A Jannier Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil Mercado los encontraron muertos en un basurero, en zona rural del municipio de Lorica (Córdoba), el 1 de julio de 2022. El primero apareció amarrado de las manos y con dos disparos en la cabeza. El segundo, con un solo tiro también en la cabeza. Ambos tenían signos de tortura y fueron señalados por el Gaula de la Policía de estar detrás del ataque contra una patrulla en Betulia (Sucre) ese mismo mes. Eran tiempos críticos para la fuerza pública por cuenta de un plan pistola que le puso precio a cada policía muerto. El gobierno de Iván Duque anunció el refuerzo del pie de fuerza en Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Cesar, y una política de cero tolerancia para quienes participaran de ese plan criminal que, además, confinó a miles de ciudadanos.
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En Sucre, sin embargo, la respuesta estatal se tradujo en una violación de derechos humanos con características de un viejo episodio que muchos pensaron superado: las ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía ha venido esclareciendo dos casos puntuales de lo que sucedió en este departamento a mediados de 2022. El primero de esos expedientes es el de tres jóvenes asesinados el 25 de julio en el corregimiento de Chochó, tras ser señalados de estar detrás de la muerte de un uniformado. El coronel (r) Benjamín Núñez, entonces comandante de la Policía en Sucre, aceptó haber asesinado a Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo. Fue condenado a 29 años de cárcel. El segundo caso, el de Jannier Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil Mercado, sigue sin resolverse.
La Fiscalía ya acusó a nueve hombres del Gaula de la Policía que habrían secuestrado, torturado y asesinado a los dos jóvenes, señalados de haber disparado contra la patrulla el 29 de junio de 2022. En un juzgado penal especializado de Montería (Córdoba) avanzan las diligencias judiciales para que pueda iniciar el juicio contra de los uniformados, entre quienes están dos capitanes ya retirados: Luis Alberto Regino Garnautt, entonces jefe del Gaula en Sucre, y Rafael Peña Carranza, subcomandante de esa misma unidad de la Policía. Todos han dicho que son inocentes en este caso en el que, según el ente investigador, los acusados usaron la fuerza del Estado para ejecutar un plan de venganza sin ninguna prueba y que terminó en la ejecución ilegal de Jannier Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil Mercado.
La ruta de la muerte
A las 8:00 de la mañana del 29 de junio de 2022, en una vía pública del municipio de Betulia (Sucre), hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra una patrulla de la Policía. En el hecho resultaron heridos un patrullero y un civil que sobrevivieron al ataque. Como respuesta, el Gaula al mando del capitán Regino Garnautt desplegó una serie de actividades que para la Fiscalía fueron criminales, para dar con los responsables. Sin justificación legal, la Policía señaló a Jannier Ruiz Algueta de estar detrás de los disparos y, en tiempo récord, llenó los formularios para poder interceptar las comunicaciones del supuesto sospechoso. De acuerdo con la investigación, el propio comandante del Gaula llamó al jefe de la sala de interceptaciones para acelerar la intervención del celular de Ruiz Algueta.
Lo que la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación es que se trató de una interceptación ilegal a las comunicaciones de la víctima. Primero, porque la Policía interceptó la línea sin que un juez lo autorizara y, segundo, porque cuando la justicia le dio el visto bueno, lo habría hecho con información falsa que presentaron los uniformados del Gaula. Pese a las irregularidades, el plan de los agentes siguió adelante. La interceptación sirvió para ubicar a Ruiz Algueta y para que el capitán Regino Garnautt y otros ocho agentes a su mando iniciaran un supuesto seguimiento sin orden judicial a quienes señalaron como responsables del ataque a la patrulla. Mientras se desarrollaban estas labores de inteligencia, que la Fiscalía sostiene que fueron ilegales, otros miembros de la Policía actuaron en un frente paralelo.
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A la casa de Jorge Juan Gil Mercado llegaron uniformados que destrozaron la vivienda. La familia de la víctima relató lo sucedido y denunció la advertencia que un uniformado le hizo a la madre de Gil Mercado: “Me dicen que me van a matar a mi hijo, que me lo van a buscar debajo de las piedras y debajo de la tierra. Que iban a buscar donde sea y que lo iban a encontrar. Pero que me lo van a entregar muerto”. Con semejante amenaza, la mamá de Jorge Juan Gil Mercado se presentó ante la Alcaldía de Betulia para presentar la denuncia. “Yo iba a poner el caso en manos de un abogado. Pedí que a mi hijo le respetaran su vida. Allí me dijeron que volviera al siguiente día. Pero me fui para la Defensoría del Pueblo y allí radiqué la denuncia cuando mi hijo todavía estaba vivo”, relató la madre.
El expediente señala que ya con las tareas de seguimiento ilegal desplegadas por el capitán Regino Garnautt y sus hombres, para el 30 de junio, a las 10:00 de la mañana, la ubicación de los supuestos sospechosos cambió. A esa hora, Jannier Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil Mercado estaban en la terminal de transportes a punto de abordar una buseta con destino a San Onofre (Sucre). El capitán Rafael Peña Carranza, subcomandante del Gaula para ese momento, llamó al jefe de tránsito del departamento para que detuviera la buseta. Tres horas y media después de partir de Betulia, las víctimas estaban en el peaje La Esperanza, en la vía que comunica a Sincelejo con Tolú Viejo. La buseta fue detenida en un retén, pero, como ninguno de los dos hombres tenía una orden de captura ni ningún otro tipo de requerimiento, siguieron su camino.
A las 2:30 de la tarde, Jannier Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil Mercado llegaron a San Onofre y allí los estaba esperando el Gaula al mando de Regino Garnautt. La Fiscalía sostiene que ambos fueron secuestrados por ocho policías que los arrebataron en espacio público, sin justificación alguna y en contra de su voluntad. Según las pesquisas del ente investigador, desde que ambos fueron secuestrados y el momento de su asesinato, habrían sido sometidos a sufrimientos físicos de tratos crueles e inhumanos, es decir, torturas, a manos de al menos cinco uniformados. Las víctimas fueron encontradas con evidencias de traumas contundentes en la cara, el tórax, el abdomen, las piernas y los brazos. Ruiz Algueta, incluso, fue amarrado de las manos y sometido a maniobras de asfixia.
Para la Fiscalía, esos signos de violencia no tienen ninguna relación con la manera en que fueron asesinados Jannier Ruiz y Jorge Juan Gil, pues ambos murieron por impactos de bala disparados a corta distancia y con un revólver, cuyas balas, al parecer, corresponden a las armas que utiliza el Gaula. Por el contrario, dice el ente investigador, las víctimas habrían sido castigadas como retaliación por el ataque contra la patrulla en Betulia. Con base en las pruebas recogidas por los investigadores de la Fiscalía y expertos forenses, Ruiz Algueta y Gil Mercado fueron asesinados aproximadamente a las 5:20 de la tarde del 30 de junio de 2022, tres horas y media después de su retención, secuestro y tortura. Al parecer, crímenes cometidos por los nueve funcionarios de la Policía que están acusados en este expediente.
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La barbarie no acabó con las muertes de Jannier Ruiz y Jorge Juan Gil. Para ocultar los cuerpos y dificultar su hallazgo, la Fiscalía tiene pruebas de que los uniformados se transportaron hasta zona rural del corregimiento de San Nicolás de Barí del municipio de Lorica (Córdoba) para dejar a las víctimas. En la mañana del 1 de julio de 2022, en una zona usada como basurero por los pobladores, en una jurisdicción diferente a la del Gaula de Sucre y a 84.4 kilómetros de sus hogares, las víctimas fueron encontradas sin vida. En la audiencia de acusación en contra de los nueve uniformados, el ente investigador reiteró que ninguno estaba en una situación de miedo o amenaza o que presentaran algún tipo de condición que les impidiera entender que lo que habría hecho con los dos jóvenes fue criminal.
“(Los acusados) eran conscientes de que habían privado de la libertad a las víctimas sin justificación, que torturarlos, asesinarlos y dejarlos tirados en un basurero les resultaba un reproche, pues es un comportamiento contra la ley”, señaló el fiscal del caso durante la audiencia de acusación. El proceso avanza ante el juzgado segundo penal del circuito de Montería (Córdoba) y el próximo 24 de noviembre las partes conocerán qué pruebas podrán usar durante el juicio. Aunque han pasado tres años desde los hechos, la exigencia de las víctimas sigue siendo la misma: “Jorge Juan ya no está con nosotros y ese es un dolor que no le deseamos a nadie. Pero aquí lo que queremos es conocer la verdad para tener un poquito más de tranquilidad”, expresó un familiar de la víctima que pidió no ser identificada por su seguridad.
El expediente de Jannier Ruiz y Jorge Juan Gil apenas empieza a moverse en los estrados judiciales, contrario al caso de los tres jóvenes asesinados 26 días después por el coronel ya retirado, Benjamín Núñez, en Chochó (Sucre). En todo caso, organizaciones sociales que siguen de cerca lo que sucedió en ese departamento a mediados de 2022 siguen llamando la atención para que estas ejecuciones extrajudiciales sean prioridad de la justicia. Critican, sobre todo, que la Policía se refiera a estos hechos como un “mal proceder”, como así lo calificó en su momento el coronel Néstor Pineda Castellanos, quien reemplazó a Núñez en la comandancia en Sucre. Las pruebas, no obstante, muestran que el caso fue mucho más que “un mal proceder” y, tal como lo dijo la Fiscalía, se habría tratado de una operación criminal que terminó en tortura y muerte.
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