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Solo cuatro votos faltaron para que el proyecto de ley para la regulación de la eutanasia en Colombia pasara su segundo debate en la Cámara de Representantes. Desde hace tres décadas, más de 15 iniciativas se han hundido en el Congreso, a pesar de que siete sentencias de la Corte Constitucional han ordenado expedir una reglamentación clara para este procedimiento. La abogada Camila Jaramillo, investigadora del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), confirma que esta derrota no cambia el procedimiento tal cual se viene aplicando. La experta critica a los congresistas que votaron en contra y que se negaron a legislar, a pesar de las constantes órdenes de la justicia.
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¿Por qué sigue siendo tan difícil regular la eutanasia vía Congreso?
La verdad, lo esperábamos. No hay nada nuevo. Desde que de despenalizó la eutanasia, hace ya 20 años, se vienen hundiendo esos proyectos de ley, lo que ha llevado a una serie de regulaciones administrativas expedidas por el Ministerio de Salud. Este tipo de proyectos de ley son complejos por el número de votos. Aunque se lograron 90, faltaron solo cuatro votos para alcanzar la mayoría. Luego, está el tema álgido de la eutanasia misma. Que va desde pronunciar esa palabra en el Congreso, hasta proponer ideas relacionadas con la reglamentación de la eutanasia en niños.
¿Qué pasará con la eutanasia en Colombia?
Seguirá. En Colombia tenemos una regulación del Ministerio de Salud de 2021 sobre la solicitud y el trámite del derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. Esa regulación nos dice cómo hacer la solicitud; a quién hacerla; qué requisitos hay que cumplir; quién está obligado a tramitar la solicitud; cuáles son las obligaciones de las clínicas, los hospitales y las EPS. Todos los actores ya tienen obligaciones. ¿Qué queremos las personas que trabajamos para garantizar este derecho? Que exista una ley. Aun así, que no la haya, tampoco quiere decir que en este momento no se garantice la eutanasia.
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Hace muchos años, la Corte Constitucional se dio cuenta de que el Congreso nunca ha cumplido con su labor y le ha ordenado al Ministerio de Salud que regule el tema hasta que los congresistas lo hagan. Llevamos décadas esperando a que eso suceda. El año pasado, la Corte Constitucional volvió a exhortar al legislativo, pero nada. Lo preocupante de que este tipo de proyectos de ley se hundan es que la sociedad termine pensando que se prohibió la eutanasia. Es cierto que se cayó la regulación por parte del Congreso, pero, en la práctica, sigue existiendo el derecho fundamental a morir dignamente. Sigue siendo un procedimiento médico y cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos puede acceder a la eutanasia.
¿Qué barreras se necesitan corregir?
Con el proyecto de ley se buscaba la actualización de la última resolución del Ministerio de Salud de 2021, porque, entre otras cosas, se sigue exigiendo que el paciente tenga una enfermedad terminal. En 2021, la Corte Constitucional eliminó ese requisito para acceder a la eutanasia. Sin embargo, como el Ministerio de Salud no ha actualizado su regulación, a pesar de que incluso la misma Corte le ha ordenado que lo haga, algunas clínicas siguen exigiendo este requisito. La realidad es que el paciente sólo debe acreditar el padecimiento de una enfermedad grave o incurable, pero no terminal. Además del consentimiento informado y padecer dolores incompatibles con la idea de una vida digna.
Las tutelas que llegan en este momento a la Corte Constitucional, solicitando la garantía para acceder a la eutanasia, son porque los comités internos de las clínicas siguen aplicando una norma desactualizada. Por ello, el Congreso tiene la obligación de sacar una ley adelante y el Ministerio de Salud también debe acatar las nuevas órdenes de la Corte. Pero no ha habido poder humano.
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¿Seguimos sin estar preparados para la conversación?
No. Yo creo que la sociedad colombiana sí está preparada y las cifras nos dicen que los colombianos sí acceden a la eutanasia. Creo que hay congresistas con creencias religiosas que capitalizan temas como la muerte digna para intereses propios de visibilización o para ganar votantes. Llegan al Congreso con argumentos sobre la sacralidad de la vida, dicen que “no van a legislar para matar”, y otros mensajes que denotan un tinte religioso. También con mentiras como que los médicos van a dejar de tratar a la gente y que le van a aplicar la eutanasia a todos los pacientes con enfermedades terminales sin su consentimiento. En realidad, pasa todo lo contrario, a través de un procedimiento que no es masivo y que no tendría por qué serlo.
También sabemos que hay médicos paliativistas que están en contra de la legislación. Los cuidados paliativos son una opción dentro del mundo de la muerte digna, pero no son obligatorios ni suficientes. Hay grupos que trabajan por expandir sus servicios y es muy importante seguirlo haciendo, pero el argumento no puede ser que solo cuando haya un acceso óptimo de estos servicios se pueda avanzar con la muerte médicamente asistida.
¿Qué datos soportan ello?
Nosotros, en DescLAB, monitoreamos el derecho a morir dignamente en Colombia y en América Latina. La recolección y análisis de cifras disponibles se logra a través de requerimientos a las autoridades y acciones judiciales para lograr el acceso a la información. Desde 2015, año en el que se reglamentó la eutanasia, y hasta 2023, se han realizado 692 eutanasias en el país. El 2023 fue el año con más eutanasias practicadas, con 271 procedimientos. Ello implicó un aumento del 49,7 % en comparación con el año anterior, en el que se registraron 181. Esto demuestra que no es un procedimiento masivo. De hecho, desde 2022 se han registrado 1.322 solicitudes. Si bien ha ido en aumento, no es desproporcionado teniendo en cuenta que somos 50 millones de personas.
¿Qué ganan los ciudadanos si el derecho mismo se regula a través del Congreso?
Es deseable que en una democracia los derechos fundamentales estén regulados a través del Congreso, porque son los congresistas las personas elegidas por todos los ciudadanos. Pero sabemos que la Corte Constitucional tiene la potestad de proteger la Constitución y proteger los derechos de todas las personas y por esto ha sido la institución que ha avanzado este derecho y, al parecer, va a seguir consolidando las reglas, porque el Congreso no ha estado a la altura de la discusión.
¿El proyecto de ley traía nuevas reglas a las que ya están reguladas y que se perdieron con el hundimiento del proyecto?
Perdimos seguir siendo pioneros en la región. Si bien somos el primer país en América que tiene una reglamentación, así sea administrativa, y está despenalizada, llevamos perdiendo muchos años para poder ser el primer país en tener una reglamentación vía legislativa. Aun así, en la práctica, no va a cambiar nada. Las eutanasias se van a seguir solicitando y los procedimientos se van a seguir aceptando si se cumplen con los requisitos. Tampoco había cambios estructurales en procedimientos. La reglamentación actual lo que hace es cumplir con la mayoría de las normas de la Corte Constitucional y este proyecto de ley hacía exactamente lo mismo. Era casi como poner lo que ya está en la última resolución, un poco más ampliada y actualizada con la jurisprudencia, por ejemplo, en el tema de consentimiento sustituto.
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Aparte de la legitimidad política, ¿por qué era importante contar con una ley?
Porque es la oportunidad de que el Congreso cumpla con la obligación que tiene y que le impuso la Corte Constitucional. Además, porque el hecho de que los reglamentos del Ministerio de Salud estén consignados en una ley tramitada en el Congreso, significa un alcance más democrático y nos da mayor seguridad a largo plazo. Pero es importante aclarar que, aunque no haya una ley, las eutanasias se van a seguir realizando. Los procedimientos activos que ya están aprobados se van a hacer. No tenemos una ley, pero el tono de la conversación y el nivel del debate es un poco mejor. Y hay una mejora en los números. Este hundimiento no es para tirar todo por la borda, porque hay congresistas que están a la altura, pero otros no.
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