lo era la invasión del predio de su propiedad”, concluyó la Procuraduría.

Por su parte, la defensa del exalcalde reaccionó a la decisión del Ministerio Público. El abogado Juan Felipe Criollo expresó que “resulta lamentable que la Procuraduría festeje el proferimiento de un pliego de cargos, aún más cuando dentro del mismo acervo probatorio recolectado se demuestra la ausencia de falta disciplinaria por parte de Fabio Otero, sobre todo, ya que este ni siquiera desempeñaba el cargo para la fecha de los hechos investigados”. Eso sí, aclaró que “mi representado está dispuesto a acudir a todos los llamados de la administración de justicia, así como también a despejar cualquier tipo de cuestionamiento”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.