“Fue discreto y muy poco ceremonioso, pero cuando nos casamos fue uno de los días más alegres de mi vida. Lo hicimos así con planes de tener una boda gloriosa en nuestra playa con amigos y familia, cuando nuestro hotel estuviera andando. (…) Ojalá me estés esperando con un vestido de novia cuando muera”. Este mensaje lo escribió en su Facebook el bombero estadounidense Dave Forman una semana después del asesinato de su esposa, la empresaria y lideresa de Nuquí (Chocó) Juana Perea. Neoparamilitares que operan en la zona le arrebataron la vida en un acto violento que sorprendió a los locales y que ejemplifica la relación de estos grupos ilegales con el turismo.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
(En contexto: Nuquí tiene 13 policías para 16.000 habitantes: Alcalde)
Cuando Perea llegó en la noche del 28 de octubre a su casa, ubicada en el corregimiento de Termales, al parecer fue abordada por seis sujetos armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, según establecieron la Armada y la Fiscalía. La obligaron a montarse con ellos en una lancha, que comenzó a adentrarse en el mar; la desnudaron y la hicieron arrodillarse en un acto de humillación, y aguas adentro le propinaron tres disparos. Su cuerpo apareció la mañana siguiente en la playa de la cabecera municipal de Nuquí, casi que al frente de la estación de Policía. Y, según una fuente de la zona, fue porque los responsables así lo quisieron.
“Fue un homicidio ejemplarizante”, dijo una fuente institucional que conoce a fondo las movidas de los violentos en esta región. Según su relato, hay indicios de que las Agc trasladaron el cuerpo y lo dejaron el 29 de octubre en esta playa del casco urbano del municipio de manera deliberada. “Es un mensaje de que están empoderados y no le temen a nada. Y también para cortar cualquier posibilidad de que otros habitantes se atrevan a levantar la voz”, agregó. Al parecer, Juana Perea se volvió incómoda, por cosas como su oposición abierta al proyecto que pretende construir un puerto en Tribugá, corregimiento de Nuquí, a seis kilómetros del pueblo.
(Lea también: Asesinatos por violencia política en Colombia aumentaron un 80% en octubre)
“Se oponía totalmente al puerto”, dijo una fuente de la zona que conoció a Perea. La colombo-española, que llegó hace cinco años a esta región de Chocó, por ejemplo, recogía firmas en contra del proyecto. Pero su voz también se volvió incómoda en el turismo, que fue su actividad principal. La mujer convenció a varias familias para que montaran posadas nativas, los acompañó en todo el proceso de formalización del negocio, hacía los tures con ellos, diseñaba los logos de los hoteles, tomaba fotos para redes sociales y hasta se ideó una forma de hacer más eficaz la recolección de basuras para que los ríos limpios atrajeran a más visitantes.
Por órdenes de las autoridades locales, el cuerpo de Perea ya había sido enterrado para cuando llegaron los peritos de la Fiscalía a examinarlo el 1° de noviembre. “Se apoyó en las actividades de exhumación del cadáver, al tiempo que se hicieron varias diligencias en el sector de Termales a través de los medios marítimos y terrestres de la Armada brindando seguridad en el lugar”, le dijo a este diario el contraalmirante John Fabio Giraldo Gallo, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico y quien se puso al frente de la situación personalmente. Las pesquisas lo llevaron hasta la lancha en la que habría sido asesinada, de nombre Río Villano, que incautaron junto con la Policía.
Así llegaron a Arístides Pacheco, quien según diversos testimonios manejaba el bote cuando Perea fue asesinada, lo capturaron el 31 de octubre, lo sacaron detenido de Nuquí en total sigilo, le imputaron cargos y un juez lo envió a la cárcel de manera preventiva. Mientras tanto, tres expertos en luces forenses de la Fiscalía examinaron la lancha y encontraron sangre, que fue recogida allí mismo para establecer el perfil genético. Para entonces, Medicina Legal ya había concluido que la causa de muerte de la empresaria y lideresa fueron tres disparos. Se seguía establecer quién jaló el gatilló y por qué.
(Le puede interesar: Detenido hombre que habría matado a la ambientalista Juana Perea)
La vicefiscal Martha Mancera y la delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, se dirigieron al lugar. Armaron equipo con el contraalmirante Giraldo, que ya había puesto a su disposición toda la información que tenía sobre el Clan del Golfo en la zona, y eso, sumado a lo dicho por testigos, les permitió llegar a dar con quien le habría disparado a Perea: Néstor Leonel Lozano Muriel, alias Tigre o Guachón, supuesto sicario de las Agc. Según una fuente, este personaje ya estaba en el radar de las autoridades por otras muertes violentas en la región y lo capturaron el 7 de noviembre cuando regresaba al municipio.
“Capturaron al autor material y a quien manejaba la lancha, pero esas aprehensiones no van a tocar a la organización”, dijo la fuente, pues los hombres no tenían rol de mando dentro de las Agc. La misma persona, que conoce bien las dinámicas de la región, pero prefiere el anonimato, señaló el contraste entre estos resultados tan rápidos y el silencio que ha habido en Nuquí tras el crimen. “La administración local y la población no quieren hacer mucha bulla para no ahuyentar el turismo”, sentenció. Este diario se contactó con varios líderes de la zona para conocer su punto de vista sobre esa afirmación. No hubo respuesta. Uno de ellos comentó: “Acá nadie quiere hablar de ese tema”.
La Fiscalía señaló en un comunicado que la hipótesis del crimen es que “el asesinato habría sido ordenado por cabecillas del Clan del Golfo porque, al parecer, la mujer los increpó y les pidió abandonar la región para reactivar proyectos ecoturísticos”. Y esa versión coincide con la de otras personas de la región. “Juana generaba incomodidad porque estaba haciendo un proceso organizativo con habitantes del sector para oponerse a que la violencia les opacara el turismo. No era que hubiera colocado denuncias, pero su irreverencia ante esos grupos ilegales fue lo que no les gustó”, dijo la fuente que insiste en que se trató de un homicidio ejemplarizante.
(Lea: Los ataques a los líderes ambientales continúan, aún en la pandemia)
Y es que si bien Nuquí y el Pacífico chocoano forman parte de un corredor estratégico del narcotráfico, para enviar droga desde el centro de Colombia hacia Centroamérica, esta no es la única forma en la que grupos como las Agc subsisten y ejercen control sobre la población. También están las extorsiones o “vacunas”. “Recordemos que la vacuna no es solamente la cantidad de dinero que se paga, es el reconocimiento de que hay una autoridad en la zona. El que pasa una extorsión a este grupo y no al otro es porque reconoce su autoridad tácitamente”, explicó una fuente. En este municipio, donde solo hacen presencia las Agc, casi que todos los empresarios les pagan vacuna.
El panorama es diferente en otros lugares de la costa chocoana, como Bahía Solano, en el que las Agc se enfrentan al grupo local los Chacales; o Juradó, donde la disputa es con la guerrilla del Eln, su principal enemiga allí y con quien llevan en confrontación desde 2017 por los territorios que abandonaron las extintas Farc. Esta amenaza ha hecho que la Defensoría del Pueblo emita alertas tempranas sobre la grave situación de seguridad en ambos lugares, advertencia que no existe sobre Nuquí. De hecho, el Departamento de Estado de EE. UU. les recomienda a sus connacionales “no viajar” a Chocó, “debido a la delincuencia y el terrorismo”, pero agrega en un paréntesis: “Excepto Nuquí”.
“En la zona tenemos apoyo de la Fuerza Pública y hay presencia de grupos armados, como en otras partes de Colombia. Pero aquí los hoteleros siempre se han relacionado bien con ellos, así que esto nos sorprendió”, aseveró una persona que vive en Termales. Otra fuente de Chocó, en contraste, señaló que este no es el primer crimen contra un hotelero del interior del país, quienes, generalmente, son los dueños de los establecimientos más grandes y apetecidos. El 5 de junio de 2017 asesinaron de seis tiros al antioqueño Javier Montoya, fundador y dueño del popular hotel Morromico, quien llevaba 37 años en la zona, en hechos que no han sido esclarecidos. Dejaron un letrero que decía: “Por sapo”.
El 5 de agosto, Juana Perea había escrito en su Facebook, casi que de manera premonitoria: “¿Dónde está toda esa indignación cuando matan a los líderes sociales? ¿Por qué no salen a la calle a gritar y exigir cuando las voces de los que defienden los derechos de otros son calladas a balazos?”.
