En las últimas semanas, la justicia colombiana puso de nuevo sus ojos en las personas que colaboraron con los paramilitares en los años noventa para financiar esa organización criminal, lavar sus dineros del narcotráfico, despojar tierras y hasta planear masacres. Uno de ellos fue Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, mano derecha de los hermanos Castaño y señalado de ser el jefe financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Resulta que la Fiscalía acaba de llamarlo a juicio por haber orquestado la masacre de Juradó, Chocó (mayo de 1996), en la que fueron asesinadas ocho personas.
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El otro alfil de los Castaño mencionado por la justicia colombiana en los últimos días fue Raúl Enrique Zapata Vanegas, quien junto a sus hermanos René y Rogelio han sido señalados de haber financiado el paramilitarismo. En un reciente fallo de restitución de tierras conocido por este diario, Raúl Enrique fue mencionado como la persona que compró un predio de 17 hectáreas en Montería, Córdoba, en un contexto en el que los paramilitares amenazaron a cientos de campesinos para que les vendieran sus tierras. De acuerdo con el fallo de agosto de 2022, este miembro del clan Zapata compró el terreno en 2000, siete años después de que el dueño falleciera.
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El fallo también indica que estas víctimas de las Auc fueron amenazados por Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los exjefes paramilitares Carlos, Vicente y Fidel Castaño, y quien también fungió como la gerente de la fundación Funpazcor, fachada de los Castaño para despojar a cientos de campesinos en Córdoba y Antioquia. Luego de las amenazas de Gómez, condenada por homicidio, lavado de activos y desplazamiento forzado, el terreno en cuestión apareció a nombre de Raúl Enrique Zapata Vanegas, quien luego lo vendió. Ahora, por determinación de un juez, el predio fue devuelto a las víctimas, nombres que este diario se abstiene de publicar.
El común denominador
No es la primera vez que los hermanos Zapata Vanegas son mencionados en medio de procesos de restitución de tierras. Raúl Enrique aparece como una de las personas que se quedaron con seis predios en la hacienda Cedro Cocido, la cual fue otro punto en zona rural de Montería en el que los Castaño despojaron tierras en los años noventa a través de Funpazcor. En 2014, la justicia terminó restituyendo más de 1.400 hectáreas a 59 campesinos en el corregimiento de Leticia, en la capital del departamento de Córdoba.
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Rogelio Zapata Vanegas también fue mencionado en el conocido caso de la finca Las Tangas, el cual se convirtió en una base paramilitar de los Castaño en el municipio cordobés de Valencia. Según los documentos de tradición de esa hacienda despojada por el paramilitarismo, Rogelio compró los predios luego de que los originales dueños fueron asesinados y desplazados por las Auc, para luego vendérselos a la esposa del exjefe paramilitar Carlos Castaño: Karina Gómez Toro. En esta misma finca fueron enterradas las víctimas de la masacre de Pueblo Bello y, según la Fiscalía, se planearon otras como la de Currulao, Punta Coquitos y Canalete.
Los Zapata Vanegas y el parqueadero Padilla
En 2001, René y Rogelio Zapata Vanegas fueron capturados junto a otros 15 personas, entre ellas alias Lucas, Sor Teresa Gómez, Gabriel Cifuentes Guisao, quien fue otro de los particulares que en el caso de Cedro Cocido se quedó con 14 predios tras el paso violento de los paramilitares. Cuando fueron capturados, la Fiscalía indicó que los hermanos Zapata Vanegas aparecían en los listados de financiadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales fueron encontrados en 1998 por la Fiscalía en las oficinas del parqueadero Padilla, en pleno centro de Medellín.
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Este caso terminó desdibujándose en el escenario judicial luego de que los investigadores del caso fueron amenazados y asesinados, hechos por los que también alias Lucas, quien dirigía esas oficinas del parqueadero Padilla, 24 años después apenas está siendo judicializado. En cuanto a los hermanos Zapata Vanegas, estos recobraron la libertad en hechos que aún no son claros y hoy no se conoce su paradero. En los registros judiciales tampoco figuran cuentas pendientes. Dos abogados cercanos a las Auc le dijeron a este diario que esa investigación nunca avanzó y que no conocen el paradero de los hermanos Zapata Vanegas.
Aunque en el fallo el juzgado de restitución de tierras pide acompañamiento de las autoridades para que las víctimas puedan retornar a la zona, El Espectador conoció que las víctimas de despojo y desplazamiento forzado en zona rural de Montería aún guardan temor porque sigue siendo territorio dominado por los sucesores del paramilitarismo: el Clan del Golfo. Una muestra de ello es el paro armado que ejecutó este grupo criminal en mayo de 2022, luego de que el gobierno de Iván Duque extraditara a Dairo Úsuga alias Otoniel, su máximo líder, a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
El temor fue tal que varios comercios de la ciudad cerraron y hasta el alcalde prohibió el parrillero en moto durante varios días. Incluso, el equipo profesional masculino del Deportivo Independiente Medellín se abstuvo de viajar a Montería para disputar un partido de la liga contra Jaguares de Córdoba. Mientras el nuevo gobierno busca dar una solución de orden público en esta y otras zonas del país, los juzgados de restitución de tierras siguen avanzando para lograr devolver los predios que el paramilitarismo y otros grupos criminales les arrebataron a cientos de campesinos.
Por David Escobar Moreno
