El “articulito” que impediría el regreso de Gustavo Malo

Tras el escándalo del llamado cartel de la toga, que puso en primera línea de sospecha al magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, la Corte Suprema de Justicia le pidió la renuncia. Malo no aceptó y pidió una licencia no remunerada en septiembre pasado. Dicha licencia termina el próximo 1° de diciembre. No obstante, esta semana el alto tribunal dio el primer paso para darle un portazo definitivo. En una candente sesión de Sala Plena que se prolongó por varias horas, se aprobó en primera instancia el cambio de reglamento interno para separar de su cargo como magistrado a quien resulte vinculado formalmente a un proceso penal que afecte la credibilidad de esa corporación. Es decir, una norma cuyo sello e inspiración tiene el nombre y apellido del abogado cartagenero de 63 años.

El Espectador pudo establecer que la mayoría de magistrados del alto tribunal están en una cruzada inédita: impedir a toda costa que Gustavo Malo vuelva a tomar posesión de su despacho. En ese escenario, la Corte aprobó el cambio del reglamento para separar del cargo a Malo Fernández antes de que se reinstale. El problema es que la fórmula que se admitió, despertó nuevas y ácidas controversias en el seno del alto tribunal. ¿Por qué? Porque la mayoría de juristas votó por una salida intermedia: el cambio del reglamento autorizó la separación del cargo, si así lo dispone la Sala Plena, pero el magistrado “sancionado” –Gustavo Malo, en este caso– seguiría en nómina, devengando un sueldo mensual de $28 millones, con todas las prestaciones de ley y sus vacaciones intactas. La propuesta, que deberá ser votada la próxima semana, tiene a varios magistrados de la Corte inconformes.

(En contexto: Magistrado Gustavo Malo no renunciará a la Corte Suprema de Justicia)

“Eso no se vería bien. La Corte quedaría como un mar de aguas tibias, con el agravante de que el magistrado bajo sospecha mantendría todas las gabelas económicas y no tendría ninguna carga laboral”, le dijo a El Espectador una fuente del alto tribunal. Otro más añadió que la Corte no puede ir más allá porque podría violar derechos constitucionales. En medio del debate, varios juristas lanzaron la tesis de que lo ideal sería que no sólo se le separe del cargo como magistrado, sino que se le suspendan sus funciones. En este último escenario, su sueldo y prestaciones quedarían en el congelador. Esta última idea fue discutida en los últimos días por algunos miembros de la Corte. Y aunque en principio generó resistencia, parece abrirse camino como la fórmula para que todos terminen tranquilos.

Gustavo Malo llegó a la Corte Suprema el 18 de octubre de 2012. Poco se sabía de él y de su trayectoria más allá de su cercanía con el expresidente de ese tribunal Francisco Ricaurte –hoy detenido y señalado como cabeza del cartel de la toga–. No obstante, Malo Fernández saltó a la palestra tras las acusaciones del exfiscal Moreno, quien lo salpicó como beneficiario de pagos millonarios por parte de congresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton. Dineros que “engrasaron” un supuesto cartel liderado por Ricaurte y otros dos expresidentes de la Corte: Leonidas Bustos y Camilo Tarquino. El magistrado Malo, sin embargo, lo ha negado todo. “Recordemos que este personaje (Luis Gustavo Moreno) es un experto en falsos testigos, sobre cuyo tema tiene un libro. Los invito a tener el mayor cuidado con sus declaraciones, porque bien examinadas se da cuenta uno cómo retuerce los argumentos”, sostuvo en su indagatoria.

(Lea también: El magistrado Gustavo Malo pidió tiempo para pensar si se retira de la Corte Suprema)

El Espectador consultó al abogado de Malo, el penalista Álvaro Pérez. Según dijo, su cliente “pidió la licencia con el objeto de dedicarse a aclarar los asuntos de su defensa y hoy ya los tiene claros y está listo para regresar al despacho”. En ese sentido, añadió que espera que el próximo 1° de diciembre Gustavo Malo retorne a su cargo y asuma todas sus funciones constitucionales y legales como magistrado, lo cual supone volver a fallar expedientes y tutelas, y estampar su firma en la última página de esas decisiones. El abogado Pérez resaltó que está convencido de la inocencia del jurista, que no existen pruebas para condenarlo y que “las credenciales de Gustavo Malo Fernández siguen impolutas”. Entre tanto, su expediente en el Congreso está sin resolverse y los testimonios en su contra apilándose en el despacho del magistrado Luis Antonio Hernández, investigador del cartel de la toga.

De hecho, por cuenta de una de las revelaciones de Gustavo Moreno, el abogado Enrique del Río fue removido de su cargo como conjuez de la Corte Suprema. Del Río fue postulado y promovido por su amigo Gustavo Malo en marzo pasado. Sin embargo, el pasado 3 de noviembre Moreno lo vinculó en las “movidas” del cartel: “Pacho (Francisco Ricaurte), ya cuando soy director anticorrupción, me dice: ‘Gustavo, quiero presentarte al abogado que estamos promoviendo, es importante que lo tengamos en cuenta, es un amigo cartagenero, también es amigo de Gustavo (Malo)”. Moreno añadió en su versión: “Pacho me comunica cuando lo nombran conjuez y me menciona que es una de las personas que están acercando y haciendo lo que se había hecho conmigo: acercándolo a la sala, reunión con los magistrados y demás, como en su momento se hizo conmigo”.

(Le puede interesar: Magistrado Gustavo Malo solicitó apartarse de su cargo por dos meses para defenderse)

Al margen de estas manchas, el abogado Pérez y su cliente Malo aseguran a pie juntillas que saldrán triunfantes de esta tormenta judicial. “Los casos de Musa y Ashton fueron reasignados y seguramente el magistrado Malo se declarará impedido. Y hará lo propio en aquellos procesos de su despacho que investiguen la conducta de alguno de sus investigadores en el Congreso. De hecho, en el despacho de Malo hay un proceso contra el representante investigador Fabio Arroyave. Y por eso no se descarta que vengan recusaciones pronto”, reveló a este diario Álvaro Pérez. Y remató: “Vamos a contrainterrogar a Moreno y pediremos que la Comisión de Acusación llame a declarar a los magistrados que tomaron decisiones con Malo. Como usted sabe, los fallos de la Corte son tomados por mayoría”.

Tras el escándalo del llamado cartel de la toga, que puso en primera línea de sospecha al magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, la Corte Suprema de Justicia le pidió la renuncia. Malo no aceptó y pidió una licencia no remunerada en septiembre pasado. Dicha licencia termina el próximo 1° de diciembre. No obstante, esta semana el alto tribunal dio el primer paso para darle un portazo definitivo. En una candente sesión de Sala Plena que se prolongó por varias horas, se aprobó en primera instancia el cambio de reglamento interno para separar de su cargo como magistrado a quien resulte vinculado formalmente a un proceso penal que afecte la credibilidad de esa corporación. Es decir, una norma cuyo sello e inspiración tiene el nombre y apellido del abogado cartagenero de 63 años.

El Espectador pudo establecer que la mayoría de magistrados del alto tribunal están en una cruzada inédita: impedir a toda costa que Gustavo Malo vuelva a tomar posesión de su despacho. En ese escenario, la Corte aprobó el cambio del reglamento para separar del cargo a Malo Fernández antes de que se reinstale. El problema es que la fórmula que se admitió, despertó nuevas y ácidas controversias en el seno del alto tribunal. ¿Por qué? Porque la mayoría de juristas votó por una salida intermedia: el cambio del reglamento autorizó la separación del cargo, si así lo dispone la Sala Plena, pero el magistrado “sancionado” –Gustavo Malo, en este caso– seguiría en nómina, devengando un sueldo mensual de $28 millones, con todas las prestaciones de ley y sus vacaciones intactas. La propuesta, que deberá ser votada la próxima semana, tiene a varios magistrados de la Corte inconformes.

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“Eso no se vería bien. La Corte quedaría como un mar de aguas tibias, con el agravante de que el magistrado bajo sospecha mantendría todas las gabelas económicas y no tendría ninguna carga laboral”, le dijo a El Espectador una fuente del alto tribunal. Otro más añadió que la Corte no puede ir más allá porque podría violar derechos constitucionales. En medio del debate, varios juristas lanzaron la tesis de que lo ideal sería que no sólo se le separe del cargo como magistrado, sino que se le suspendan sus funciones. En este último escenario, su sueldo y prestaciones quedarían en el congelador. Esta última idea fue discutida en los últimos días por algunos miembros de la Corte. Y aunque en principio generó resistencia, parece abrirse camino como la fórmula para que todos terminen tranquilos.

Gustavo Malo llegó a la Corte Suprema el 18 de octubre de 2012. Poco se sabía de él y de su trayectoria más allá de su cercanía con el expresidente de ese tribunal Francisco Ricaurte –hoy detenido y señalado como cabeza del cartel de la toga–. No obstante, Malo Fernández saltó a la palestra tras las acusaciones del exfiscal Moreno, quien lo salpicó como beneficiario de pagos millonarios por parte de congresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton. Dineros que “engrasaron” un supuesto cartel liderado por Ricaurte y otros dos expresidentes de la Corte: Leonidas Bustos y Camilo Tarquino. El magistrado Malo, sin embargo, lo ha negado todo. “Recordemos que este personaje (Luis Gustavo Moreno) es un experto en falsos testigos, sobre cuyo tema tiene un libro. Los invito a tener el mayor cuidado con sus declaraciones, porque bien examinadas se da cuenta uno cómo retuerce los argumentos”, sostuvo en su indagatoria.

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El Espectador consultó al abogado de Malo, el penalista Álvaro Pérez. Según dijo, su cliente “pidió la licencia con el objeto de dedicarse a aclarar los asuntos de su defensa y hoy ya los tiene claros y está listo para regresar al despacho”. En ese sentido, añadió que espera que el próximo 1° de diciembre Gustavo Malo retorne a su cargo y asuma todas sus funciones constitucionales y legales como magistrado, lo cual supone volver a fallar expedientes y tutelas, y estampar su firma en la última página de esas decisiones. El abogado Pérez resaltó que está convencido de la inocencia del jurista, que no existen pruebas para condenarlo y que “las credenciales de Gustavo Malo Fernández siguen impolutas”. Entre tanto, su expediente en el Congreso está sin resolverse y los testimonios en su contra apilándose en el despacho del magistrado Luis Antonio Hernández, investigador del cartel de la toga.

De hecho, por cuenta de una de las revelaciones de Gustavo Moreno, el abogado Enrique del Río fue removido de su cargo como conjuez de la Corte Suprema. Del Río fue postulado y promovido por su amigo Gustavo Malo en marzo pasado. Sin embargo, el pasado 3 de noviembre Moreno lo vinculó en las “movidas” del cartel: “Pacho (Francisco Ricaurte), ya cuando soy director anticorrupción, me dice: ‘Gustavo, quiero presentarte al abogado que estamos promoviendo, es importante que lo tengamos en cuenta, es un amigo cartagenero, también es amigo de Gustavo (Malo)”. Moreno añadió en su versión: “Pacho me comunica cuando lo nombran conjuez y me menciona que es una de las personas que están acercando y haciendo lo que se había hecho conmigo: acercándolo a la sala, reunión con los magistrados y demás, como en su momento se hizo conmigo”.

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Al margen de estas manchas, el abogado Pérez y su cliente Malo aseguran a pie juntillas que saldrán triunfantes de esta tormenta judicial. “Los casos de Musa y Ashton fueron reasignados y seguramente el magistrado Malo se declarará impedido. Y hará lo propio en aquellos procesos de su despacho que investiguen la conducta de alguno de sus investigadores en el Congreso. De hecho, en el despacho de Malo hay un proceso contra el representante investigador Fabio Arroyave. Y por eso no se descarta que vengan recusaciones pronto”, reveló a este diario Álvaro Pérez. Y remató: “Vamos a contrainterrogar a Moreno y pediremos que la Comisión de Acusación llame a declarar a los magistrados que tomaron decisiones con Malo. Como usted sabe, los fallos de la Corte son tomados por mayoría”.