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“Fue un debate de la mayor altura intelectual y jurídica”. Así catalogó el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, la discusión que se registró hace 25 años sobre el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. El jurista y ahora catedrático hizo parte de la primera Corte que le abrió la puerta a que pacientes con enfermedades terminales pudieran acceder al procedimiento de manera legal.
Aunque Hernández se apartó de la discusión y salvó su voto, en diálogo con El Espectador resaltó que los avances que ha tenido el país en esa materia son positivos. Habló sobre lo que fue la discusión hace 25 años: “Había argumentos de un lado y del otro, tanto del magistrado ponente del doctor Carlos Gaviria, como de los demás magistrados integrantes de la corporación. Allí se tuvo en cuenta de una parte el derecho a la vida, pero también el concepto de la dignidad humana de pacientes que padece dolores intensos y gran sufrimiento”.
El argumento del exmagistrado Carlos Gaviria triunfó con una votación de seis contra tres, y se dejó claro que la eutanasia se podía practicar en pacientes con enfermedades terminales, que quien debía decidir sobre el tratamiento era el médico tratante, y que hubiese una autorización previa del paciente. “Frente a la decisión, algunos magistrados salvamos nuestro voto en el entendido de que la función de decir qué es delito y que no lo es está expresamente adoptada por el Congreso”, dijo Hernández.
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Las batallas ganadas desde el Minsalud
En ese entonces, la Corte exhortó al Congreso para que regulara la eutanasia, sin embargo, tuvieron que pasar 18 años para que la eutanasia fuese una realidad. Llegó en el 2015, a través de una resolución que firmó el entonces ministro de salud Alejandro Gaviria. “Lo que hace el ministerio es expedir una resolución que, básicamente, pone claro dos puntos que son fundamentales. El primero era establecer que era para enfermos terminales entonces lo que hace el ministerio es definir cuando una persona es un enfermo terminal parametrizándolo según el tipo de enfermedad o patología. El segundo es que tena que mediar la voluntad del paciente. Cuando esas dos cosas coincidían se podía practicar el procedimiento”, dijo el exministro en diálogo con este diario.
El jefe de la cartera ministerial dijo que a su llegada a la entidad no había “ni siquiera un borrador de resolución” o una propuesta para emitir algún documento acatando la orden de la Corte. “Yo creo que era un tema que no solamente no existía en el ministerio como política pública, sino tampoco en el país. Ya con la resolución 1212 de 2015 queda en firme la orden de la Corte y digamos que empieza este camino ya con un documento sólido”, explicó Gaviria.
El exfuncionario del Gobierno de Juan Manuel Santos le dijo a este diario que en el interior del ministerio se adelantaron grandes discusiones que vincularon las diferencias que se cimentaban con los cuidados paliativos, que no son otra cosa que la calidad de vida que se le da a un paciente con enfermedades terminales. Analizaron, precisamente, que la eutanasia no se convirtiera en un sustituto de ese mecanismo. Aunque Gaviria fue pionero, así como la Corte, en darle el espaldarazo a la eutanasia, esa no fue su primera hazaña.
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En 2016, le dio vida a la resolución 4006 que crea el Comité Interno en el ministerio para hacerle seguimiento a que los procedimientos se hagan efectivos. El Comité tiene la responsabilidad de realizar un análisis exhaustivo sobre los reportes de los comités científico interdisciplinarios que hayan autorizado el mecanismo y determina que las solicitudes y peticiones relacionadas con el derecho a morir con dignidad se tramiten a través de las oficinas competentes.
Para 2018, bajo la misma administración de Gaviria se creó la resolución 825 que regula la eutanasia en menores de edad. El documento estableció que el procedimiento no puede ser practicado en niños recién nacidos y que el criterio para practicarlo deberá ser desde los 12 años en adelante. El entonces ministro dejó abierto el espacio a que un niño entre los 6 y 12 años puede acceder solo en casos especiales y tras un análisis exhaustivo de entidades de salud y especialistas.
La resolución también dejó claro que para los menores de edad entre 14 y 17 años no se requeriría autorización de los padres ya que los jóvenes serían autónomos para solicitar la eutanasia. En 2018, también llegó la resolución que reglamente parcialmente los documentos de voluntad anticipada. En ese entonces, quedó plasmado que el informe debe quedar autenticado ante un notario o el médico tratante para que posteriormente pudiera ser consultado por el galeno que hará el procedimiento.
La intención de voluntad con el pasar de los años se convirtió en un acto de mera comunicación porque para los pacientes era difícil trasladarse hasta una notaria en su condición. “Yo creo que el país ha avanzado en su jurisprudencia en tener unas reglas de juego, unas normas claramente definidas, el liderazgo de la Corte Constitucional ha sido fundamental, ha avanzado también en el cambio cultural”, resaltó sobre la eutanasia el exministro Gaviria.
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La voluntad del paciente
“Con fundamento en los valores que enmarcan mi existencia y mi entorno cultural, y las creencias e ideología que me definen como sujeto, manifiesto, de forma libre, informada e inequívoca, mi voluntad para que, en caso de enfermedad terminal, acompañada de sufrimiento determinado por mí como insoportable, se me practique el procedimiento eutanásico”. Ese es el compromiso que usted puede firmar si desea dejar clara su voluntad anticipada. La cita es parte de uno de los documentos de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que nació en 1979 y acompaña a más de 20.000 personas, quienes prevén cómo morir bajo sus reglas y condiciones de dignidad.
La fundación trajo al país preguntas fundamentales en el marco de la muerte digna. ¿Puedo elegir cómo morir? ¿Puede ser que no se alargue artificialmente mi vida? Con el tiempo, se ha caracterizado por brindar ayuda psicológica, jurídica y bioética a afiliados que desean tomar control sobre su propia muerte. Es reconocida por asesorar en documentos de voluntad anticipada, que gozan de plena validez ante el Ministerio de Salud. “Todos los afiliados de alguna manera manifiestan lo mismo cuando hacen una solicitud de voluntad anticipada: ‘no es lo mismo estar vivo que estar viviendo’”, le dijo a El Espectador Mónica Giraldo, directora ejecutiva.
Los retos que vienen
La doctora Martha Peña fue neuróloga durante años de Yolanda Chaparro, una reconocida paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que accedió a la eutanasia vía tutela a mediados de 2021. Su posición es favorable a la práctica, pues en su acompañamiento de la enfermedad crónica neurodegenerativa le resultó imposible no sentir empatía con el deseo de Chaparro. No obstante, también pone sobre la mesa que, para el médico, tal decisión significa un reto porque es un freno en seco a su gestión profesional. Sobre todo, en su campo de la medicina en el que, en su concepto, como autoridad en neurología, es indescifrable poner fechas para la muerte.
A pesar de señalar a tales divergencias, Peña cree que la academia debe avanzar en el reconocimiento pleno de la eutanasia: “Debemos saber más sobre cuidado paliativo y sobre la muerte digna a través de cualquiera de los de las estrategias. Yo pienso que al Ministerio de Salud le hace falta que se eduque más en las facultades de medicina. Que existiera una cátedra específica y casi que obligatoria para que los médicos entendamos esto y dejemos de ver barreras, así como cuando se hizo el proceso de Paz y había una cátedra de paso obligatoria en los colegios. Debe ser igual en las universidades con Ciencias de salud dentro de sus facultades”, explicó.
Por otro lado, el Ministerio de Salud todavía no entrega una nueva resolución relacionada con las nuevas reglas de la Corte Constitucional. En julio pasado, el alto tribunal amplió la eutanasia a pacientes en un estado no terminal. La cartera, entonces, deberá entregar un novedoso “abc” sobre la materia al talento humano en salud, las Instituciones Prestadoras de Salud, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y los ciudadanos en general. A ello se suma la despenalización del Suicidio Médicamente Asistido, una práctica similar, en la cual el mismo paciente causa su muerte con la ayuda del profesional.
Por otro lado, como se explica en la última sentencia de la Corte Constitucional sobre eutanasia, entre 1997 y 2021 se tramitaron en el Congreso 18 proyectos de Ley para regular el procedimiento, contando con la representación de la ciudadanía. No obstante, ningún proyecto ha tenido resultados desde el legislativo. Tal es la deuda del Congreso que la Corte, en siete oportunidades, ha exhortado a los dignatarios a deliberar y entregar resultados. En consenso, deberían legislar sobre las peticiones ciudadanas que en este cuarto de siglo han sido resueltas vía tutela o demanda ante los jueces de la Rama Judicial.
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