El caso judicial de la líder social Milena Quiroz
Fue capturada en marzo pasado, según la Fiscalía, porque las marchas a las que convocaba en el sur de Bolívar eran peligrosas. La fiscal que la investigó hoy es señalada por la propia Fiscalía de hacer parte de una red de corrupción dentro de esa institución.
David Escobar Moreno
Hace más de cuatro meses que la líder social de Arenal (sur de Bolívar), Milena Quiroz, está en prisión domiciliaria. El 22 de marzo de 2017, la fiscal María Bernarda Puente López emitió una orden de captura contra la defensora de derechos humanos, acusándola de rebelión y concierto para delinquir y la señaló de ser un peligro para la sociedad, pues al tener un liderazgo en su comunidad, hacía marchas que seguían los intereses de la guerrilla del Eln. El viernes pasado, Quiroz se enteró por los medios de comunicación que la fiscal de su caso, paradójicamente, fue capturada por concierto para delinquir, por presuntamente pertenecer a una red de corrupción dentro de la Fiscalía que benefició a narcotraficantes y paramilitares. Ahora ella se pregunta quién es el peligro para la sociedad.
Milena Quiroz, vocera de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, y representante legal del consejo comunitario Casimira Olave, habló con El Espectador desde la casa en donde cumple prisión domiciliaria, en un barrio popular de Bogotá. “Lo que me están haciendo es muy injusto. Lo único que hacemos en la comunidad es trabajar para que las personas tengan una vida digna, a pesar de tanto abandono del Estado. Aquí estamos viendo los montajes judiciales que hace la justicia para debilitar el movimiento social y la protesta. ¿Quién se beneficia con los líderes sociales fuera del campo?”, se pregunta.
El mismo día que capturaron a Quiroz, otros cinco líderes sociales corrieron con la misma suerte e igualmente fueron asociados con la guerrilla. Las órdenes de arresto fueron emitidas desde el mismo despacho de la hoy capturada fiscal Puente López. Los otros defensores de derechos humanos son Isidro Alarcón, Floro Edilberto Díaz Gamboa, Manuel Francisco Zabaleta y Arisolina Rodríguez. Según el relato que hizo Quiroz a este diario, los jóvenes que hacen parte de los movimientos sociales en el sur de Bolívar, y más precisamente en Arenal, están atemorizados porque no quieren terminar como ella: lejos de sus familiares y enfrentando a la justicia.
Según determinó en marzo pasado una jueza de control de garantías de Cartagena, Milena Quiroz no podía estar a menos de 1.500 kilómetros a la redonda de su casa. “Lo realmente sorprendente de esta decisión es que ella debe fijar un domicilio fuera del sur de Bolívar porque supuestamente seguiría teniendo injerencia en los demás pobladores de su municipio. Por hacer marchas y por, supuestamente, ser un peligro para la sociedad”, sostuvo el abogado de Quiroz, Jorge Molano. Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra la líder, la fiscal hoy investigada se opuso a que Quiroz cumpliera prisión domiciliaria en Bogotá, porque allí tendría acceso a los medios de comunicación y podría “seguir agitando las masas”.
Para Milena Quiroz, es claro que su presencia es incómoda en varios sectores del poder en Arenal. La defensora de derechos humanos cree que las denuncias que ha hecho durante los últimos años contra las empresas mineras y palmeras de la zona, los paramilitares que manejan las rutas del narcotráfico e incluso los excesos de la Fuerza Pública, le acarrearon lo que ella califica de “montaje judicial”. Agrega: “Lo que ha pasado con la fiscal Puente es la punta del iceberg del aparato criminal que hay en el sur de Bolívar. Ahora la Fiscalía tendrá que empezar a revisar cada caso que la fiscal tenía y averiguar a quiénes estaba favoreciendo. Yo quiero volver a Arenal, pero el Estado también tendrá que velar por mi seguridad luego de haberme tildado como parte del Eln”, puntualizó Quiroz.
El abogado de Quiroz, al conocer los detalles de la medida de aseguramiento, pidió que fuera anulada. Sin embargo, las audiencias en las que se iba a cuestionar la decisión de la jueza de Cartagena no se llevaron a cabo. La fiscal Puente no asistió a las diligencias. “Primero no fueron el pasado 1° de abril y en esa oportunidad pedimos que la fiscal Puente fuera investigada. El pasado 26 de julio, dos días antes de su captura, volvió a faltar. Cuando leímos los testimonios de la gente que incriminó a Milena supimos que este proceso era ridículo, todos estaban adiestrados, clonados prácticamente. Quien ahora llevará el caso es la fiscal Liliana de Jesús Guardo Castaño”, dijo el defensor de Quiroz.
Por ahora, Milena Quiroz continuará detenida. Así lo estableció el miércoles en la tarde una jueza de control de garantías en Bogotá, quien consideró que no tenía la competencia para revocar la medida de aseguramiento que había determinado una “homóloga” suya en Cartagena. Al mismo tiempo avanza también la investigación contra la fiscal que pidió su arresto, María Bernarda Puente, de quien supuestamente hay videos que probarían que ella recibió dinero de investigados, principalmente miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Hace más de cuatro meses que la líder social de Arenal (sur de Bolívar), Milena Quiroz, está en prisión domiciliaria. El 22 de marzo de 2017, la fiscal María Bernarda Puente López emitió una orden de captura contra la defensora de derechos humanos, acusándola de rebelión y concierto para delinquir y la señaló de ser un peligro para la sociedad, pues al tener un liderazgo en su comunidad, hacía marchas que seguían los intereses de la guerrilla del Eln. El viernes pasado, Quiroz se enteró por los medios de comunicación que la fiscal de su caso, paradójicamente, fue capturada por concierto para delinquir, por presuntamente pertenecer a una red de corrupción dentro de la Fiscalía que benefició a narcotraficantes y paramilitares. Ahora ella se pregunta quién es el peligro para la sociedad.
Milena Quiroz, vocera de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, y representante legal del consejo comunitario Casimira Olave, habló con El Espectador desde la casa en donde cumple prisión domiciliaria, en un barrio popular de Bogotá. “Lo que me están haciendo es muy injusto. Lo único que hacemos en la comunidad es trabajar para que las personas tengan una vida digna, a pesar de tanto abandono del Estado. Aquí estamos viendo los montajes judiciales que hace la justicia para debilitar el movimiento social y la protesta. ¿Quién se beneficia con los líderes sociales fuera del campo?”, se pregunta.
El mismo día que capturaron a Quiroz, otros cinco líderes sociales corrieron con la misma suerte e igualmente fueron asociados con la guerrilla. Las órdenes de arresto fueron emitidas desde el mismo despacho de la hoy capturada fiscal Puente López. Los otros defensores de derechos humanos son Isidro Alarcón, Floro Edilberto Díaz Gamboa, Manuel Francisco Zabaleta y Arisolina Rodríguez. Según el relato que hizo Quiroz a este diario, los jóvenes que hacen parte de los movimientos sociales en el sur de Bolívar, y más precisamente en Arenal, están atemorizados porque no quieren terminar como ella: lejos de sus familiares y enfrentando a la justicia.
Según determinó en marzo pasado una jueza de control de garantías de Cartagena, Milena Quiroz no podía estar a menos de 1.500 kilómetros a la redonda de su casa. “Lo realmente sorprendente de esta decisión es que ella debe fijar un domicilio fuera del sur de Bolívar porque supuestamente seguiría teniendo injerencia en los demás pobladores de su municipio. Por hacer marchas y por, supuestamente, ser un peligro para la sociedad”, sostuvo el abogado de Quiroz, Jorge Molano. Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra la líder, la fiscal hoy investigada se opuso a que Quiroz cumpliera prisión domiciliaria en Bogotá, porque allí tendría acceso a los medios de comunicación y podría “seguir agitando las masas”.
Para Milena Quiroz, es claro que su presencia es incómoda en varios sectores del poder en Arenal. La defensora de derechos humanos cree que las denuncias que ha hecho durante los últimos años contra las empresas mineras y palmeras de la zona, los paramilitares que manejan las rutas del narcotráfico e incluso los excesos de la Fuerza Pública, le acarrearon lo que ella califica de “montaje judicial”. Agrega: “Lo que ha pasado con la fiscal Puente es la punta del iceberg del aparato criminal que hay en el sur de Bolívar. Ahora la Fiscalía tendrá que empezar a revisar cada caso que la fiscal tenía y averiguar a quiénes estaba favoreciendo. Yo quiero volver a Arenal, pero el Estado también tendrá que velar por mi seguridad luego de haberme tildado como parte del Eln”, puntualizó Quiroz.
El abogado de Quiroz, al conocer los detalles de la medida de aseguramiento, pidió que fuera anulada. Sin embargo, las audiencias en las que se iba a cuestionar la decisión de la jueza de Cartagena no se llevaron a cabo. La fiscal Puente no asistió a las diligencias. “Primero no fueron el pasado 1° de abril y en esa oportunidad pedimos que la fiscal Puente fuera investigada. El pasado 26 de julio, dos días antes de su captura, volvió a faltar. Cuando leímos los testimonios de la gente que incriminó a Milena supimos que este proceso era ridículo, todos estaban adiestrados, clonados prácticamente. Quien ahora llevará el caso es la fiscal Liliana de Jesús Guardo Castaño”, dijo el defensor de Quiroz.
Por ahora, Milena Quiroz continuará detenida. Así lo estableció el miércoles en la tarde una jueza de control de garantías en Bogotá, quien consideró que no tenía la competencia para revocar la medida de aseguramiento que había determinado una “homóloga” suya en Cartagena. Al mismo tiempo avanza también la investigación contra la fiscal que pidió su arresto, María Bernarda Puente, de quien supuestamente hay videos que probarían que ella recibió dinero de investigados, principalmente miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.