Sandra Viviana Cuéllar defendía los árboles y los humedales del Valle del Cauca. Fue una lideresa de la organización Sobreviviendo, pero desde hace 12 años no hay ningún rastro de su paradero. Lo último en saberse de ella fue que se dirigía, el 17 de febrero de 2011, desde Cali hacia Palmira para dictar una clase en la Universidad Nacional. A sus 26 años, la ambientalista que trabajó durante dos años con la organización Censat Agua Viva al frente de diferentes procesos sociales en la defensa de la naturaleza, desapareció y su caso todavía no tiene respuestas.
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La generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada hizo que, a partir del 30 de agosto de 2011, justo el mismo año que desapareció Cuéllar, Naciones Unidas decretara la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Al igual que ella, son casi 104.000 personas las reportadas como víctimas de este delito en el marco del conflicto armado, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En apenas 2011, por ejemplo, desaparecieron de manera forzada, de acuerdo con cuentas de Medicina Legal, un total de 333 personas, entre ellas la activista.
Otro de los motivos para conmemorar este día es llamar la atención al aumento de las desapariciones forzadas en distintos lugares, según Naciones Unidas. Asimismo, busca mantener viva la memoria de las víctimas e impulsar la activación de un marco jurídico para evitar este delito de lesa humanidad. Casos como el de Cuéllar, que llegaron incluso hasta instancias internacionales, permiten ilustrar el recorrido del flagelo que es buscar a un desaparecido en Colombia.
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Aprender a buscar
En una carta que la madre de Sandra Viviana Cuéllar escribió en agosto de 2019, cuenta que tuvo que aprender a buscar. “Ir acá, ir allá, ir a talleres a aprender cómo buscar a mi hija, porque lo que más deseo es que aparezca, que me den razón de ella, ya que es muy importante para la humanidad el trabajo que ella hacía”, escribió María Eugenia Gallego en una convocatoria que hizo la Comisión de la Verdad para buscadoras de todo el país.
“Ella defendía todo, quería trabajar con campesinos, defender a la naturaleza, a los niños y a los indígenas”, afirma esta madre que, aunque le duele la incertidumbre, guarda la esperanza de encontrarla pronto. Recuerda con ternura que su hija también encabezó en el departamento del Valle la campaña del referendo por el agua, que dirigía la organización Sobreviviendo, y estaba preparando un proceso con indígenas yanaconas para la defensa del río Cauca y diferentes acciones para la conservación de una reserva natural cercana al municipio de Yumbo, Valle.
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En su testimonio es constante la pregunta de quién no quiso que Sandra Viviana pudiera continuar trabajando por la comunidad del Valle del Cauca, de si era alguien con poder que la obligó a desaparecer, si la arrojaron a un río. Pero no sabe nada. Ve a su hija a través de las danzas que tanto le gustaban y cuando se encuentra con aquellos que también defienden el agua, los árboles o los campesinos en el país. Y al sentir que el Estado no la ha escuchado, ni a ella ni a otras familias que buscan, durante esta conmemoración por las víctimas de desaparición forzada participará de uno de los plantones que se desarrollarán en Cali para reiterar la pregunta: ¿Dónde está su hija?
“Es uno de los casos más preocupantes”
Apenas 15 días después de su desaparición se activó el mecanismo de búsqueda urgente. Desde ahí el caso de Sandra Viviana Cuéllar aterrizó en la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas). Dos meses después el proceso fue llevado por el defensor Moisés David ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue así que, en vista de la gravedad y urgencia de los hechos alegados y la falta de información sobre el paradero de la ambientalista, la CIDH otorgó medidas cautelares al proceso el 22 de junio de 2011.
“Es un caso que demuestra la falta de compromiso y esfuerzo de la Fiscalía en las graves violaciones a derechos humanos”, señala Sebastián Bojayá, representante del caso. El abogado señala que es uno de los casos más preocupantes que ha visto en términos de la funcionalidad del ente investigador, pues desde que fue impuesta la denuncia en 2011, el proceso penal no ha avanzado. No hay delimitados responsables ni existen grandes indicios. Se mantiene la misma información con la que se denunció la desaparición.
Ante este panorama, una de las grandes críticas de los representantes de la familia al proceso judicial iniciado con relación a la desaparición fue que la Fiscalía no tuvo en cuenta todas las líneas de investigación posibles. Por ello, la solicitud de medida cautelar alegó que la desaparición habría sido la forma de impedir su labor en defensa del medio ambiente en el Valle del Cauca. Sin embargo, la situación fue tan compleja, que el 13 de junio de 2011 la CIDH amplió la medida cautelar y solicitó la adopción de la misma para Hildebrando Vélez, quien estaba liderando la búsqueda, pero fue víctima de hostigamientos y amenazas.
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“El Estado ha sido ausente para buscar a Sandra Viviana”, dice el abogado Moisés David, quien lleva el seguimiento ante la instancia internacional. Ya son 12 años desde que entró en vigencia ese mecanismo y, aunque hace dos años tuvieron el apoyo de la UBPD, a la fecha no han tenido más reuniones con este y los demás mecanismos de búsqueda institucionales.
Actualmente, desde la defensa hacen un análisis en la medida de incumplimientos alrededor de la búsqueda e investigación, ya que por el paso del tiempo hablan de si hubo una responsabilidad del Estado con relación a ubicar e investigar a los responsables de la desaparición de la lideresa Sandra Viviana Cuéllar. Así como estas, son múltiples las denuncias sobre hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos o familiares de las víctimas de desaparición. Por eso, también, se conmemora hoy el Día de la Desaparición Forzada como una fecha que también dignifica los derechos de los buscadores.